Por Mario Alberto Bedoya @doctrinas.co
Las grandes tragedias exigen respuestas económicas audaces, no paños de agua tibia ni recetas burocráticas tradicionales.
Tras el terrible terremoto del pasado 10 de agosto —que, según los más recientes datos de la Presidencia de la República, suma ya 289 víctimas fatales, 143 desaparecidos, 4.187 heridos, más de 120.000 familias afectadas, casi 30.000 viviendas destruidas, unas 127.000 averiadas y 450 municipios alcanzados en 15 departamentos—, el Gobierno Nacional enfrenta una doble restricción: la urgencia de reconstruir el tejido social y la infraestructura regional, y un margen fiscal históricamente estrecho, heredado de un cuatrienio de desequilibrio en las finanzas públicas.
Para superar esta crisis sin comprometer la estabilidad macroeconómica, el país debe ejecutar tres acciones fundamentales basadas en incentivos de mercado, empleo local y sostenibilidad financiera:
Inversión privada con cero impuesto y mano de obra local, lo que significa otorgar exención tributaria total (0% de impuesto) a compañías nacionales e internacionales que asuman proyectos de construcción de vivienda e infraestructura en las zonas impactadas. La contrapartida obligatoria será social y territorial: una exigencia de contratación de al menos el 95% de mano de obra local no calificada/operativa, limitando a un 5% el personal técnico o especializado externo. Dado que en zonas de desastre el recaudo fiscal previo tiende a cero, el costo fiscal de la exención es nulo, mientras que el impacto de liquidez sobre las familias afectadas es inmediato.
La reconstrucción integral con visión de largo plazo, lo que implica que la intervención no debe limitarse a reponer el inventario de viviendas destruidas, sino a solucionar de fondo la vulnerabilidad de las zonas de riesgo e informalidad contiguas. Convertir la crisis en una oportunidad de desarrollo urbano planificado reduce los pasivos contingentes futuros del Estado frente a nuevos fenómenos naturales, elevando la productividad general de las regiones golpeadas.
Finalmente, desarrollar un modelo de capitalización por trabajo e incentivo tributario a la banca, ante el agotamiento de la caja fiscal para subsidios directos, la financiación debe combinar fondos de donaciones internacionales y recursos estatales eficientes con un esquema donde la misma mano de obra adquiera su solución habitacional mediante el esfuerzo laboral acumulado (sweat equity).
Paralelamente, es conveniente canalizar el crédito a través de la banca privada mediante un esquema de tasas preferenciales, en el que el menor margen cobrado por las entidades financieras sea deducible de su impuesto de renta, movilizando ahorro privado hacia la reconstrucción sin presionar el gasto público directo.
Una propuesta de este calado requiere, por supuesto, del análisis, perfeccionamiento y estructuración técnica, financiera y jurídica pertinente, lejos de las nefastas sombras de la improvisación y el populismo.
Sin desconocer el enorme drama humano y social que vive Colombia, el Gobierno Nacional tiene el suficiente margen de maniobra en esta coyuntura para recordar —y, sobre todo, aplicar— la célebre frase del estratega político James Carville en 1992: «¡Es la economía, estúpido!». Hoy, prescindir de la lógica económica en la toma de decisiones sería el mayor error frente al momento histórico que atraviesa el país.
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