Licor adulterado en Barranquilla: una tragedia que exige acción integral contra el mercado ilegal

La muerte de trece personas en Barranquilla debido a la ingesta de licor adulterado puso, de nuevo, sobre la mesa la urgencia de una problemática que amenaza la vida de los consumidores y fortalece la economía ilegal. Expertos y autoridades coinciden: no solo se trata de prohibición, es preciso equilibrar impuestos, prevención y seguridad.

Un adulto mayor de 75 años fue la víctima número trece de una toma colectiva de ‘cococho’ un tipo de alcohol artesanal fabricado sin las mínimas normas de cuidado y salubridad. Luego de esta ola de muertes, autoridades y expertos advierten que el mercado del licor adulterado es una amenaza directa a la vida de los consumidores y una fuente de dinero que fortalece el crimen organizado.

Este licor -vendido en botellas plásticas, usualmente sin etiqueta, a precios mínimos- contiene cantidades elevadas de metanol, una sustancia industrial de alta toxicidad que, según el Ministerio de Salud, puede generar desde daños graves como la ceguera, hasta la muerte. En el más reciente caso de Barranquilla, la letalidad alcanza un 70% de todos los afectados.

Aunque  recientemente la Policía Metropolitana  llevó a cabo varios operativos donde se desmantelaron fábricas clandestinas y se incautaron varias botellas del licor, la problemática se convirtió en un tema extendido: en el primer semestre de 2025 se decomisaron 175.000 unidades de alcohol ilegal.

Según el  General (R) Juan Carlos Buitrago, exdirector de POLFA y coordinador de la Estrategia Triángulos para LATAM & Caribe contra el comercio ilegal, la adulteración y el contrabando de licores ya no están en manos de redes menores, de hecho, estos pasaron a la órbita del crimen organizado. Estas estructuras que obtienen hasta el 400 % de lucro vendiendo este tipo de alcoholes tienen en la actualidad un amplio alcance, “operan con financiamiento estructurado, vastas redes de comercialización e incluso con el uso de intimidación armada para controlar sus territorios”.  De ahí que es  indispensable la creación e implementación de mediciones de magnitud de riesgo  para reconocer y tratar esta problemática.

Aunque el Gobierno propone elevar el impuesto a los licores, expertos previenen sobre esta iniciativa ya que podría terminar impulsando la demanda hacia el licor de bajo costo. De acuerdo con Daniel Rico, Director de C-Análisis, firma especializada en el estudio de economías criminales, el incremento en los impuestos no es una solución definitiva, “el mercado no se comporta de esta manera. Por esto, en el congreso las reformas a los sectores sensibles de alta ilegalidad, deben tomarse con base en evidencias, no con intuición o improvisación”.

 Ante este panorama, se recomienda una respuesta integral para combatir este problema. “El camino correcto no son las reformas tributarias aisladas, sino la coherencia entre el marco fiscal, los objetivos de salud pública, la priorización en la agenda de seguridad local y las acciones aduaneras contundentes”.

Una mejor fiscalización se vuelve clave reforzando los controles en fronteras, carreteras y establecimientos, y al mismo tiempo se apliquen sanciones ejemplares a los reincidentes, al igual que  se lleve a cabo una revisión tributaria que permita moderar los impuestos del licor legal de forma que su precio no incentive el mercado negro. Por otra parte, es importante el control de las materias primas importadas como el metanol o el etanol no desnaturalizado para dificultar la producción clandestina.

Del mismo modo es vital fomentar las campañas informativas y pedagógicas para el público donde se alerten sobre los inminentes riesgos de consumir este tipo de bebidas. No basta con invitar a comprar en establecimientos de confianza, sino crear consciencia de que consumir este tipo de alcohol sacrifica la salud.

“Hasta que el país no cuente con una estrategia integral contra el licor ilegal donde se cohesionen las acciones de policía judicial, las investigaciones penales con la inteligencia operativa, las alertas urgentes de los centros de salud, los controles aduaneros y la coherencia tributaria que se empezará a discutir en el Congreso las próximas semanas, la  historia se repetirá, y seguiremos contando más víctimas fatales en las calles de Colombia”, dice Rico.

La tragedia de Barranquilla es un llamado urgente a actuar en todos los niveles del Estado. Si no se toman estas medidas y además se piensa en subir el costo final de los licores, “cada nuevo impuesto podría traducirse en más víctimas de la toxicidad del metanol u otros alcoholes ilegales”, concluye Rico.

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