Gravámenes tanto a organizaciones que ganen pleitos multimillonarios ante las Altas Cortes, como a los árbitros conciliadores, profesionalización en los nombramientos en la Fiscalía y solicitud para que existan planes de choque con el fin de evacuar procesos acumulados, le propusieron abogados de la Universidad La Gran Colombia a la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco.
En misiva dirigida a la titular de esa cartera, los juristas, encabezados por el penalista Horacio Gómez Aristizábal, las abogadas Gilma Guerra Herrera, Clara María Parra y María Paula Cárdenas Gómez, le comentan que el gravísimo tema de la justicia en el país, “se ha convertido en una peligrosa bomba de tiempo, por el poco o ningún interés por parte de todos los gobiernos”.
Nombramientos a dedo
“Cuando se habla de reformas se olvida el tema más candente y más apremiante, que es el de la gente del común, y todo lo focalizan a las cúpulas, en temas bizantinos, como el de eliminar la función electoral, el nepotismo, y mientras tanto, los nombramientos se hacen a dedo como ocurre con la Fiscalía, en donde 3.000 funcionarios son escogidos sin concurso de méritos”, dicen en la misiva.
Los impuestos
“Sería conveniente que se aplicara un impuesto a esas organizaciones que ganan pleitos suntuosos y esos recursos irían a promover acciones de la justicia. Sería justo que los abogados de los conflictos conciliadores también aporten a mejorar la Justicia en Colombia. En muchas oportunidades ganan sumas que ascienden a los mil o dos mil millones de pesos”, puntualizó el penalista Horacio Gómez Aristizábal.
Descongestión judicial
“Vemos con preocupación el grave problema de la acumulación de procesos. Se debería hacer como lo hacen en Argentina y México donde tienen programas llamados de Estrategia o de choque par evacuar documentaciones o pleitos que se anquilosan en los estantes”, explicó la doctora Gilma Guerra.
Sin nómina para trabajar
“Colombia tiene casi los mismos funcionarios de hace 20 años, en la base de la justicia, a pesar del aumento impresionante de población, pues hemos pasado de 25 millones de habitantes al doble. Hay despachos y fiscalías, con 300 y hasta 800 expedientes, para tramitar con carácter urgente”, explicó la abogada Clara María Parra.
“Medio año lleva la Corte dividida, pues no ha podido llenar 5 vacantes, por el inconveniente de la facultad electoral, ya que requiere votación calificada. Estos 6 meses hubiera podido dedicarse a la montaña de expedientes que llevan años y años sin resolver”, manifestó la jurista María Paula Cárdenas Gómez.
En la carta a la ministra de Justicia, una de las recomendaciones que le hacen sería la de nombrar funcionarios temporales de descongestión, “pero acudiendo principalmente a exservidores de la justicia que están pensionados y que además de su eficiencia, pueden obtener honorarios moderados”. “También catedráticos y abogados litigantes, en forma temporal, de reconocida honorabilidad e idoneidad. Sancionar las apelaciones temerarias e infundadas”, concluyen.
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