Afidro advierte sobre el deterioro crítico del sistema de salud: preocupa y alarma

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) expresó su profunda preocupación por los resultados del estudio realizado por la Contraloría General de la República sobre las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024.

El informe de la Contraloría documenta un sistema de salud con hallazgos devastadores que explican la crisis actual: el 75 % de las EAPB intervenidas tiene un desempeño “medio-bajo”, sin mejoras significativas en la sostenibilidad financiera. Lo que es aún más preocupante es que 29,25 millones de afiliados colombianos (el 58 % de la población asegurada) dependen de entidades con graves dificultades operativas y financieras. Esta cifra no es abstracta, sino que representa a pacientes colombianos que se enfrentan a interrupciones en el acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos esenciales.

La proyección del modelo econométrico de la Contraloría es alarmante: la probabilidad de crisis del sistema pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, con una proyección del 60,4 % para 2026.

A este respecto, la reciente decisión de un gestor farmacéutico de suspender sus servicios para la Nueva EPS a partir del 1 de enero no es un hecho aislado. Es la consecuencia inevitable de un sistema en el que las EAPB intervenidas acumulan deudas de 9,3 billones de pesos con la red de salud, los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos en algunos procesos de liquidación, dejando poco para pagar medicinas y servicios reales, y la cartera vencida aumentó un 70 % en las entidades, lo que impide que los proveedores de servicios y los operadores logísticos continúen operando.

“La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Lo que preocupa es que esto es solo el principio. Cuando un operador de la cadena de suministro farmacéutico se retira, significa que la entidad aseguradora ha perdido completamente su capacidad de pago. Y detrás de esa cifra hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, personas en tratamiento oncológico sin continuidad terapéutica y trabajadores de la salud sin los suministros necesarios. El informe de la Contraloría confirma lo que advertimos hace meses: las intervenciones no han funcionado y los modelos de control son ineficaces. Mientras tanto, el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos se está desmoronando”, indicó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.

La Contraloría documenta un patrón sistemático de fracaso: solo se ha recuperado el 6,07 % de las cuentas por cobrar de las entidades liquidadas (de 3,05 billones de pesos, solo 185 mil millones). Diez de las once entidades liquidadas informan de un cumplimiento superior al 90 % de sus planes, pero apenas pagan entre el 35 % y el 40 % de sus deudas, lo que indica que los mecanismos de evaluación miden actividades, no resultados reales. Además, hay $770 mil millones de pesos en deudas no pagadas a las Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), que ya no pueden funcionar.

Afidro hace un llamado al Gobierno nacional para establecer soluciones financieras urgentes para salvar el sistema de salud e insiste en el cálculo y definición adecuada de la UPC. También solicita una transición ordenada para los pacientes: el Gobierno debe garantizar que la Nueva EPS y otras entidades intervenidas pasen a nuevos operadores logísticos sin que se interrumpa el acceso a los medicamentos.

Afidro reafirma su compromiso con la salud de los colombianos y se pone a disposición de las autoridades para colaborar en la búsqueda de soluciones que garanticen el acceso a los medicamentos, la viabilidad operativa de la cadena de suministro y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.

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