Por Claudio Ochoa
No para el tema de la casa por cárcel para todo tipo de bandidos: congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios y otras clases de afortunados. Con argumentos que van desde no representar peligro alguno para la sociedad, ser cabeza de hogar o tener problemas con la salud. Basta con poseer plata, un abogado recursivo (de esos que no tienen vergüenza en ser cómplices, más que defensores) o poner en marcha influencias ante los jueces y tribunales. Y listo.
Como que los mismos autores de los códigos y leyes se inventaron este beneficio pensando en cuando los pillaran en sus fechorías. Les ha salido bien, al punto que más de 32 mil personas (según Inpec) acusadas por algún delito disfrutan actualmente de su nueva vida en casa, finca, hospital u hotel, en la calle y en fiesta, con la debida autorización para seguir planeando otra jugada mientras “pagan” la deuda que tienen con la “justicia”.
El argumento para la tal casa por cárcel ha sido la falta de penitenciarías. Claro, si los mismos promotores de esta sinvergüencería son parte de las bandas que raponean los dineros públicos, o violan la ley, en diversidad de maneras. ¿Entonces cómo esperar que haya más y mejores reclusorios? Si el delincuente sabía lo que le esperaba para él y su familia ante la eventualidad de serle aplicada la ley, ¿qué tan ético socialmente es otorgarle beneficios por ser “cabeza de hogar”? De sobra está comprobado que todo conductor borracho es potencial agresor contra cualquier persona u objeto que se le ponga por delante, entonces ¿por qué ignorar que un perpetrador de homicidio, estando alicorado, no representa peligro para la sociedad?
¿Y qué tal los adinerados escudados en supuesta enfermedad mental o física? Muy bien, no negarles el derecho a la salud, que cuenten en reclusión con los médicos y equipos necesarios, a su costo y pago. ¿Les incomoda estar encerrados? Tiempo tuvieron de pensarlo, cuando le estaban fallando a la sociedad…
Casos de estos días como la casa por cárcel a ex gobernadores de Arauca y de Guainía, o al actual ídem del Cesar, además de numerosos ex y titulares de alcaldías, todos supuestos cosquilleros del tesoro común; el séxtuple homicidio cometido por influyente bebedor. Además de muchos episodios que llenan espacios en los medios de comunicación, acrecientan la rabia de los ciudadanos y son otro motivo para que la gente se desentienda cada vez más de los asuntos públicos.
Cuando cualquiera de nosotros lleva a cabo un delito (“acción u omisión tipificada y penada por la ley”) atenta contra la sociedad. No se necesita ser un jurista para notarlo, basta con tener sentido común y vivirlo. En justicia, todo quien comete un delito es un peligro para la sociedad, en diversos grados de letalidad. La serie de delitos no castigados, nos ha llevado al actual caos que vive el país. Entre más dinero e influencia, que no cultura o educación, menos temor por la ley.
Ante la falta de personal serio y medios tecnológicos adecuados para controlar los pasos de los privilegiados y presuntos (toca llamarlos así, presuntos) responsables de delitos, apoltronados extramuralmente, prácticamente termina imponiéndose la impunidad. Ni vergüenza le da a buena parte de ellos. No solo desaparecen los billones de pesos robados, que quedan en sus cuentas bancarias en el exterior, o en manos de testaferros. Normalmente sin castigo de parte de los nidos burocráticos falsamente llamados contralorías, las inútiles procuradurías y la desorientada fiscalía. Además, en el caso de los autodenominados hombres públicos, son sucedidos en sus cargos y curules por parientes o por amigotes de su cuadrilla, continuando el sinfín de carrusel.
En este momento de campañas ojalá algún aspirante a congresista o a presidente, algún partido o movimiento político, lideren un compromiso serio en contra de la corrompida y corruptora invención de la casa por cárcel. Situación que ni pensada cuando las cárceles eran por igual para todos. Que el castigo para funcionario por elección o por nombramiento, para cuanto contratista particular se apropia indebidamente de los dineros públicos, sea superior al aplicado a cualquier mortal, dado su mal ejemplo que cunde con mayor impacto y los daños que directamente afectan de manera grave los servicios y responsabilidades a cargo del Estado.
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