La Oficina de Derechos Humanos expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela. Durante el último año, se documentaron detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y denuncias de tortura y malos tratos.
En el contexto de las elecciones parlamentarias y regionales celebradas hace un mes, las autoridades venezolanas detuvieron a unas 70 personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusados de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, numerosas personas siguen detenidas, aunque al menos 1500 han sido liberadas condicionalmente. La Oficina documentó 32 casos de tortura y malos tratos en detención, 15 adolescentes entre ellos. Además, 28 personas fueron desaparecidas forzadamente, doce de ellas extranjeras sin acceso a asistencia consular.
“A la luz de los desafíos persistentes para los derechos humanos en Venezuela, insto a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Hago un llamado a que cesen de inmediato las desapariciones forzadas y las detenciones incomunicadas, y que se otorgue asistencia consular a los ciudadanos extranjeros detenidos”, dijo el Alto Comisionado presentado su informe al Consejo de Derechos Humanos.
Volker Türk también pidió el levantamiento de las “amplias sanciones sectoriales” y reiteró su llamado a Estados Unidos a frenar las deportaciones de venezolanos y garantizar el debido proceso
“Aunque está fuera del alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos también sufren debido a la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos que han sido deportados desde Estados Unidos”, dijo. “Reitero mi llamado al Gobierno de Estados Unidos a garantizar el cumplimiento del debido proceso, a implementar los fallos de sus tribunales, a salvaguardar los derechos de los niños y a detener la deportación de cualquier persona a un país donde corra el riesgo de sufrir daños irreparables”.
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