Varias organizaciones profesionales como las de los penalistas Horacio Gómez Aristizábal, Clara María Parra Albadán, y María Paula Cárdenas Gómez, apoyados en la obligación de los Estados de proteger a sus connacionales, pidieron al gobierno nacional, buscar conurgencia la repatriación mediante convenios bilaterales o multilaterales, de aproximadamente 3.000 colombianos abandonados injustamente por todos los gobiernos a su desgracia y su infortunio.
En su solicitud los abogados dicen que es una obligación del Estado velar moral y jurídicamente a todos sus ciudadanos.
“Según el Tratado de Viena, y de Estraburgo firmado por 27 países, los gobiernos se han comprometido a velar por sus ciudadanos presos en el exterior, pero no se ha cumplido, sin razón jurídica o moral válida y por lo tanto se pide que estos connacionales regresen y así restablecer la unidad familiar, que tanto predica la Constitución Nacional del 91. Esto no viola el principio de soberanía, pues la sentencia del país extranjero, se cumpliría rigurosamente en Colombia”, comentan en su misiva.
“Varias encíclicas papales y avanzadas legislaciones europeas y latinas, enarbolan la bandera de que la pena es para resocializar y no para envilecer y exterminar al condenado”, añaden los penalistas.
“Ningún condenado por serlo, pierde los derechos inherentes a la dignidad humana y por lo tanto, pedimos al gobierno y a los candidatos presidenciales, la urgente repatriación”, finalizan.
