Por Eduardo Frontado Sánchez *

Como cada mes de abril en Colombia, desde su creación en el año 2001, la celebración del ‘Día del Niño’ vuelve a ser una oportunidad para reflexionar acerca de la obligación que le compete al Estado, la sociedad y las familias en general de asistir y proteger a los niños y niñas del país para promover sus derechos y garantizar su bienestar.

A pesar de que todavía existen varias amenazas que atentan contra el desarrollo integral y armónico de los niños y niñas del país, es indudable que uno de los grandes logros obtenidos en los últimos años, ha sido el incremento en la cobertura educativa (primaria y secundaria) en todo el territorio nacional, que de acuerdo con organismos internacionales como UNICEF, es del 96,4%.

Lamentablemente, el panorama es totalmente distinto cuando se trata de la población infantil con discapacidad, que enfrenta innumerables barreras a la hora de acceder a una educación digna y de calidad. De acuerdo con cifras del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DescLAB, tan solo en Bogotá, hay más de 26.800 niños y niñas con habilidades distintas excluidos de la educación regular; mientras que en ciudades como Medellín, Manizales y Pereira, las tasas de deserción escolar dentro de esta población son superiores al 8%, muy por encima del promedio nacional antes de la pandemia (2,99%).

De acuerdo con Eduardo Frontado Sánchez, experto y asesor en temas de inclusión, esta situación no solo condena a los niños y niñas a vivir una adultez de total dependencia, sino que exacerba la exclusión al restringirle a esta población desde muy temprana edad su plena participación en la sociedad y, en muchos casos, la imposibilidad de escapar a un entorno (presente o futuro) de pobreza.

“A pesar de nacer con una parálisis cerebral que me impide caminar o escribir a mano, pude acceder a una educación de calidad que me permitió desarrollarme a nivel intelectual y académico al máximo de mis capacidades y deseos. Por eso, desde mi propia existencia, intento sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de construir un mundo más inclusivo, porque la exclusión social no solo supone costos significativos para personas como yo, sino, incluso, para la civilización en su conjunto”.

“El cuarto del loco”: viviendo de forma permanente en la exclusión

De acuerdo con UNICEF, en América Latina y el Caribe viven más de 8 millones de niños y niñas menores de 14 años con discapacidad. Además, se estima que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con habilidades distintas no asisten a la escuela, y que solo 50 mil están formalmente escolarizados.

Esto quiere decir que hay, al menos, 6,5 millones de niños y adolescentes con discapacidad que no están accediendo a la educación formal en la región. Una población comparable a la totalidad de habitantes de países como El Salvador o Nicaragua.  “Desafortunadamente, en muchos de nuestros países la respuesta a la situación de niñas, niños y adolescentes con cualidades especiales se limita en términos generales al abandono, la negligencia o, en los mejores casos, a su reclusión en instituciones que muchas veces no hacen nada por su desarrollo y crecimiento intelectual”, asegura Eduardo Frontado, quien desde muy temprana edad pudo acceder a una educación de calidad junto a los demás niños de su edad, en vez de permanecer oculto y alejado del mundo exterior, en un lugar que él ha denominado como “el cuarto del loco”.

“Uno de los descubrimientos más importantes en mi vida fue constatar que personas como yo, tanto en mi país como en varios lugares del mundo, son confinadas desde que nacen a vivir prácticamente en reclusión, sin acceso a ningún tipo de educación y de vida social, y obviamente sin ninguna justificación médica, pues su existencia misma es motivo de vergüenza para su familia”, afirma Frontado.

“Esta actitud, que representa una clara violación de nuestros Derechos Humanos Fundamentales, en tanto que nos impide ejercerlos de manera digna y en igualdad de condiciones, se ve reflejada y replicada a diario en varios sectores de la sociedad, que de manera activa o pasiva, impiden el acceso y la inclusión de personas como nosotros en las diferentes actividades del día a día; manteniéndonos encerrados en una especie de ‘el cuarto del loco’, construido a partir de barreras sociales excluyentes, en lugar de paredes y muros de concreto”, añade.

Es evidente que los niños, niñas y adolescentes con habilidades distintas son uno de los grupos sociales más marginados y excluidos en América Latina, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada y sistemática. En este complejo escenario, la educación parece ser el principal asunto a resolver, pues de ella se desprenden muchos de los graves problemas que aquejan a esta población, y que no solo impiden su normal inserción en la sociedad, sino que profundizan aún más su exclusión de la misma, al no poder contar con instrumentos y/o herramientas educativas adecuadas para aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

Colombia: a mitad de camino

Sin embargo, en medio de este difícil panorama, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad ha cobrado un mayor impulso desde la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) pero, sobre todo, a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que comprometió a los países del mundo a garantizar los derechos básicos y universales de esta población.

Aunque todavía falta mucho camino por recorrer -especialmente en América Latina- países como Colombia han dado grandes pasos en los últimos años para avanzar en la cobertura educativa de esta población. El más importante de ellos, se dio en el año 2017, con la expedición del decreto 1421 que reglamentó la educación inclusiva en el territorio nacional, marcando así un hito en la historia del país. 

A través de esta reglamentación, el estado colombiano se comprometió a eliminar gradualmente las barreras existentes para que los niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes -sin discriminación alguna- puedan acceder a la oferta institucional educativa existente, cercana a su lugar de residencia, con estudiantes de su edad y de acuerdo a sus necesidades, para promover su desarrollo, aprendizaje y participación en la sociedad desde muy temprana edad.

A pesar de estos esfuerzos, todavía los obstáculos que tienen que afrontar los niños y niñas con capacidades diferentes para hacer realidad su derecho a la educación, siguen siendo considerables. Por eso, de acuerdo con Eduardo Frontado, el llamado en esta fecha que conmemora los derechos de los niños en el país, es que las autoridades y la sociedad en su conjunto tomen conciencia y actúen para eliminar las barreras que actualmente impiden que la población infantil acceda a una educación de calidad, como es su derecho.

“Esto no solo conlleva a que niños, niñas y adolescentes tengan menos probabilidades de trabajar y sean más dependientes de sus familias y de los servicios gubernamentales en su adultez, sino que, también, le impide a la sociedad crecer y desarrollarse de forma sostenible e inclusiva, al privarse ella misma de los innumerables aportes que esta población puede brindarle, por medio de una visión diferente y especial de la educación y la vida en general”, puntualiza Eduardo.

  • Eduardo Frontado Sánchez es Licenciado en Comunicación Social, con Mención en Comunicaciones Publicitarias, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, Venezuela.

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