Alertan por el limbo institucional y la crisis humanitaria en la Nueva EPS

Pacientes Colombia advierte que la situación de la Nueva EPS se ha convertido en uno de los rostros más graves de la crisis humanitaria en salud que vive el país.

Ocurre con millones de afiliados atrapados entre demoras, barreras de acceso y un limbo jurídico tras el vencimiento de la prórroga de intervención sin que exista claridad sobre quién toma hoy las decisiones en la entidad.

A esto se suma la ausencia de información financiera actualizada y la falta de respuestas de fondo por parte del Gobierno nacional.

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud las reclamaciones por falta de servicios y medicamentos son cercanas a los 2,3 millones.

Mientras que, en cifras de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y julio de 2025 se registraron cerca de 295.000 reclamos, y para 2025 la cifra total superó las 518.000 quejas contra la Nueva EPS, un aumento del 107 % frente al año anterior, con cerca de 5.000 reclamos de pacientes de alto costo entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Paralelamente, diferentes informes y denuncias públicas han documentado muertes de personas que esperaban medicamentos o procedimientos, así como filas de más de ocho horas para reclamar fórmulas y una reducción sostenida en la disponibilidad de medicamentos esenciales.

La preocupación se agrava por la opacidad financiera: la Contraloría General ha señalado que no existe información pública reciente sobre los estados financieros de la Nueva EPS, cuyos últimos reportes corresponden al primer semestre de 2024, pese a tratarse de la aseguradora más grande del sistema, con alrededor de 11,5 millones de afiliados.

Aunque la Superintendencia de Salud prorrogó la intervención forzosa administrativa por incumplimientos normativos financieros y fallas en la prestación de servicios, ese esquema se venció hace dos semanas y hoy no hay claridad sobre la autoridad responsable ni sobre el manejo de los recursos públicos que sostienen la entidad.

“¿Qué pretende hacer el Gobierno con la Nueva EPS? ¿Levantar la intervención, mantenerla en un limbo o simplemente dejar que se deteriore mientras los pacientes siguen sin medicamentos y sin citas? ¿Ante el anuncio de Petro de liquidar las EPS, están preparando la Nueva EPS para recibir esos afiliados?

“La opinión pública tiene derecho a saber si la entidad está saneada financieramente, por qué no se han presentado estados financieros completos desde que fue intervenida y qué está pasando con los recursos del sistema de salud que deberían estar protegiendo vidas, no engrosando listas de espera ni estadísticas de fallecidos”, cuestionó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Adicionalmente, La señora Claudia Naranjo, contratista de la Defensoría del Pueblo, realizó graves afirmaciones sobre la actual gestión del sistema de salud, al señalar que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) serían suficientes.

Pacientes Colombia  cuestiona entonces el destino de los dineros administrados por las ocho EPS intervenidas por el Gobierno, las cuales, no están atendiendo a los pacientes, no están pagando a la red prestadora y están permitiendo que los usuarios mueran sin atención oportuna.

Asimismo, el movimiento de la sociedad civil cuestiona el actuar de la Superintendencia Nacional de Salud, al afirmar que no cumple de manera imparcial con sus funciones de inspección, vigilancia y control, pues a las EPS intervenidas no se les estaría auditando ni supervisando de manera efectiva.

Finalmente, recordó que desde hace más de dos años el Gobierno administra el 51 % del sistema de salud y planteó una pregunta de fondo: si los recursos son suficientes, ¿qué se está haciendo con esos dineros públicos y quién está respondiendo por su presunta desviación o mal uso?

Pacientes Colombia se pregunta además por el silencio político frente a esta realidad:

¿por qué las candidaturas que hoy recorren el país no están exigiendo decisiones claras al Gobierno sobre el futuro de la Nueva EPS y la protección inmediata de sus afiliados?, ¿cómo es posible que una entidad de este tamaño permanezca sin un representante legal definido y sin un plan público de contingencia mientras millones de usuarios dependen de su continuidad en tratamientos críticos? Para el movimiento, estos interrogantes no pueden seguir sin respuesta en un contexto de crisis estructural del sistema de salud.

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