Por Gabriel Ortiz
Ya nadie sabe cómo ha desaparecido el presupuesto de la salud en Colombia. Mucho menos quienes le han echado mano a esas ingentes cantidades de dineros que podrían haber impedido la muerte de tantos, muchos e incontables compatriotas que creyeron en los administradores de esos fondos.
Hasta el momento en que el actual gobernante, y su ministro de salud, llegaran a la casa de Nariño y sus alrededores, los colombianos habían recibido un servicio aceptable de servicios médicos, hospitalarios y suministro de medicamentos.
A partir de entonces, la cosa cambió radicalmente. Hombres, mujeres, niños, juventud, tercera edad y otros estados, recibieron la perentoria noticia de que se les aplicaría una segura e implacable pena de muerte.
La salud al igual que la generalidad de actividades estatales empezaron a desfallecer, a agotarse, a debilitarse y a arruinarse. Los fondos empezaron a desaparecer como por espanto. La deshonestidad, el cohecho la podredumbre y corruptela, se incrustaron en el nuevo estado, sus gestores y manejadores.
A partir de ese momento, la utilización indebida de los fondos públicos adquirió medalla de oro. El primer golpe lo recibieron los desastres, tan corrientes en nuestro país. Casi todos los fondos, se esfumaron para el montaje de una estrambótica flotilla de costosísimos carrotanques para llevar agua, que nunca calmó el menor síntoma de sed de los habitantes de La Guajira.
El derroche de viajes, empezando por los interminables del presidente, casi desocupan los despachos públicos y sus fondos porque fueron destinados a viaticar, montar manifestaciones destinadas a ilusionar a los habitantes pobres y menesterosos que los esperaban cualquier ayuda para mitigar las necesidades primarias que nunca les llegan durante estos “petristas” años.
La codicia del jefe máximo y sus íntimos asesores, no permitía cambiar lo que la población colombiana buscaba: una equidad que genera riqueza, empleo y nuevos horizontes.
Por ejemplo, nadie ha contabilizado las víctimas sepultadas durante los despilfarros de los dineros de la salud. Se ha querido montar a cualquier costo una reforma que niega por inconveniente el Congreso. Los parlamentarios no han encontrado beneficio alguno que supere lo que tenía este sufrido pueblo.
Ni siquiera se ha fijado el costo y la disponibilidad del valor. Ni el enfermo come, ni hay que darle, dice el adagio popular. Ahora Petro, sus funcionarios, los sindicatos y los maestros, amenazan con sacar la reforma por una asamblea nacional constituyente o una consulta popular. Siempre tratan de buscar la triquiñuela, truco o pretexto, para eludir los poderes que contempla la Constitución para un Estado democrático.
Entre tanto, ya aparecen pandillas vendiendo medicamentos vencidos o falsificados, a altos precios, a los que debe acceder este pueblo en manos de los codiciosos que gobiernan.
BLANCO: El Nobel de Paz a María Corina, puede librar a Venezuela y países demócratas de los Maduros y las dictaduras.
NEGRO: La censura de prensa que quiere implantar la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, por órdenes de Petro y su gobierno. Oportuna la posición del CPB, para defender la libertad de prensa.
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