El crédito no basta: Lafaurie pide una revolución en la asistencia técnica para transformar el campo

Colombia necesita cambiar la forma en que acompaña y financia a sus pequeños productores rurales. Esa es la propuesta de José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), quien plantea que la asistencia técnica deje de medirse por el número de visitas o capacitaciones y se evalúe por su capacidad para convertir las fincas en negocios productivos y rentables.

En su más reciente análisis, publicado por los principales medios del país, el dirigente gremial considera que la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 representa una oportunidad para transformar la política agropecuaria del país.

Lafaurie advierte –en su columna titulada Una oportunidad de cambio- que Colombia cuenta con más de 584.000 pequeños ganaderos, con inventarios promedio cercanos a 21 animales. Aunque muchos tienen tierra, experiencia y vocación productiva, enfrentan dificultades para acceder al capital y al acompañamiento técnico que les permitirían aprovechar mejor sus recursos.

Una brecha que limita la productividad rural

El problema, señala, también afecta a millones de familias agricultoras que trabajan parcelas de pequeña escala, con bajos niveles de tecnificación, limitaciones para acceder al crédito y dificultades para comercializar sus productos.

A juicio del alto ejecutivo, entregar insumos o financiar una cosecha no es suficiente si los productores no reciben orientación para tomar decisiones, mejorar la eficiencia y reducir los riesgos de su actividad.

Como respaldo de su planteamiento, Lafaurie Rivera cita el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026, según el cual apenas el 16,5 % de las unidades productivas recibía asistencia técnica. Para el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, esta brecha evidencia la necesidad de integrar conocimiento, tecnología y financiación para que la tierra se convierta en una fuente sostenible de ingresos y bienestar.

Garantías públicas bajo la lupa

El dirigente también pone el foco en el costo financiero de los riesgos agropecuarios. De acuerdo con los estados financieros auditados del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) citados en su columna, durante 2025 se pagaron $646.165 millones por siniestros. Lafaurie aclara que estos desembolsos no pueden atribuirse exclusivamente a créditos mal estructurados, pues también intervienen factores climáticos, de mercado y otros riesgos.

Sin embargo, considera necesario evaluar cuánto de esos riesgos podría prevenirse con una mejor asistencia técnica y un seguimiento efectivo de las inversiones. Su argumento es que una garantía pública no reemplaza la viabilidad económica de un proyecto ni debería facilitar operaciones crediticias sin acompañamiento al productor.

La propuesta consiste en que cada intervención técnica identifique oportunidades de mejora en la finca y, cuando exista viabilidad económica, dé paso a un proyecto productivo respaldado por financiación adecuada.

Según el alto ejecutivo, el desembolso del crédito no debería cerrar el proceso, sino marcar el inicio del seguimiento a las inversiones y del acompañamiento necesario para que el negocio produzca, el productor pueda pagar sus obligaciones y mejoren sus condiciones de vida.

Del número de visitas a los resultados medibles

Para llevar esa propuesta a la práctica, Lafaurie Rivera plantea que el PND establezca una línea de base y metas verificables. En ganadería, los resultados podrían medirse mediante indicadores como natalidad, mortalidad, producción de leche, ganancia de peso, carga animal, costos, ingresos y capacidad de pago.

En agricultura, los indicadores incluirían los rendimientos por hectárea, los costos de producción, la calidad, las pérdidas posteriores a la cosecha, la comercialización y los ingresos. El criterio central, según el dirigente, debe ser el impacto real sobre la productividad y la calidad de vida de las familias rurales, en lugar de limitar la evaluación al registro de visitas, talleres o créditos colocados.

Sostiene que FEDEGÁN cuenta con experiencia en este tipo de acompañamiento mediante ASISTEGÁN y que trabaja con el Banco Agrario para articular asistencia técnica, proyectos productivos y financiación. También afirma que desde 2020 ha insistido ante Finagro en la necesidad de incorporar ese acompañamiento a los créditos destinados a pequeños productores.

La ADR, ante el reto de articular la política rural

En su planteamiento, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tiene la oportunidad de asumir un papel articulador entre los programas de extensión y los proyectos productivos. Para ello, propone trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario y los gremios en el desarrollo de proyectos piloto regionales para la ganadería y la agricultura.

El objetivo sería evaluar los resultados de esas experiencias y, con base en la evidencia obtenida, ampliar las iniciativas que demuestren efectividad. La propuesta apunta a coordinar los instrumentos existentes, establecer responsabilidades y definir mecanismos de financiación y evaluación, en lugar de crear nuevas estructuras burocráticas.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN considera que una política de esta naturaleza permitiría producir más con la misma tierra, mejorar los ingresos familiares y reducir los riesgos para los bancos y los fondos públicos. No obstante, estos beneficios son los resultados esperados de su propuesta y dependerán de su diseño, financiación y ejecución.

El desafío de construir una clase media rural

Para el dirigente gremial, el problema de fondo va más allá de la productividad de cada finca: Colombia debe crear condiciones para consolidar una clase media rural. En su columna señala que el 82 % de los productores son pequeños y considera que la política agropecuaria debe ayudarlos a acumular activos, incrementar sus ingresos y participar en economías locales más dinámicas.

Su planteamiento es que el pequeño productor sea reconocido como un empresario rural que necesita mucho más que un préstamo. Requiere un proyecto productivo viable, asistencia técnica orientada a resultados, acceso a mercados, infraestructura, conectividad y reglas que le permitan planear sus inversiones.

Una finca más productiva puede generar empleo, aumentar la demanda de bienes y servicios, fortalecer el comercio de los municipios y ofrecer alternativas económicas a los jóvenes que consideran abandonar el campo. La transformación rural, concluye el dirigente, debe orientarse a crear condiciones para generar riqueza y prosperidad, y no limitarse a administrar las carencias de la población campesina.

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