¿Qué pasa con los datos en la era de la inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta que hoy preocupa a ciudadanos, empresas y gobiernos, y que ya empieza a mover la agenda legislativa. Mientras la IA abre oportunidades inéditas, también multiplica las dudas sobre cómo se procesa y protege la información personal, al punto de que países como Colombia avanzan en nuevas normas para enfrentar riesgos que hace apenas unos años no existían.
El punto de partida es entender que no existe una sola IA, sino que los casos de uso son variados y la operación de tecnologías que aplican la IA es diferente. Un asistente virtual no recopila lo mismo que un algoritmo de diagnóstico médico o un sistema de reconocimiento facial. En algunos casos hablamos de datos básicos como nombre, correo electrónico o dirección; en otros, de patrones de navegación, historial de consumo, ubicación geográfica o metadatos de interacción; y en los más sensibles, de información médica o biométrica como frecuencia cardiaca, peso o huellas faciales.
En Colombia, la protección de datos personales está respaldada por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y las instrucciones que sobre el particular ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio, normas que aplican sin importar la tecnología utilizada. De acuerdo con Lorenzo Villegas, socio de CMS Rodríguez-Azuero, “en Colombia avanza la discusión del Proyecto de Ley Unificado de Inteligencia Artificial, una iniciativa del gobierno nacional que busca establecer un marco integral para el uso de estas tecnologías, con especial atención en la protección de datos sensibles como la voz, la imagen y la biometría.”.
A este esfuerzo se suma la Circular Externa 002 de 2024, diseñada para establecer instrucciones sobre el tratamiento de datos personales en sistemas que implementan IA. La norma exige a las organizaciones realizar evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas, garantiza que el consentimiento de los usuarios sea informado, y prohíbe el uso de datos sensibles sin autorización expresa. Con estas medidas, Colombia buscaría blindar la privacidad en un entorno donde la información se procesa a una velocidad y escala sin precedentes.
Este debate no es exclusivo del país. A nivel internacional, el Consejo de Europa abrió a firma en 2024 el primer tratado vinculante sobre inteligencia artificial y derechos humanos. En paralelo, India discute reformas para enfrentar los deepfakes y regular plataformas digitales, mientras que el Reino Unido avanza en propuestas para controlar el uso de tecnologías biométricas como el reconocimiento facial. En América Latina, Brasil y Chile también actualizan sus marcos legales, enfocándose en el impacto de la IA en sectores sensibles como la salud y las finanzas.
Sin perjuicio de la regulación nacional y extranjera, el uso masivo de datos en internet, los deepfakes, contenidos falsos creados con IA que pueden suplantar identidades, y la falta de claridad sobre cómo toman decisiones los sistemas que aplican IA, son riesgos que persisten. “Estos posibles riesgos en todo caso están sujetos a medidas de mitigación efectivas que se concretan en el cumplimiento de la ley local sobre protección de datos, y las iniciativas de autorregulación de cada empresa” explicó Villegas.
En este escenario, las empresas tienen un rol clave. Ya no basta con cumplir la norma, ahora se espera que adopten principios de transparencia, seguridad y no discriminación. En un entorno donde la confianza es un activo, aquellas que implementen estándares internacionales estarán mejor preparadas para un futuro regulatorio más estricto.
El desafío central es claro, se deben crear reglas que protejan los derechos sin frenar la innovación. En la era digital, la privacidad no puede darse por sentada; requiere normas sólidas, vigilancia constante y un compromiso ético firme para preservar lo más valioso: la confianza.
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