The farmer holds rice in hand.
Los productores de arroz del país denuncian los reiterados incumplimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y del Gobierno Nacional, tras los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo y Concertación realizada en marzo de este año.
En los últimos meses, el sector ha sufrido una caída injustificada en los precios de compra. La carga de arroz pasó de $230.000 a $185.000, y hoy se ubica en apenas $170.000. No existe una política de estabilización de precios y, peor aún, no se evidencia intención del Gobierno para apoyar a los agricultores, justo cuando se aproxima la cosecha más importante del año.
Actualmente, los arroceros están registrando pérdidas aproximadas de $2.500.000 a $2.800.000 por hectárea cosechada, lo que está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores, poniendo en riesgo su estabilidad económica y la continuidad de su actividad.
Esta crisis no es nueva. La rentabilidad del cultivo se ha venido deteriorando de forma progresiva, afectando el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad en más de 210 municipios del país.
“La industria molinera, amparada en prácticas abusivas de mercado, está llevando a la quiebra al productor colombiano, mientras el contrabando y las importaciones siguen creciendo sin ningún tipo de control”, advirtieron voceros de los arroceros.
A esta problemática se suma la actuación de nuevos comercializadores que han entrado al mercado*sin regulación ni control de precios, afectando aún más al productor nacional.
Por todo lo anterior, los productores convocan a un paro nacional como mecanismo legítimo para ser escuchados, luego de meses de ser ignorados por el Gobierno. Aunque el gremio ha demostrado voluntad de diálogo, no participará en nuevas mesas mientras no estén presente Presidencia de la República, ministra de Agricultura, ministro de Comercio, Industria y Turismo, superintendente de Industria y Comercio y representantes de la industria molinera.
Las exigencias del gremio son claras:
· Precios justos para el arroz nacional
· Regulación efectiva de la producción y comercialización
· Protección del único cultivo semestral estratégico del país
· Revisión de los TLC que afectan la producción nacional
Es importante señalar que, a la fecha, no existe ninguna negociación con el Gobierno Nacional. Hasta el jueves 10 de julio se definirá la comisión oficial que representará a los agricultores y productores de arroz.
El campesino colombiano debe ser una prioridad real del Estado. Se requieren soluciones inmediatas, sin dilaciones, sin promesas vacías y sin mesas con funcionarios que no tengan poder de decisión.
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