En Colombia, el crecimiento acelerado del parque automotor se ha convertido en uno de los principales desafíos para la movilidad y la seguridad vial del país. Actualmente, más de 21 millones de vehículos se encuentran activos en el territorio nacional, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de los cuales el 63 % corresponde a motocicletas.
Aunque este incremento refleja transformaciones en la movilidad y en el acceso al transporte, también ha venido acompañado de una preocupación creciente por el aumento de los siniestros viales y sus impactos sociales y económicos.
Según cifras oficiales, entre 2024 y 2025 se registraron 8.697 muertes por accidentes de tránsito en el país, lo que representó un incremento del 5,2 % frente al periodo anterior. Asimismo, los datos preliminares con corte al 31 de marzo de 2026 evidencian un aumento del 20,1 % en fallecimientos por siniestros viales frente al mismo periodo de 2025.
Los motociclistas y peatones continúan siendo los actores viales más afectados, concentrando más del 80 % de las víctimas fatales reportadas.
Para CODESS, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y avanzar hacia una visión más integral de la seguridad vial en Colombia.
“Los accidentes de tránsito no pueden analizarse únicamente desde el control o la sanción. Se requiere una apuesta decidida por la educación vial, la cultura ciudadana y la formación desde edades tempranas, que permita generar cambios sostenibles en el comportamiento de los actores viales”, señaló CODESS.
La entidad también advirtió sobre otros factores que aumentan el riesgo de accidentalidad, entre ellos el deterioro de la infraestructura vial, la saturación de las vías, los retrasos en proyectos de movilidad y el uso inadecuado del espacio público.
CODESS considera fundamental promover procesos permanentes de formación en normas de tránsito, convivencia y responsabilidad vial, no solo desde las academias de conducción o las obligaciones empresariales, sino también desde las instituciones educativas y los entornos comunitarios.
“El país necesita avanzar hacia una verdadera cultura de prevención. La seguridad vial debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la ciudadanía”, concluyó la entidad.
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