El aumento de la esperanza de vida es un avance social importante para el país, pero para el sistema general de pensiones es un desafío porque las personas recibirán prestaciones durante un tiempo más prolongado.
De acuerdo con Diego Alejandro Esguerra, actuario colombiano, prevé que, teniendo en cuenta el aumento del promedio de vida de los colombianos, el gasto social en pensiones pasaría de aproximadamente 6,09% del PIB en 2026 a 7,46% del PIB en 2044, cifras que representan el pasar de 70 billones en 2026 a 103 billones en 2044.
“El efecto específico de la longevidad se observa principalmente en que las pensiones y rentas vitalicias deben pagarse durante más tiempo, aumentando el valor presente de las obligaciones y las necesidades de subsidio por parte del Estado”, advierte Esguerra.
No obstante, aclara que asociar está cifra únicamente al costo de vivir más (Riesgo de Longevidad) sería un sesgo puesto que estás proyecciones podrían considerar otros factores sociales y económicos implícitos, así como también los parámetros que trae la Ley 2381 de 2024.
El cambio demográfico colombiano está ocurriendo por dos vías simultáneas: las personas viven más y nacen menos niños, lo que significa que, en las próximas décadas, habrá proporcionalmente menos personas en edad de trabajar para sostener a una población adulta mayor cada vez más numerosa.
De hecho, un estudio del Banco de la República advierte que este proceso tendrá efectos sobre las pensiones, la salud, los cuidados de largo plazo y los ingresos fiscales; lo que generará una presión creciente sobre las finanzas públicas y una ampliación del déficit fiscal hacia las próximas décadas.
El Emisor calculó, bajo las reglas pensionales analizadas, que una mayor longevidad podría incrementar el gasto fiscal en aproximadamente 0,3% del PIB en promedio anual. Puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es cuando se acumula durante décadas.
En ese sentido la Asociación Colombiana de Actuarios (ACA) explica que la longevidad no puede analizarse solamente desde la política pública, también requiere cálculos actuariales que involucran variables como esperanza de vida, mortalidad, comportamiento de los cotizantes, tasas de interés, inflación, crecimiento económico y probabilidad de supervivencia, entre otros.
Ante este panorama surge la pregunta ¿cuánto dinero necesita el país para cumplir una promesa como la generada con la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) durante los próximos 20, 30 ó 40 años?
“El desafío para Colombia no es evitar que sus ciudadanos vivan más sino lograr que el país pueda financiar dignamente esos años adicionales de vida sin trasladar una cuenta imposible de pagar a las próximas generaciones”, puntualizó Andrés Vesga Mahecha, presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Actuarios (ACA)
El IX Simposio Internacional de Actuaría, que se realizará del 14 al 17 de octubre en Bogotá y reunirá a más de 250 actuarios y profesionales del riesgo de Colombia y la región, pondrá este debate en el centro de la conversación profesional: cómo anticipar los riesgos derivados de una población que envejece y cómo utilizar la información, la ciencia actuarial y nuevas herramientas para tomar mejores decisiones.
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