La decisión del Gobierno Nacional de establecer el impuesto al patrimonio mediante decreto en el marco de la emergencia económica para atender los efectos de la ola invernal ha generado preocupación en el sector autopartista colombiano, que advierte impactos directos sobre la inversión, la liquidez empresarial y la competitividad industrial.
La medida busca recaudar cerca de $8,3 billones a través de un tributo progresivo dirigido a personas jurídicas cuyo patrimonio poseído al 1 de marzo del 2026 sea igual o superior a los $10.475 millones de pesos (200.000 UVT), con tarifas que podrían alcanzar el 1,6% dependiendo sector productivo. Según estimaciones del gobierno, cerca de 15.000 empresas del país quedarían sujetas a esta obligación.
Para el sector autopartista, que factura $21 billones anuales y articula más de 65.000 establecimientos entre fabricantes, comercializadores y servicios especializados, el efecto no es menor. Al tratarse de un gravamen sobre el patrimonio y no sobre la utilidad, el impuesto impacta directamente la estructura financiera de las compañías, independientemente de su desempeño operativo, reduciendo su capacidad de reinversión y expansión.
“Este impuesto puede erosionar los márgenes operativos en un sector que ya enfrenta alta presión por importaciones, más del 85% de las autopartes comercializadas en el país provienen del exterior, y por fenómenos como el contrabando. Gravar el patrimonio limita la liquidez necesaria para modernización tecnológica, innovación y generación de empleo formal”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
El gremio advierte que la medida llega en un momento en el que el sector avanza en procesos de transformación hacia electromovilidad, digitalización y fortalecimiento de estándares técnicos, factores determinantes para competir en mercados regionales. La nueva carga fiscal, señalan, puede afectar decisiones de inversión en activos productivos, infraestructura logística y desarrollo tecnológico, precisamente en un entorno donde la industria busca mayor formalización y competitividad frente a productos importados.
“El sector autopartista está comprometido con el desarrollo económico del país y entiende la necesidad de atender emergencias nacionales. Sin embargo, es fundamental que las políticas tributarias mantengan un equilibrio que preserve la inversión productiva y la estabilidad jurídica, elementos esenciales para sostener empleo formal y crecimiento industrial”, agregó Pineda Osorio.
Asopartes reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo técnico con el Gobierno para evaluar alternativas que permitan atender la emergencia sin comprometer la competitividad de los sectores productivos. El gremio insistió en que la sostenibilidad fiscal debe ir de la mano con condiciones que fortalezcan la inversión, la formalización y la productividad, pilares estratégicos para el desarrollo industrial colombiano.
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