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Así lo considera el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

“Esta es una nueva justificación del presidente, porque la realidad es que hubo muchas voces críticas hacia este proceso, entre las que se destacan las de representantes de distintas academias y la posición de arqueólogos de la Unesco, en el sentido de considerar la propuesta del Gobierno como un ‘crimen arqueológico’”, puntualizó el docente.

No obstante, dado que, durante el anuncio de este lunes, el jefe de Estado insistió en que el proceso llevado a cabo hasta ahora “fue el resultado de la constitución de un equipo científico de las más altas calidades”, el profesor Rengifo subrayó que el Gobierno parecía empeñado en hacer oídos sordos a cualquier sugerencia que cuestionara los múltiples reparos formulados hasta la fecha.

“Vender y comercializar parte de lo que hay en el naufragio no se corresponde con los estándares de la arqueología, como lo hemos manifestado a través de diversos comunicados emitidos por el grupo interdisciplinario conformado en la U.N.”, explicó el profesor Rengifo.

Pese a la insistencia por parte del Gobierno nacional respecto a que la asociación público privada (APP) para el rescate de la embarcación cuenta con amplio respaldo científico, sectores de la academia insisten en la necesidad de replantear el proceso.

Profesor Rengigo. Foto Agencia UN.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UNA ALTERNATIVA

Para el profesor Rengifo, una posible alternativa para financiar una expedición de semejante envergadura sería contar con la participación de diversos Gobiernos y de sus respectivas instituciones académicas.

La fórmula, contemplada en múltiples tratados internacionales, no solo permitiría que el proyecto cuente con expertos de diversas disciplinas, sino que países con los suficientes recursos económicos contribuyan a sufragar los cuantiosos gastos de esta empresa.

Por su valor arqueológico, histórico y científico cualquier país con un desarrollo similar al de Colombia estaría interesado en formar parte de las labores de rescate, hecho que no le debería preocupar al Gobierno, siempre y cuando decida concentrar sus nuevos esfuerzos en concretar estas alianzas.

PATRIMONIO CULTURAL

Como se recordará, el pasado 14 de junio representantes de diversas instituciones académicas suscribieron un comunicado en el que solicitaban la suspensión inmediata de la APP para llevar a cabo el rescate del galeón, considerado como un bien patrimonial de interés científico, histórico, cultural y arqueológico para la Colombia y para la humanidad.

“El galeón San José constituye parte del patrimonio cultural sumergido de la nación, y por consiguiente tiene un carácter inembargable e imprescriptible”, manifestó en su momento el profesor José Vicente Rodríguez, del Departamento de Antropología de la U.N. y uno de los firmantes del documento.

La APP que pretendía llevar a cabo el Gobierno abría la posibilidad de comercializar objetos que se encuentran en el yacimiento arqueológico submarino, que desde el punto de vista antropológico y arqueológico forman parte del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad, cuestionó en su momento Consuelo de Vengoechea, directora del Departamento de Antropología de la U.N.

DOS ESCENARIOS

La decisión adoptada por el Gobierno ha quedado sometida al fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el que hasta ahora se presentan dos escenarios posibles: descartar el rescate del galeón a través de la APP, o autorizar al Gobierno a emprender la controvertida Asociación, según la cual la compañía que emprenda esta operación podría quedarse hasta con el 50 % del patrimonio sumergido.

No obstante, puesto que el fallo del Tribunal podría ser apelado, y la situación durante los próximos meses continuará siendo compleja e inconveniente, el profesor Rengifo formuló un nuevo llamado tanto a la serenidad como a un análisis más juicioso y detallado de los pros y los contras que tendría esta medida por parte del presidente electo, Iván Duque.

 

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