Por Coronel ® Carlos A. Velásquez R.
Las fiestas de celebración de la Independencia Nacional siempre han suscitado en quien escribe reflexiones sobre la forja de nuestra nacionalidad en un proceso continuo, aunque con altibajos a través del tiempo.
Pero en el aniversario 211, el altibajo fue sensiblemente significativo dado el ambiente de desorden, incertidumbre y muy poca esperanza en un mañana mejor que se vivió el pasado 20 de julio. No en una buena parte de los congresistas con sus efusivos aplausos al presidente, pero sí en el común de la gente como elocuente colofón de lo vivido durante los meses anteriores en todo el país. Veamos.
Por primera vez en la historia, una obligada instalación del Congreso en horas de la mañana por fobia o temor a las manifestaciones ciudadanas que llegaron al punto al que han llegado, entre otras razones, porque el presidente Duque no las afrontó escuchando los reclamos y agravios de los protestantes, o, de cualquier manera “cogiendo el toro por los cuernos” desde aquel 19 de noviembre de 2019.
El mismo día a partir del cual ha enfocado su mirada principalmente en las acciones de los “vándalos y terroristas” y nada o casi nada en los abusos y excesos de varios miembros del ESMAD, dejando en los alcaldes la responsabilidad de escuchar de los protestantes los reclamos al gobierno nacional.
Un discurso presidencial de instalación de la última legislatura, semivacío con contenidos “políticamente correctos” pero desconectado de la mitad de la realidad y por lo tanto dirigido solo a su “coalición de gobierno”, en el que, por ejemplo, invitó a la nación a “vacunarse contra el odio” mientras al mismo tiempo no podía disimular su resentimiento contra las protestas.
Es decir, contra su involuntario pero real legado: una buena parte de la ciudadanía joven harta de la violencia, que no percibe el “todo está bien” oficial, e iza la bandera al revés. Todo lo cual tuvo un emblemático epílogo en una ceremonia militar con la Fuerza Pública, símbolo por excelencia de la nacionalidad, encerrada en las instalaciones de la Escuela Militar José María Córdova, previendo quizás posibles abucheos en la calle.
Al hablar de la Fuerza Pública, no se puede pasar por alto la preocupantemente baja temperatura ética de la que viene adoleciendo una institución integrada por cuatro fuerzas legitimadas para portar las armas de la república, que precisamente por esto deben ser objeto de una mayor exigencia en sus estándares éticos de comportamiento.
Es esa baja temperatura una de las principales razones que gravita sobre la conducta de los policías que han incurrido en graves violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas. Y, claro está, sobre los militares retirados que, engañados o no, se prestaron para participar en el asesinato del presidente de Haití. Y, en forma aún más grave, en el capitán ® que se convirtió en un infiltrado de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra la vida del presidente de la República.
Al respecto y teniendo en cuenta que los militares que se retiran o son retirados después de 15 años de servicio, reciben una “asignación mensual de retiro” proveniente del presupuesto nacional, convirtiéndolos en integrantes de la “reserva activa” (¿servidores públicos?), se hace necesario reglamentar el artículo 129 de la Constitución Política que establece: “Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del gobierno”.
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