Ante la reciente situación de intento de censura, el CPB rechazó la maniobra que viola la Constitución Nacional y en especial el artículo 20.
ESTE ES EL COMUNICADO DEL CPB
El Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, declara la alerta máxima de la prensa colombiana en general ante el nuevo intento del Gobierno de Gustavo Petro de imponer una peligrosa censura a los medios de comunicación que difundan informaciones que no se plieguen a los intereses políticos o económicos de la Administración de la Casa de Nariño.
Desde hoy, sobre Colombia se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de prensa. Nuestra denuncia está basada en una comunicación oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones enviada todos los medios de comunicación (radio, prensa, televisión) en la que de manera perentoria, so pena de severas sanciones, les exige entregarle al Gobierno “informaciones sobre las políticas internas, directrices o prácticas que aplica (el canal) para garantizar que la información difundida en los espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera simultánea con los criterios (del Gobierno) sobre imparcialidad y objetividad” .
En el documento oficial, de manera ilegal, descarada y en abierta violación de la Constitución Política de Colombia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las normas de la Organización de Estados Americanos, OEA y de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones exige a los medios de comunicación que le “entreguen información inmediata sobre los mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información ANTES DE SU EMISIÓN”. Adicionalmente, la Comisión oficial le exige a los medios de comunicación “que revele si se han adelantado actividades de capacitación para el personal de periodistas, LOS MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN, DESIGNACIÓN DE VEEDORES INTERNOS O EXTERNOS O CUALQUIER OTRA ACCION PREVENTIVA que fortalezca el cumplimiento”.
Como si lo anterior fuera poco, el Gobierno del Presidente Petro abunda en sus exigencias de censura a la prensa al exigirle a los medios de comunicación que le entreguen documentos internos como manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales que orientan la emisión de los contenidos periodísticos”.
La Casa de Nariño, sin ningún pudor y pasando por encima de la Constitución Política, le exige a los medios de comunicación que “describan como se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de los temas, fuentes y enfoques” Y como si fuera poco, igualmente el Gobierno le exige a los medios de comunicación la entrega, en el término de los próximo diez días, “de los soportes documentales de las reuniones, comités o consejos de redacción que dan cuenta de estas decisiones”.
El Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, advierte que estas pretensiones de censura, disfrazadas de discursos moralistas o de ataques selectivos contra periodistas críticos, amenazan con asfixiar el derecho ciudadano a estar informado. No se trata solo de un pulso entre el poder y los medios, se trata de la absoluta defensa del derecho inalienable a la libertad de informar y ser informado.
Hoy, más que nunca la libertad de prensa en Colombia atraviesa por un momento crítico, amenazada por los discursos de odio, estigmatización y presiones políticas que buscan acallar las voces incómodas al poder.
El CPB advierte que atacar al periodismo es debilitar la democracia misma, pues sin prensa libre no hay control ciudadano ni transparencia pública. Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI se pretenda silenciar a los medios o intimidar a los periodistas por cumplir con su deber: informar con independencia, denunciar la corrupción y dar voz a quienes no la tienen.
Rechazamos de manera enfática cualquier intento de coartar el ejercicio periodístico, venga de donde venga. La prensa no es enemiga del Estado ni de la sociedad, es su conciencia crítica. Defenderla no es un privilegio de los periodistas, sino una obligación de todos los ciudadanos que creen en la verdad, la justicia y el derecho a estar informados. Callar ante las amenazas equivale a renunciar a la libertad, y en Colombia esa renuncia no puede ni debe tener cabida.
José María Bolaño de la Hoz
Presidente
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