Recomendaciones para una Colombia más equitativa, productiva y sostenible

Autonomía, cuidado, inclusión financiera y digital, seguridad y protección, así como gobernanza de datos, son los ejes de estas recomendaciones construidas por la Fundación WWB Colombia, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad para las mujeres.

En un año decisivo para orientar la agenda de desarrollo del país, Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y su crecimiento de largo plazo, en particular las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres.

Según cifras del Dane, ellas dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, principalmente labores domésticas y de atención a dependientes, presentan menores tasas de participación laboral y perciben ingresos más bajos.

La Cepal ha advertido que la organización desigual del cuidado es uno de los principales frenos al crecimiento inclusivo en América Latina. Cuando el trabajo no remunerado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, se restringe su inserción laboral, se limita su acceso al crédito y se debilita su acumulación patrimonial.

En Colombia, estas brechas se profundizan en la ruralidad. Las mujeres rurales trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, pero reciben ingresos por apenas el 39 % de ese tiempo. Aunque el 76 % es considerado “económicamente inactivo”, en la práctica sostiene las economías familiares y comunitarias a través del trabajo doméstico, de cuidado y productivo no remunerado.

Además, por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, uno liderado por una mujer genera alrededor de 60. Estas diferencias limitan la autonomía económica, reducen la protección en la vejez y dificultan la ruptura de ciclos de pobreza y violencia.

Frente a este panorama, la Fundación WWB Colombia, que trabaja en el cierre de brechas de desigualdad para las mujeres y en promover su participación activa en el desarrollo económico, realizó “10 recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo social del país 2026–2030” El documento articula cinco dimensiones estratégicas: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera, seguridad y protección, así como gobernanza basada en datos.

 “En la actualidad, persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes oportunidades de crecimiento. Hemos construido estas recomendaciones basadas en evidencia y en nuestra experiencia en los diferentes territorios del país”, explicó Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia.

Las 10 recomendaciones

Autonomía y formalización productiva

1. Formalización con propósito: implementar una ruta gradual, gratuita y simplificada que no castigue al micronegocio de subsistencia, sino que lo conecte con asistencia técnica y mercados.
2. Titulación con enfoque de género: agilizar la titulación conjunta y preferencial de tierras para mujeres rurales, garantizando que la propiedad sea el respaldo real para el acceso al crédito formal.
3. Compras públicas y redes de valor: crear redes de comercialización que vinculen obligatoriamente a micronegocios liderados por mujeres con cadenas de suministro estatales y de grandes empresas.

El cuidado como infraestructura económica

4. Sincronización de servicios de cuidado: desplegar centros de cuidado (infancia, vejez, discapacidad) cuyos horarios coincidan con la jornada laboral y comercial de las mujeres, eliminando la barrera del tiempo para generar ingresos.
5. Reconocimiento del cuidado comunitario: financiar modelos donde el Estado remunera y acredita el cuidado comunitario y ancestral en zonas de baja oferta institucional.

Inclusión financiera y digital

6. Historial crediticio alternativo: utilizar la data transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reconozcan la capacidad real de pago de las mujeres, eliminando sesgos de los algoritmos tradicionales.
7. Protección ante riesgos climáticos: escalar créditos con pagos ajustados a ciclos de cosecha y microseguros sociales de bajo costo para proteger el patrimonio de las emprendedoras ante emergencias climáticas o de salud.

Seguridad y salud para la autonomía

8. Salud sexual y pertinencia territorial: financiar infraestructura de salud en zonas dispersas que integre el diálogo con los saberes locales, reconociendo que la autonomía reproductiva es base para romper ciclos de pobreza.
9. Alivios en precios de medicamentos asociados a la salud sexual y reproductiva: implementar regulaciones y mecanismos de compra que reduzcan costos y garanticen disponibilidad oportuna.
10. Inclusión de productos de higiene menstrual en kits de emergencia: asegurar su disponibilidad en la asistencia humanitaria, garantizando condiciones de dignidad y continuidad del cuidado.

Para garantizar la viabilidad de estas recomendaciones, el documento incorpora un componente transversal de gobernanza basada en evidencia,  para que los sistemas de recolección de información sobre autonomía económica sean válidos si incluye variables de género, etnia y territorio. Solo mediante esta transparencia estadística el presupuesto nacional podrá responder a las brechas reales.

“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, afirmó Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.

La Fundación concluye que esta agenda responde a criterios de eficiencia económica y sostenibilidad. Reducir brechas en participación e ingresos dinamiza mercados locales, incrementa la resiliencia de los hogares y contribuye a una base tributaria más sólida. Avanzar en esta dirección es una condición para elevar la competitividad del país y consolidar un crecimiento más estable y sostenible en el mediano y largo plazo.

El informe completo está disponible para consulta pública y busca servir como insumo técnico para tomadores de decisión, sector privado, academia y organizaciones sociales comprometidas con un desarrollo más incluyente y sostenible para Colombia en el período 2026–2030.

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