Alto Comisionado de ONU denuncia el deterioro de los derechos humanos en Venezuela

La Oficina de Derechos Humanos expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela. Durante el último año, se documentaron detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y denuncias de tortura y malos tratos.

En el contexto de las elecciones parlamentarias y regionales celebradas hace un mes, las autoridades venezolanas detuvieron a unas 70 personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusados de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, numerosas personas siguen detenidas, aunque al menos 1500 han sido liberadas condicionalmente. La Oficina documentó 32 casos de tortura y malos tratos en detención, 15 adolescentes entre ellos. Además, 28 personas fueron desaparecidas forzadamente, doce de ellas extranjeras sin acceso a asistencia consular.

“A la luz de los desafíos persistentes para los derechos humanos en Venezuela, insto a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Hago un llamado a que cesen de inmediato las desapariciones forzadas y las detenciones incomunicadas, y que se otorgue asistencia consular a los ciudadanos extranjeros detenidos”, dijo el Alto Comisionado presentado su informe al Consejo de Derechos Humanos.

Volker Türk también pidió el levantamiento de las “amplias sanciones sectoriales” y reiteró su llamado a Estados Unidos a frenar las deportaciones de venezolanos y garantizar el debido proceso

“Aunque está fuera del alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos también sufren debido a la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos que han sido deportados desde Estados Unidos”, dijo. “Reitero mi llamado al Gobierno de Estados Unidos a garantizar el cumplimiento del debido proceso, a implementar los fallos de sus tribunales, a salvaguardar los derechos de los niños y a detener la deportación de cualquier persona a un país donde corra el riesgo de sufrir daños irreparables”.

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