El trabajo formal es el motor del desarrollo social; sin embargo, Colombia afronta un escenario desafiante donde la mayoría opera en la informalidad. Las personas con este tipo de empleos cargan con la imposibilidad de acceder a salud de calidad o de aspirar a una pensión, una realidad que incide directamente en la pobreza y resulta insostenible a futuro. Estas dinámicas fueron el foco del último capítulo del podcast de Posse Herrera Ruiz, donde se dialogó sobre el tema con Juan Antonio Padilla, asociado de la firma en derecho laboral.
Durante el espacio se abordó la estadística del DANE que sitúa la informalidad nacional en un 55%, una realidad que obedece a la ausencia de aportes a pensiones, salud y riesgos profesionales, y que, en la práctica, desprotege a más de la mitad de la población ante contingencias o el retiro, trasladando los costos médicos al financiamiento del régimen subsidiado.
A partir de entonces, se explica cómo las intenciones de ciertas políticas públicas a veces causan efectos adversos. Un empleado formal representa entre un 35% y un 40% adicional al salario por aportes, lo que implica que, cuando estos costos exceden la productividad marginal, la contratación bajo normativas vigentes resulta inviable económicamente para los distintos empleadores.
Asimismo, la sobrerregulación en despidos y figuras como la estabilidad laboral reforzada entran a jugar un papel importante. Estos mecanismos, creados para amparar a personas con fueros de salud o sindicales, encarecen la nómina, ya que, al perderse la proporción entre costo y beneficio para quien emplea, la brecha al empleo regulado crece, impidiendo que el informal ingrese al sistema.
Ante este panorama, Juan Antonio propone abandonar la visión que asume una enemistad natural entre empresa y trabajador, planteando puntos de encuentro entre ambas partes: “Tenemos que entender primero que los intereses de los trabajadores y de los empleadores pueden ir hacia el mismo destino. Las relaciones laborales no tienen por qué ser confrontativas.”.
Se concluye entonces que se debe reflexionar sobre la necesidad de que la regulación madure para evaluar sus resultados. El crecimiento económico latinoamericano depende inmensamente de aprovechar el factor trabajo, por lo que una política realista, que incentive a las compañías y asegure a los empleados simultáneamente, representa la herramienta correcta para construir un entorno laboral productivo para el país.
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