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El Grupo Keralty está retomando la administración de Colsanitas y EPS Sanitas, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud levantara la intervención a estas entidades. Esta transición se produce tras una decisión de la Corte Constitucional que puso fin a la intervención, la cual había sido iniciada en abril de 2024.
En detalle, Keralty, que agrupa a empresas como Colsanitas, EPS Sanitas y Clínica Colsanitas, está preparándose para asumir nuevamente la gestión de EPS Sanitas, una vez se oficialice la decisión judicial. El grupo ha anunciado que necesitará un periodo de hasta 90 días para implementar un plan de choque que atienda la emergencia operativa generada por la intervención y asegurar una transición fluida.
Además de este proceso de transición, el Grupo Keralty ha enfrentado recientes controversias, incluyendo acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, quien calificó al dueño de Keralty como «criminal» y solicitó su expulsión del país.
En respuesta, el Grupo Keralty ha anunciado medidas legales contra el presidente Petro y otros miembros de su gobierno por difamación.
En resumen, Keralty se encuentra en proceso de retomar el control de Colsanitas y EPS Sanitas, al tiempo que enfrenta desafíos legales y controversias mediáticas.
La Corte Constitucional emitió una sentencia que devuelve el control de Sanitas al Grupo Keralty después de un año de intervención gubernamental.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino Sanitas debido a presuntas irregularidades financieras y problemas de atención a los afiliados.
Según Keralty, la intervención provocó un deterioro profundo en el funcionamiento de Sanitas, incluyendo un aumento en las tutelas, fragmentación de la red de atención y desorganización de los servicios.
Keralty planea evaluar los daños causados durante la intervención y solicitará una reparación integral por los perjuicios sufridos.
El grupo empresarial también analiza la posibilidad de interponer demandas contra el Estado por los daños causados durante la intervención
Esta decisión, firmada por el propio presiente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue estudiada también por los otros ocho altos magistrados que integran la Corte.
En uno de sus apartados, la decisión señala: «revocar la sentencia del 10 de julio de 2024 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que confirmó el fallo del 30 de mayo de 2024 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Clínica Colsanitas S.A. (…) contra la Superintendencia Nacional de Salud».
Hay que recordar que, las acciones que llevaron a demandar a la Supersalud por su atribución, giró en torno a las preocupaciones de Keralty cuando señaló que dicha intervención a Sanitas provocó un deterioro profundo en el funcionamiento de la EPS.
En la tutela se señalaba que tras la administración que había tomado el gobierno de la entidad se incrementaron las tutelas, se fragmentó la red de atención y hubo una desorganizaron de los servicios que provocó un desmonte técnico y operativo de la EPS.
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