El pasado 15 de abril de 2026, la Audiencia Nacional de España falló a favor de Shakira en un litigio tasado en 55 millones de euros, con el tribunal anulando las liquidaciones del Impuesto sobre la renta y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011, junto con sus sanciones. La razón detrás de la decisión fue clara: la Administración española no logró probar legalmente la residencia fiscal de la artista durante ese periodo.
Inicialmente, el ente recaudador exigió a la cantante tributar por toda su renta mundial, liquidando 24,7 millones de euros por IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), 2,7 millones por Patrimonio y severas sanciones adicionales de 27,6 millones. Argumentaban, además, que ella controlaba un entramado de sociedades para ocultar rentas.
Las normativas exigen al menos 183 días de permanencia física para ser residente fiscal, sin embargo, la autoridad admitió que Shakira permaneció apenas 163 días en el país ibérico. El tribunal desestimó el intento de sumar «ausencias esporádicas» por su relación amorosa, aclarando que en 2011 no existía vínculo conyugal ni se demostró que allí radicara el núcleo real de sus intereses económicos.
«La sentencia recuerda que las presunciones no probadas no pueden sustentar liquidaciones millonarias», detalla Jaime Enrique Gómez, socio de la firma Posse Herrera Ruiz. Él subraya que la carga probatoria recae enteramente en la Administración.
Su análisis expone grandes contrastes frente al panorama nacional, pues el artículo 10 del Estatuto Tributario colombiano contabiliza los 183 días en cualquier periodo de 365 días consecutivos. A los colombianos se les aplican condiciones más estrictas: basta con generar el 50 por ciento de los ingresos de fuente local para ser residentes.
Este rigor normativo no es un detalle menor, pues tal como advierte el análisis: «Estas diferencias tienen consecuencias prácticas. Si Shakira fuera evaluada bajo la norma colombiana, la discusión no se limitaría a contar días»
La principal diferencia conceptual radica en los paraísos fiscales, ya que mientras el tribunal europeo consideró irrelevante si Bahamas operaba como tal ante la comprobada ausencia física de Shakira, la ley colombiana impone una presunción automática de residencia fiscal a cualquier nacional radicado en una jurisdicción no cooperante.
Este valioso precedente advierte a los contribuyentes sobre la absoluta necesidad de conservar certificados que soporten cada desplazamiento y de fundamentar con sustancia económica real cualquier estructura societaria en el extranjero. Como concluye el análisis: «Para Colombia, el fallo invita a reflexionar sobre la proporcionalidad de nuestras normas (…). En un mundo globalizado, la seguridad jurídica y la claridad normativa no son un lujo, sino una necesidad». De cara a un modelo tributario rígido, la lección exige garantías comprobables antes que simples suposiciones.
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