Por coronel (r ) Carlos Alfonso Velásquez
El presidente electo Abelardo De la Espriella se posesionará en Cali rompiendo con una tradición republicana de Colombia, una nación que continúa reconociendo la legitimidad de la institución presidencial, pese a la huella dejada por algunas personas, como Gustavo Petro, que han ejercido el cargo sin honrarlo.
¿Cuál es la verdadera intención de la ruptura? La respuesta queda en el fuero interno de De la Espriella. De cualquier manera, los argumentos planteados públicamente para sustentar o criticarla no se han relacionado directamente con el legítimo fortalecimiento de la institución presidencial. Para quienes hoy están en el poder resulta cuanto menos inconsistente pretender dar lecciones de austeridad refiriéndose a la posesión del nuevo presidente, después de cuatro años de un derroche gubernamental sin mayor pudor. Mal puede erigirse en custodio de la mesura fiscal quien gastó sin freno mientras gobernó. Pero la advertencia corre también para quienes estuvieron en la oposición y para el propio gobierno entrante pues convertir el sitio de una posesión en trofeo simbólico, en gesto de revancha o de afirmación de poder, es una perspectiva que nubla la lógica institucional que debería ser la prevalente,
Ahora bien, aunque acertadamente se descartó la ceremonia de posesión presidencial en una instalación militar, hay que aclarar una cuestión: que un cuartel sea el escenario para la posesión de un nuevo presidente no le hace falta ni a la institucionalidad ni al honor castrense. Verdadero homenaje se le hace a las FF.MM. con algo bastante más sobrio y, por eso mismo, más exigente: respetar sus reglamentos y símbolos. El saludo militar realizado con propiedad reglamentaria, el respeto a su jerarquía, la sobriedad de su liturgia institucional, tienen mucho más valor que cualquier escenografía. Quien confunde homenaje con espectáculo termina, sin proponérselo, degradando aquello que dice honrar.
Lo cierto es que el verdadero debate no es geográfico sino institucional: se trata de respetar el carácter estatal y no gubernamental, de nuestras FF.MM., su condición de instrumento de todos los colombianos y no de utilería disponible para la voluntad del gobernante de turno. Esa lección no es nueva ni exclusiva de un solo signo político. El propio presidente Gustavo Petro, incurrió repetidamente en el mismo error durante su mandato, utilizando actos y símbolos castrenses como plataforma de su propio relato político. La Fuerza Pública no es de quien gobierna; es de la Nación, y esa distinción —tan elemental como olvidada— debería bastar para zanjar cualquier controversia.
Hoy día hay una tarea histórica que corresponde cumplir, en primer lugar, a las propias FF.MM. Ningún gobierno, ningún partido político, ningún liderazgo político circunstancial y transitorio, pueden asumir esa responsabilidad en su nombre. El honor militar solo puede ser protegido por quienes visten el uniforme y comprenden que la lealtad suprema no se debe a un gobernante de turno, ni a un partido político, sino a la Constitución, a la Nación y al pueblo colombiano, su razón de ser y existir.
Las FF.MM. han ido recorriendo un camino para recuperar la legitimidad que durante décadas fue erosionada por su instrumentalización en conflictos y prácticas que terminaron degradando su misión constitucional, su honor y su fin. El país ha reconocido el sacrificio de miles de soldados, suboficiales y oficiales que entregaron su vida en defensa del Estado, de la institucionalidad democrática y del pueblo. Sin embargo, también ha reconocido episodios que dejaron profundas heridas en la conciencia nacional y que no pueden ser ni negados ni relativizados, ni revictimizados.
La historia reciente demuestra que cuando las instituciones armadas permiten que intereses políticos, económicos o ideológicos sustituyan el mandato constitucional, el honor militar comienza a deteriorarse y la institución castrense pierde su esencia pues termina enfrentando a aquellos que juró proteger. Tampoco la dignidad militar puede ser utilizada como escudo para impedir el examen crítico de la historia. Una institución fuerte no es aquella que oculta sus errores, sino aquella que los reconoce, aprende de ellos, los corrige y construye garantías para que jamás vuelvan a repetirse. El verdadero honor no consiste en negar las responsabilidades, consiste en impedir que se sigan repitiendo los errores.
Las FF.MM. están llamadas a custodiar la Constitución Política y la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de todos los colombianos sin distinción alguna. Ese mandato constitucional constituye su mayor patrimonio y su principal fuente de legitimidad; y en esencia su HONOR.
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