Recuperando la superioridad moral

Por Coronel ( r) Carlos A. Velásquez R.

A raíz de las recientes decisiones de la JEP, el debate público ha girado alrededor, de la demora del tribunal para emitir las primeras sentencias o al excesivo costo de una jurisdicción que, a juicio de sus detractores, además se tornó espuria desde el “triunfo” del no en el plebiscito. Aún más, el término impunidad es el que más ha estado en boca de muchos políticos, dada la desproporción de las sanciones frente a la gravedad de los delitos. Pero en esto último, y a medida de ejemplo para ilustrar lo incompleto del debate, se olvidó que el concepto de impunidad no solo tiene que ver con las sanciones, sino que, según le escuché hace unos años a un importante jurista tiene cinco atributos: ausencia de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena a los responsables. Y si a estos atributos le agregamos la necesidad para las víctimas de que prime la verdad más completa posible sobre la verdad procesal ¿cuáles características han estado ausentes en la gestión de la JEP?

Ahora bien, más allá de lo anterior hay que decir que en el debate se ha omitido la reflexión sobre la trascendencia pacificante que representa el que haya prevalecido la voluntad del Estado colombiano de someter a los jefes de quienes por varias décadas desafiaron el orden constitucional y sus instituciones de justicia.

Dicho lo anterior, conviene aportar insumos para la reflexión desde la perspectiva de lo político – estratégico, complementarios a los expuestos por Gabriel Cifuentes en su columna titulada “El momento del nunca más” (El Tiempo 26-09-2025). Y para esto partamos de un fundamento que no muchos analistas del conflicto que se está terminando con las otrora Farc, tienen en mente al momento de enjuiciar si avanzamos o no hacia una terminación completa. Dicho fundamento se puede resumir en que el contendiente que logra imponer su voluntad sobre el contrario es aquel que demuestra una inequívoca superioridad moral, no solo legal. No sobra aclarar que la superioridad moral está directamente relacionada con la legitimidad.

Así las cosas, volvamos la mirada al pasado reciente, y concretamente al año 2008, momento en el cual se da un punto de quiebre en la dinámica del conflicto político violento en comento, pues a partir de dicho año la curva ascendente de su dinámica empieza a descender hasta llegar a un atascamiento que solo se empezó a desbaratar durante el proceso de la Habana.

En ese 2008 los resultados militares de la política de “Seguridad Democrática” tanto estratégicos como tácticos eran ostensiblemente favorables para el Estado. No es sino recordar las operaciones “Fénix” (marzo, baja de Raúl Reyes) y especialmente “Jaque” (julio, rescate de secuestrados, entre ellos Ingrid Betancur), y como correlato la operación “Camaleón” del 2010 cuando fue rescatado el general Mendieta.

No obstante, dichos éxitos operacionales no se pudieron explotar hasta obligar a las Farc a sentarse a negociar, porque en lo político – estratégico el Gobierno de Álvaro Uribe no tenía en su haber logros que hicieran inequívoca la superioridad moral del Estado, el cual, dicho sea de paso, mostraba síntomas de sensible insuficiencia en lo ético – moral desde el gobierno Samper (1994-98) cuando el mismo Uribe era gobernador y los paramilitares se extendieron desde Antioquia a prácticamente todo el país.

Lo cierto es que poco tiempo después de las operaciones “Fénix” y “Jaque” las máculas contra la legitimidad del gobierno afloraron como una especie de catarsis: cierre del DAS por operaciones corruptas incluyendo “chuzadas” a la Corte Suprema de Justicia, dádivas a congresistas para la reelección del presidente (Yidispolítica), la parapolítica, el proceso de paz con los paramilitares que se vio abruptamente interrumpido por la extradición de sus principales jefes.

Y, por si fuera poco, esta andanada de máculas culminó en el 2009 con el llamado a calificar servicios de 27 militares, incluyendo tres generales, debido a los resultados de una investigación administrativa que condujo el general Carlos Arturo Suárez en ese entonces Inspector General de las FF.MM, que daba cuenta de la punta del Iceberg de los mal llamados “falsos positivos”. Con base en esta investigación se fueron abriendo y/o acelerando las debidas investigaciones penales que, sin embargo, avanzaban lentamente.

Esa lentitud en el juzgamiento gravitó en el largo estancamiento del componente de justicia que tuvo la negociación en La Habana, que finalmente dio luz verde a la JEP después de la Comisión de la Verdad. En fin, se acaba el espacio y solo queda responder al siguiente interrogante: ¿qué hubiera ocurrido con el Ejército Nacional al iniciar el proceso de la Habana- con veeduría internacional – si no se hubiera avanzado algo en las investigaciones sobre los “falsos positivos”? Es de anotar que por delitos menos graves se tuvo que cerrar el DAS.

La realidad nos hace entonces colegir que, pese a sus fallas que debe seguir corrigiendo, lo que la JEP está haciendo por Colombia, es ayudar al Estado a recuperar una superioridad moral inequívoca, para así mejorar ostensiblemente sus cotas de legitimidad.    

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