Víctor Hugo Lucero Montenegro www.primiciadiario.com
«Colombia es un país que se ha visto afectado históricamente por la corrupción. Por esa razón ha sido necesario impulsar reformas estructurales para combatirla», sostuvo de manera contundente el pereirano Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República, quien se ha constituido en el Personaje de Colombia durante el año 2021, como consecuencia de por su intensa labor por defender los recursos económicos de los colombianos pretendidos por la delincuencia incrustada en el Estado.
–Señor contralor, ¿cuál es la situación fiscal de Colombia en la actualidad?
–Observo con preocupación el hecho de que el déficit fiscal se aproxime al 10 por ciento del PIB, debido a la enorme presión que la pandemia. La meta de ahorro, que se había fijado inicialmente en $2 billones, a duras penas superará los $300.000 millones. Por eso el país debe empeñarse en un ejercicio de sano equilibrio entre las finanzas fiscales y el gasto social.
–¿Colombia es un país corrupto?
–Colombia es un país que se ha visto afectado históricamente por la corrupción, que es distinto. Por esa razón ha sido necesario impulsar reformas estructurales para combatirla. En el ámbito de competencias de la Contraloría, disponemos ahora de un modelo de control fiscal que nos permite hacer una vigilancia cercana y expedita al destino que se les está dando a los recursos públicos.
–¿La administración pública está permeada por la corrupción?
–Es innegable que varios sectores de la administración lo han estado. La ausencia de un verdadero control preventivo en el complejo ámbito de la contratación pública, por ejemplo, había favorecido la cultura de la corrupción. Ahora los corruptos deben saber que contamos con la fuerza del control social para anticiparnos a sus manejos.
–¿De dónde sale y si es cierta la cifra de 50 billones de pesos que anualmente van a parar a los bolsillos de los corruptos?
–Se trata de cifras y de los cálculos hechos por la academia y por algunos expertos. Pero su dimensión no debe amilanarse ni inhibirse. Yo prefiero basarme en resultados concretos que demuestran que estamos dando resultados.
Ilustro la respuesta con un ejemplo concreto: durante la vigencia revisamos más de 160.000 contratos por un valor de $11,8 billones de pesos relacionados con la atención de la pandemia. Generamos alertas preventivas de presuntos sobrecostos multimillonarios.
–¿Qué opina de la llamada «mermelada» y si las autoridades de control la han podido detectar?
–Dentro de la esfera de competencias de la Contraloría buscamos evitar, a toda costa, que sigan proliferando las mallas de contratistas que se benefician ilegalmente con la adjudicación preferencial y a dedo de negocios públicos en todos los niveles de la administración. Los recursos públicos son sagrados y no deben ser empleados ni para el pago de favores políticos ni para otro tipo de prácticas perversas.
–Hablando de Control Fiscal, ¿cuál es resultado consolidado de los juicios fiscales adelantados por el ente de control a su cargo?
–Los avances en el juzgamiento de la responsabilidad fiscal han sido enormes, como lo han sido también los procesos de cobro a los responsables fiscales para recuperar recursos que son de todos los colombianos. Ha habido una agilidad procesal que corresponde a la eficacia de las nuevas herramientas que provee el régimen de control fiscal.
–¿A cuánto asciende la suma por la apropiación indebida de los recursos públicos?
–Para evitar especulaciones que pueden resultar perniciosas, prefiero responder con casos concretos. Durante la crisis en el ámbito de la salud pública Hemos abierto más de medio centenar de procesos de responsabilidad fiscal, por indebida contratación con recursos. Hemos hecho seguimiento en tiempo real a los $67,4 billones de contratación de urgencia manifiesta y a los $40,53 billones de fuente FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias). Generamos 466 alertas por valor de $578.237 millones, que llevaron a renegociar, en mejores condiciones para la administración, contratos por miles de millones de pesos.
Durante un año, pese a la crisis generada por la pandemia, La Contraloría General de la República ha recuperado $22 billones.
–¿Se lleva una relación de las denuncias y de los responsables fiscales?
Por supuesto. Eso hace parte de nuestro deber misional. Hemos ampliado los canales para la recepción de denuncias y, observadas las garantías procesales, hemos dado curso a decisiones muy importantes. El Boletín de Responsables Fiscales, por ejemplo, es de acceso público.
—¿Se les da publicidad a estos resultados, es decir, la ciudadanía se entera de la gestión realizada y porque medio, radio, prensa o televisión?
–Ese es obligación protege el derecho fundamental a la información del cual es beneficiaria la comunidad toda. Así que a las decisiones en firme las divulgamos y enviamos a todos los medios de comunicación, tradicionales y digitales. Nuestras plataformas de información están siendo permanentemente actualizadas. Como es nuestro deber hacerlo, respondemos con eficacia y sentido de oportunidad las solicitudes de información que nos llegan.
–La academia y varios medios de comunicación lo han seleccionado por haberse destacado desde este organismo de control a poner el orden en Colombia. ¿Qué opina de esta distinción?
–Es un reconocimiento que enaltece y honra a todos los servidores de la Contraloría General de la República. A todos nos compromete a trabajar cada día con mejor disposición y mayor entusiasmo porque nos debemos a la defensa del interés general. Debemos responder a la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros.
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