Por Mario Alberto Bedoya @doctrinas.co
Gustavo Petro pasará a la historia como el economista de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en la ESAP y los Andes, y maestría en la Javeriana, cuyas decisiones de Estado resultaron siempre más alineadas con la rigidez ideológica que con la ortodoxia académica.
Hoy, con una popularidad que ronda el 45%, hasta sus críticos más incisivos deben abonarle un mérito innegable: haber puesto lo social en el epicentro del debate gubernamental y dar visibilidad a una juventud y a unos sectores regionales que se sentían eternamente excluidos.
Sin embargo, al contrastar la reducción del desempleo y la pobreza multidimensional frente a un déficit fiscal récord, una deuda desbordada, una inflación persistente, el deterioro de la calificación crediticia con altas primas de riesgo, la parálisis de la inversión, la crisis de la salud y el retroceso en seguridad, la conclusión es ineludible: Colombia no transita por una senda económica sostenible.
La recuperación del mercado laboral, que en marzo de 2026 registró un desempleo del 8,8% frente al 9,6% del año anterior, es una verdad a medias pues esta cifra macroeconómica oculta un interrogante técnico fundamental: ¿qué tipo de empleo se está creando, con qué niveles de productividad y en qué medida depende de la chequera del Estado?
Si una parte sustancial de esta mejora proviene de la administración pública, la educación estatal o la contratación oficial, se enciende la primera alerta: el empleo financiado con déficit estructural es intrínsecamente insostenible.
Una economía realmente sana no necesita tasas de interés de política monetaria al 11,25% —como debió fijarlas el Banco de la República en marzo de 2026 para contener la presión inflacionaria del 5,1%— ni requiere un gasto expansivo desbocado para simular dinamismo. El crecimiento auténtico nace de la expansión de la inversión privada, la industria, las exportaciones y la productividad; variables hoy marchitas.
La muestra más fehaciente de este marchitamiento es Ecopetrol, otrora la joya de la corona. La estatal petrolera arrastra una caída consecutiva en sus ganancias que se consolidó al cierre de 2025 con un desplome del 39,5% en su utilidad neta, cayendo a 9 billones de pesos frente a los 14,9 billones del ejercicio anterior. Tendencia negativa que lejos de revertirse, se extendió al primer trimestre de 2026 con un retroceso adicional del 7,7% en utilidades y una preocupante disminución del 2,7% en la producción diaria de hidrocarburos.
Colombia enfrenta el déficit más peligroso de su historia reciente. Mientras el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima para 2026 un déficit total del 6,7% del PIB y una deuda neta del 60,3% —con centros de pensamiento como Fedesarrollo proyectando un descuadre de hasta el 8,1%—, el Ejecutivo sigue eludiendo un ajuste estructural que el CARF estima en unos 33 billones de pesos.
Un Estado puede gastar más durante una crisis transitoria, pero cuando el gasto se vuelve permanente y los ingresos estructurales no alcanzan, el país entra en una espiral peligrosa: más deuda, más intereses, menos inversión pública útil y la constante amenaza de reformas tributarias agresivas que ahuyentan los capitales.
Bajo el manto del discurso social, la ausencia de una arquitectura financiera sólida termina golpeando con mayor dureza a los mismos sectores populares que se pretendía proteger, pues la inflación, el dinero caro y el deterioro de los servicios públicos no discriminan.
La pérdida del grado de inversión con S&P en 2021 (al bajar de BBB- a BB+) no comenzó en este periodo, pero la actual administración no solo no ha reconstruido la confianza fiscal e institucional, sino que la ha erosionado. El riesgo país no es un concepto abstracto de «los ricos»; es una métrica que encarece el crédito para el Estado, las empresas y los hogares, traduciéndose en tasas más altas, un dólar volátil y un mayor costo de vida.
El resultado está a la vista: un desplome histórico y estructural de la inversión en Colombia, evidenciado por la contracción del 24,8% en la formación bruta de capital fijo acumulada entre 2023 y 2024, sumada a una caída del 23% en la Inversión Extranjera Directa (IED) al cierre de 2025.
A este sombrío panorama económico se agrega un alarmante regreso al pasado en materia de seguridad.
Con cerca del 70% del territorio nacional bajo la influencia de grupos ilegales, según reportes de la Defensoría del Pueblo, la denominada «Paz Total» fracasó en la consolidación del control territorial. Al suspender operaciones u ofrecer ceses al fuego sin exigir desarme efectivo ni sometimiento real, el Estado cedió espacio a la extorsión, el secuestro y la violencia política.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las estructuras armadas ilegales superaron los 27.000 integrantes al cierre del año pasado, un crecimiento del 23,5% que nos regresa a los niveles previos al Acuerdo de Paz de 2016. En este contexto de violencia recrudecida y con la sombra del magnicidio de líderes políticos, el país acude a las urnas.
El sistema de salud complementa la crisis. La reforma impulsada por el Ejecutivo ha respondido más a dogmas ideológicos que a un ordenamiento técnico. Si bien el esquema requería ajustes, la desorganización financiera provocada por las intervenciones estatales ha puesto en riesgo el acceso a medicamentos, citas y la continuidad de tratamientos. Como lo advirtió la Procuraduría, las EPS intervenidas por el Gobierno presentan hoy un peor desempeño operativo y de sostenibilidad financiera que antes de su captura.
Ante este escenario, el verdadero peligro de perpetuación en el poder no radica únicamente en una reelección presidencial directa —prohibida por la Carta Magna—, sino en una estrategia de tres frentes: el impulso a una Asamblea Constituyente como bandera electoral para rediseñar las reglas del juego democrático; la abierta presión proselitista del Ejecutivo en favor del candidato oficialista, Iván Cepeda; y la paulatina captura de los contrapesos institucionales.
Iván Cepeda encarna la continuidad de este proyecto político de tinte marxista-leninista. Aunque su discurso resulta altamente atractivo para quienes priorizan la intervención estatal y la agenda progresista, su plataforma no ofrece garantías de moderación fiscal, seguridad territorial ni respeto al libre mercado.
Colombia se encuentra ante un dilema civilizatorio y económico: elegir entre la ilusión de la igualdad mediante la intensa intervención estatal que propone el socialismo, o defender la libertad empresarial.
Es este libre juego de la oferta y la demanda el que verdaderamente eleva la calidad de vida de los ciudadanos al proveer bienes y servicios, generar empleo productivo y tributar a un Estado que en teoría debe ser eficiente y de justas proporciones.
La paradoja del legado de Gustavo Petro es que constituye, en sí mismo, un reto nacional de proporciones monumentales: defender la Constitución de 1991 sin aventuras constituyentes; recuperar la seguridad territorial sin caer en autoritarismos; ejecutar un ajuste fiscal serio; rescatar el sistema de salud sin destruir el aseguramiento; y devolverle la confianza a la inversión privada.
Mientras nos desgastamos en la polarización y el odio entre compatriotas, alimentados por eslóganes publicitarios en lugar de planes estructurados de desarrollo, el país sigue clamando por un Gobierno eficiente que combine la sensibilidad social con la disciplina fiscal y la autoridad democrática.
Un horizonte donde la corrupción sea el enemigo real a batir y la educación —libre de adoctrinamiento y sesgos ideológicos— sea el pilar de las nuevas generaciones; un rumbo que como nación, lamentablemente, hoy todavía no parecemos decididos a recorrer.
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