Con derechos de petición a Iván Duque Márquez, presidente de la República, a Martha Lucía Ramírez, ministra de Relaciones Exteriores, a Juan Diego Gómez Jiménez, presidente del Senado de la República y a la Corte Suprema de Justicia, familiares de Joaquín Mario Valencia, recluido en la Institución Correccional Federal Oakdale, Luisiana, Estados Unidos, solicitaron sus intervenciones ante la situación de huelga de hambre que desde el 13 de septiembre adelanta el extraditado.
“Su motivación no es diferente a la que siempre ha esbozado en numerosos derechos de petición y tutelas ante los entes competentes como son Los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, los cuales, tienen pleno conocimiento de la Probada -no presunta – violación a los condicionamientos que Colombia hiciera al momento de su extradición”, dijo Águeda Valencia Trujillo, hermana del detenido.
Joaquín Mario Valencia está a la espera de la visita de un delegado de la embajada acompañado de un abogado de Corte Federal para que atienda y entienda la grave situación.
“Debo agradecer la intervención que muy oportunamente hizo la Corte Suprema de Justicia cuando en el año 2013 mi hermano hiciera una prolongada huelga de hambre, la cual duró desde el 1° de noviembre hasta el 4 de diciembre del mismo año, y culminó cuando conoció del exhorto de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala plena de noviembre 19 de 2013, oficio 30586”, agregó Águeda.
El exhorto al Ministerio de Justicia conminó (…) “a efectos de que se verifique e informe oportunamente a la peticionaria sobre el cumplimiento por la autoridad extranjera de los condicionamientos impuestos para la entrega del ciudadano colombiano y, en caso de que los mismos no se hayan acatado, las gestiones realizadas y los resultadas obtenidos”.
Debido a esto, el resultado de una consulta mediante un cuestionario que hicieran los ministerios a la firma de abogados Valrom Consulting Services de los EU, arrojó que efectivamente se habían dado las violaciones y cuál debía ser el proceder del Gobierno colombiano, entre otras, emitir una nota oficial de protesta.
“Sin embargo, y pese a las pruebas obtenidas, en 2014 se emitieron notas diplomáticas al gobierno norteamericano basadas en las respuestas del cuestionario resuelto por la firma de abogados, reseñando las violaciones ya probadas, repito, no presuntas, pero aun así no emiten la nota oficial de protesta, -que no es una declaratoria de guerra-, sino el único alivio para abrir el caso en los Estados Unidos para su revisión. Es lo que exigen las cortes norteamericanas, porque solo Colombia tiene derecho -standing- para reclamar la violación. Esto contrario a las frecuentes respuestas de los Ministerio que, mi hermano debe acudir a las instancias en los EU, imposible, ya fueron todas agotadas”, explicó Agueda Valencia.
“La evidente violación continuaba. Lograda una resentencia en 13 de diciembre de 2017, para la que pedimos asistencia consular para evitar nuevamente se continuaran violando sus derechos, no fue acompañado. El Fiscal del caso ratificó su violación cuando admitió en la Corte que, los actos predicados 9 a 28 se agregaron después que el extraditado llegó a los EU, obviamente reconoció que no fueron conocidos por nuestra Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Lo único que abriría el caso para reclamar las violaciones a la Regla De Especialidad, es la Nota oficial de Protesta de Colombia. De otra manera la vida de mi hermano continúa en riesgo, no hay otro camino.
HISTORIA
“Desde el 31 de enero de 2003, cuando le notificaron la solicitud de extradición, hasta el 18 de marzo de 2004, que fue extraditado, guardó la esperanza de ser escuchado y demostrar que lo requerían por hechos que no habían sucedido y por situaciones, que, si sucedieron, pero que él no tenía nada que ver con ellos”, señaló Agueda.
Complementó que las autoridades colombianas no permitieron o no quisieron valorar las pruebas documentadas, donde estaba claro que los hechos por los que lo acusaron no eran de su autoría. Simplemente dijeron que esas pruebas las podía utilizar para probar su inocencia en la Corte de Estados Unidos.
“En su juicio se han cometido toda clase de arbitrariedades y se ha solicitado a las entidades encargadas en Colombia, como lo ordena la Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y el artículo 189.2 Constitucional, mediante el aporte de todas las pruebas, para que obren conforme la ley y como de manera reiterada mediante pronunciamientos de la CSJ y la Corte Constitucional han dejado tácito en su jurisprudencia del alcance que la Constitución tiene para salvaguardar los derechos fundamentales de los connacionales aun cuando se encuentren presos en el exterior”, solicitó Águeda.
Ante esta situación, Joaquín Mario determinó comenzar otra huelga de hambre el pasado 13 de septiembre y llegar hasta las últimas consecuencias si las entidades colombianas no dan una razón a su trámite.
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