Por Víctor Chu
La marginación de Taiwán de los mecanismos internacionales afecta la capacidad del mundo para responder a amenazas comunes y pone a prueba la credibilidad del orden basado en normas. Al restringir la participación de una sociedad democrática de 23 millones de personas, con capacidades en salud, tecnología y gestión de emergencias, se debilitan los valores que la comunidad internacional dice defender: paz, dignidad, igualdad, justicia y solidaridad.
El debate es urgente ante la presión sobre la paz en el estrecho de Taiwán y la malinterpretación de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las controversias deben resolverse pacíficamente; la cooperación no puede someterse a coerción política; y las instituciones internacionales deben aprovechar las contribuciones de quienes pueden aportar al bien común. La Carta de la ONU se fundamenta en la igualdad soberana, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional y los derechos fundamentales.
Taiwán se encuentra en la primera línea de esta prueba. Nuestra sociedad democrática ha enfrentado intimidación militar, actividades de “zona gris”, coerción económica, campañas de desinformación e incursiones cibernéticas. Sin embargo, hemos elegido responder con responsabilidad: preservar el statu quo, mantener la paz y trabajar con socios internacionales por la estabilidad en el estrecho de Taiwán.
La paz en el estrecho no concierne solo a quienes viven a ambos lados de sus aguas. Esta ruta marítima es esencial para el comercio global y las cadenas de suministro que conectan Asia con América Latina, Europa y el resto del mundo. Una alteración de su estabilidad afectaría mercados, empleo, tecnología y consumidores. Por ello, la paz y la estabilidad en el estrecho son una responsabilidad compartida de toda la comunidad internacional.
El desafío para Taiwán no es solo militar, económico o tecnológico. También se expresa en nuestra exclusión de organizaciones y mecanismos internacionales donde podríamos aportar soluciones. Esta exclusión se basa en una malinterpretación de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1971.
La Resolución 2758 trata sobre la representación de China en las Naciones Unidas. No menciona a Taiwán, no define su estatus político y no autoriza a la República Popular China a representar a Taiwán dentro del sistema de la ONU. Sin embargo, China vincula la resolución con su denominado “principio de una sola China” para impedir la participación significativa de Taiwán. Taiwán sostiene que dicha resolución no debe utilizarse para excluir a nuestra sociedad de organismos internacionales ni limitar sus aportes globales.
Esta exclusión tiene consecuencias para todos. La salud pública, la seguridad aérea, la prevención de epidemias, la gestión de desastres, la lucha contra el crimen transnacional y la seguridad digital no reconocen fronteras. Compartir información, conocimiento y capacidades es una necesidad. Excluir a un socio con experiencia técnica debilita la respuesta global y deja a todos menos preparados ante riesgos comunes.
Taiwán está dispuesto a contribuir. Nuestra experiencia en salud pública, manufactura avanzada, gestión de emergencias, tecnología digital e inteligencia artificial puede fortalecer la resiliencia colectiva. La industria taiwanesa de semiconductores es esencial para las comunicaciones, el transporte, los sistemas de salud, la energía y la innovación. La participación significativa de Taiwán no es una concesión política: es una decisión práctica para afrontar retos compartidos.
Taiwán también ha demostrado que la cooperación produce resultados. Mediante proyectos de desarrollo, transferencia de conocimientos, formación de talento y alianzas tecnológicas, trabajamos con países amigos para mejorar servicios públicos, fortalecer capacidades y promover un desarrollo inclusivo. La solidaridad se mide por la voluntad de compartir soluciones cuando más se necesitan.
Defender la participación significativa de Taiwán en los espacios pertinentes no requiere modificar posturas diplomáticas ni profundizar rivalidades. Requiere reafirmar la inclusión, la cooperación funcional y el derecho de todas las sociedades a aportar al bien común.
Cuando una emergencia sanitaria cruza fronteras, nadie pregunta cuál es la posición diplomática de un laboratorio antes de compartir información vital. Cuando una aeronave despega, los pasajeros esperan sistemas de seguridad y alerta sin exclusiones. Cuando un desastre natural amenaza comunidades, la prioridad es salvar vidas y movilizar capacidades. La cooperación no puede estar subordinada a la presión política.
La comunidad internacional debe elegir entre un orden en el que la coerción determine quién participa y quién es silenciado, u otro en el que las reglas, el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la intimidación. Esa decisión definirá el futuro de Taiwán y la credibilidad de las instituciones multilaterales.
Taiwán seguirá siendo un socio responsable, democrático y dispuesto a contribuir. Una ONU más sólida, representativa y eficaz necesita la participación significativa de Taiwán. El mundo libre necesita defender sus valores de forma coherente. La paz, la dignidad, la igualdad, la justicia y la solidaridad exigen que Taiwán no quede fuera.
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