Ante la emergencia sanitaria y social generada por la pandemia a nivel global, las personas en situación de discapacidad y sus familias, que ya se encontraban entre las más excluidas y vulnerables en América Latina, han visto empeorada su situación.
Así lo revela un informe de la CEPAL, titulado: “COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina”, que busca establecer una revisión concisa de las respuestas al COVID-19 en la región y analizar su alcance en relación con la protección de los derechos humanos de las personas de esta población.
De acuerdo con el Informe, los efectos de la pandemia generaron importantes retrocesos en los tímidos avances en inclusión social y el efectivo acceso a derechos de las personas en situación de discapacidad; exacerbando un número importante de inequidades y desventajas preexistentes que son parte de la experiencia cotidiana de las personas con habilidades especiales en América Latina y el Caribe.
Los escenarios más críticos durante la pandemia, y en donde se evidenciaron mayores retrocesos con respecto a años anteriores, fueron en educación, salud y empleo.
Eduardo Frontado Sánchez es Licenciado en Comunicación Social, con Mención en Comunicaciones Publicitarias, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, Venezuela. Además, tiene una Maestría como Especialista en Desarrollo Organizacional de la misma alma mater. Al nacer, fue diagnosticado con parálisis cerebral, enfermedad que no le impidió disfrutar de una vida digna y de una educación de calidad.
Según Frontado, la población en situación de discapacidad de América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a los impactos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19, debido a los desafíos estructurales preexistentes como su situación de pobreza y las profundas desigualdades que les afectan en todos los ámbitos. Por eso, fortalecer las acciones universales garantizando la visibilidad y no discriminación de la población con habilidades distintas, apalancadas en una mayor recopilación y sistematización de datos, resulta imperativo para amortiguar no solo los efectos negativos de la pandemia en esta población, sino, fundamentalmente, “para garantizar la verdadera inclusión dentro de la trama social y productiva, como único medio para lograr el bien común”.
· Educación:
Según UNICEF (2018), se estima que 7 de cada 10 niños y niñas con en situación de discapacidad no tiene acceso a la educación en América Latina y el Caribe, lo que representa 6,4 millones de niños y niñas. Un contexto que se vio fuertemente agravado por la pandemia, debido al cierre de escuelas y también a la ausencia de condiciones adecuadas para implementar programas de educación en línea.
De acuerdo con Eduardo Frontado Sánchez, experto en temas de inclusión para personas con habilidades distintas, una de las mayores barreras que dificulta el acceso a la educación por parte de esta población durante la actual crisis, es la precaria infraestructura digital con la que cuentan la mayoría de los países de la región, sumado a la falta de propuestas inclusivas en materia de educación, incluso, antes de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
“La implementación de la tecnología, acompañada de un buen programa educativo de carácter inclusivo, es la respuesta para romper esa barrera existente. Pues, en definitiva, si la tecnología para las personas mal llamadas regulares les hace la vida más fácil, para las personas en situación de discapacidad, como yo, la tecnología hace las cosas posibles”, enfatiza Frontado.
Otras de las barreras educativas que recoge el Informe son: la escasez de materiales educativos accesibles, la falta de conocimiento por parte de los docentes sobre tecnologías de apoyo para la educación inclusiva y la ausencia de adaptaciones curriculares según las necesidades educativas de los y las estudiantes en situación de discapacidad.
· Salud:
Si bien a la fecha no existen datos concretos que permitan corroborar el verdadero impacto sanitario que ha tenido la pandemia entre las personas con habilidades distintas, muchas de las preocupaciones expresadas durante este contexto por los gobiernos de la región, como, las agencias de cooperación y las organizaciones sociales vinculadas a la discapacidad, dan por hecho un empeoramiento de la situación tanto en el acceso a servicios y medicinas como en la atención ambulatoria y de rehabilitación por parte de esta población.
Una percepción que también comparte Eduardo Frontado, para quien las restricciones en materia de movilidad en América Latina han significado -más que un confinamiento obligatorio- la imposibilidad de asistir de manera presencial a terapias y otras actividades físicas y/o mentales necesarias para mantener una buena calidad de vida. “El confinamiento como tal no representa un trauma para mí, pues de hecho las personas con cualidades distintas, en la actualidad y antes de la pandemia, hemos aprendido a vivir con severas restricciones de movilidad y accesibilidad. Pero lo que sí ha agravado nuestra situación es la limitación y/o restricción en el acceso a la mayoría de los servicios sanitarios que necesitamos por miedo al contagio, específicamente, la imposibilidad de realizar nuestras rutinas de ejercicios, sesiones de terapias y otras actividades médicas recomendadas”.
· Empleo:
De acuerdo con la CEPAL, desde los primeros días de la pandemia pudo establecerse que el empleo sería una de las áreas en las que se percibirá un fuerte impacto sobre la situación de las personas en situación de discapacidad, tomando en cuenta que en general estas tienen un vínculo muy débil con el mercado laboral formal y que su frecuente inserción en el sector de servicios y en la informalidad las deja expuestas a la inmediata disminución de la demanda en casi todos los casos.
De hecho, un estudio elaborado por la firma HAYS, reveló que en 2020 la prioridad de los programas de inclusión en las empresas a nivel global cayó sustancialmente en solo dos años, pasando de un 51% en 2018 a un 45% en 2020.
En cuanto a América Latina, ellas se encuentran en una situación estructural de desventaja y enfrentan barreras que en el contexto de la pandemia dificultan aún más sus posibilidades de tener empleo, desarrollar emprendimientos o avanzar en su actividad profesional y/o productiva.
“Los confinamientos generados por la pandemia han debilitado seriamente el tejido productivo de los países de la región, generando un recorte significativo en los programas de inclusión laboral de las empresas -particularmente de las PYMES-. Sin embargo, confío en que superaremos con creces los retrasos ocasionados por el COVID-19, ya que en los últimos años, la sociedad ha podido comprobar los innumerables beneficios que conlleva vivir en un mundo cada vez más inclusivo, no solo por una cuestión de derechos universales, sino también, por un asunto de competitividad, desarrollo y crecimiento mutuo”, señala Frontado.
Aunque de manera tímida y dispar, algunos países de la región han comenzado a ensayar medidas de respuesta a la crítica situación que enfrentan sectores importantes de esta población a causa de la pérdida de las fuentes laborales y disminución de la actividad económica.En Colombia, por ejemplo, se ha procurado incluirlos en las medidas tomadas para todos los trabajadores en caso de quedar desempleados, manteniendo el acceso a salud, el ahorro previsional, subsidio familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral. (GRS-Prensa).
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