Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio causaron daños físicos directos estimados en 37.000 millones de dólares en viviendas e infraestructura, según una primera evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La cifra ofrece una primera medida de la destrucción causada por los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia en la región centro-norte del país.
La estimación incluye unos 24.000 millones de dólares en daños a edificaciones —viviendas, comercios, escuelas, hospitales e instalaciones públicas— y otros 13.000 millones en infraestructura. Dentro de este último rubro, las mayores pérdidas se concentran en las telecomunicaciones, con unos 5.000 millones de dólares, seguidas de la energía y las carreteras.
El cálculo se basa en modelos de riesgo y no pretende sustituir las inspecciones sobre el terreno. Tampoco incluye las pérdidas por la interrupción de servicios y actividades económicas, los costos de la respuesta de emergencia, los efectos sobre las cadenas de suministro ni la reconstrucción. El impacto económico total, por tanto, podría ser aún mayor.
Pero la escala del desastre no se mide solo en cifras.
En La Guaira, el estado más afectado, algunas personas siguen durmiendo fuera de viviendas dañadas o en espacios públicos, por temor a nuevos derrumbes o para proteger sus pertenencias. Según las autoridades, hay 46 espacios de alojamiento temporal operativos que acogen a más de 11.500 personas afectadas.
En el estadio César Nieves, uno de los tres campamentos transitorios de La Guaira donde la ONU y sus socios están desplegando ayuda, dos jóvenes conversaron con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Esther y Reinalis son vecinas y amigas desde niñas, antes del terremoto compartían el mismo barrio. Ahora comparten una tienda de campaña, después de que sus viviendas quedaran agrietadas.
“Gracias a Dios, ahorita nos han ayudado mucho de muchos países. Muchos estados también han venido con ayuda y con eso es que estamos sobreviviendo, comiendo y todo eso, porque ya muchas personas quedaron sin hogares, no tienen en dónde vivir”, dice Esther.
Las dos jóvenes aseguran que sus casas no se derrumbaron, pero regresar no es una opción mientras no sepan si las estructuras resistirían otra sacudida.
“Hay casas que pueden estar bien, pero las de al lado están agrietadas. Uno no puede ir a su casa con el miedo de que se le pueda caer la otra”, explica Esther. “Por eso estamos quedándonos aquí, esperando a ver qué nos dicen: si nos van a refugiar en otro sitio, si nos dejan aquí o si van a inspeccionar las casas para saber si podemos regresar”.
El estadio César Nieves se ha convertido en un lugar para dormir, recibir alimentos y buscar atención mientras las familias esperan una decisión sobre sus viviendas. Allí se habilitan zonas de sombra, carpas y espacios para los servicios de salud, protección y apoyo psicosocial.
Persisten necesidades de agua segura, saneamiento, alimentos y atención médica. Los equipos humanitarios advierten que la falta de duchas, los problemas de gestión de residuos y las dificultades para acceder a agua potable pueden aumentar los riesgos para la salud, especialmente donde muchas familias comparten instalaciones.
Para Reinalis, esos riesgos se sienten todos los días.
“Vivir en la calle no es lo mismo que estar en tu casa. Aquí nos pican los mosquitos; mira este morado. A los bebés también. Tengo a mi primito, que lo pican en todo el cuerpo”, cuenta la adolescente de 15 años.
Una planta portátil de tratamiento de agua ya llegó a Maiquetía y otra está en camino para reforzar el abastecimiento. La ONU y sus socios prestan servicios de salud, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial también en el Polideportivo José María Vargas y en el estadio de Playa Grande.
Mientras continúan las evaluaciones de las viviendas, Esther y Reinalis esperan saber si podrán regresar al barrio donde crecieron juntas o si el estadio seguirá siendo, por ahora, su única casa.
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