Mediante este procedimiento quirúrgico se construyen puentes desde otras arterias para generar un flujo mayor de sangre a la parte del corazón afectada. Foto: Unimedios

La mortalidad de la población colombiana perteneciente al régimen contributivo a causa de procedimientos operatorios, tales como la revascularización miocárdica, estaría siendo superior a la meta internacional de tener menos del 1 % de mortalidad en estos casos.

“Aunque hasta el momento no sabemos cuántos pacientes mueren, cuántos son operados o cuál es el procedimiento que más se realiza en las cirugías de corazón, al comparar la tasa de mortalidad con la registrada en otros países como Estados Unidos (2,1 %), Colombia registra casi el doble (3,7 %), lo que debería despertar las alertas”.

Así lo menciona una investigación dirigida a evaluar cómo se comporta la enfermedad cardiovascular en el país y sus desenlaces, adelantada por el médico Andrés Felipe Jiménez Ordóñez, especialista en Cirugía General de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con el apoyo de los doctores Óscar Edinson Sánchez Colmenares, especialista en Cirugía General y Cardiovascular, y Giancarlo Buitrago, director del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNAL.

Por esta razón, los especialistas consideran que estos procedimientos se deben revisar con mayor rigor, así como el estado en el que llega el paciente (si tiene enfermedades avanzadas o no), para mejorar los desenlaces.

Este procedimiento quirúrgico permite construir puentes –arteriales o venosos– desde otras arterias para generar un flujo mayor de sangre a la parte del corazón afectada, permitiéndole mantenerse por mucho más tiempo.

Algunos de los factores que influyen en el aumento de las muertes tras la operación incluyen tener un mayor número de comorbilidades, haber pasado o no por otro procedimiento quirúrgico por enfermedades cardiovasculares, y pertenecer a regiones como el Pacífico.

En el estudio se analizaron variables como edad, sexo, región geográfica, año de operación, género, índice de comorbilidad y otras cirugías asociadas.

Al respecto, el doctor Jiménez explica que “trabajamos con una base de datos administrativa del doctor Buitrago, la cual reporta datos del Sistema Nacional de Salud entre 2012 y 2017 con información de los afiliados del régimen contributivo, equivalente al 47 % de la población, algo que le da mucha solidez al estudio”.

Como los investigadores no tenían acceso a datos clínicos, se soportaron en otra base de datos del DANE que ofrece registros tanto de nacimientos como de defunciones. “El doctor Buitrago hizo un algoritmo para seleccionar a los pacientes y los filtramos mediante los códigos con los que se realiza la facturación de los procedimientos, los cuales nos permitieron saber en qué tiempo se dio la cirugía y en cuánto tiempo falleció el paciente”, agrega el investigador.

Señala además que eso les permitió establecer los periodos de mortalidad a 30 y 90 días, y a 1 y a 3 años; para ese momento no había un estudio tan grande en Latinoamérica que evaluara los desenlaces relacionados con esta cirugía en población latinoamericana.

Mejor política pública en regiones periféricas

La región geográfica que presentó mayor mortalidad fue la del Pacífico, pues existe una diferencia significativa entre el número de personas que se operan en las cabeceras municipales o en ciudades grandes –como Bogotá, Cali, Bucaramanga, entre otras– frente a algunos municipios.

“Creemos que esto se puede relacionar con una mala condición socioeconómica, y probablemente el volumen de cirugías es menor al que se hace en la capital, pues algo que está registrado en la literatura es que las instituciones que logran una mortalidad de menos del 1 % son aquellas que realizan más procedimientos, haciéndolo más seguro para los pacientes”.

Según el investigador, es posible que la mortalidad en el país sea incluso mayor, ya que en el estudio no se incluyeron los pacientes del régimen subsidiado.

Agrega que “algunos pacientes llegan con muchos problemas o falla cardiaca, con gran carga de comorbilidades que hacen aumentar la mortalidad, por lo que se deben analizar todos estos factores”.

“La política pública colombiana debe estudiar la viabilidad de centralizar este tipo de procedimientos, siguiendo el ejemplo de otros países donde cuentan con centros especializados, lo que les permite tener mayor experiencia; en Colombia esto también podría representar un riesgo para las regiones apartadas del territorio”.

Agencia de Noticias UN – Unimedios

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