El secretario Marco Rubio pronunció un discurso de apertura en la Convención Nacional de Abogados de la Sociedad Federalista en el Hotel Mayflower en Washington, D.C.

EE. UU. Secretario de Estado Marco Rubio
Estoy seguro de que muchos de ustedes en esta sala conocen la historia de cómo se fundó la Sociedad Federalista.
Habían transcurrido menos de dos años del primer mandato de Ronald Reagan. Es fácil olvidarlo ahora, pero en aquel momento, todo parecía ir por mal camino.
La aplastante victoria de Reagan fue aclamada como una revolución conservadora que conmocionó y trastocó al sistema político establecido. Llegó al poder con un ambicioso mandato político, sobrevivió a un intento de asesinato y cumplió rápidamente una de sus principales promesas de campaña: una histórica reducción de impuestos; todo ello en los primeros ocho meses de su presidencia.
Pero a principios de 1982, las celebraciones dieron paso a una creciente sensación de pesimismo.
La administración Reagan se enfrentaba a su primera gran crisis política. En menos de un año, su índice de aprobación se había desplomado 25 puntos, pasando del 68% al 43%. En marzo de 1982, el presidente era cuatro puntos menos popular que su predecesor, Jimmy Carter, en el mismo punto de su mandato.
La economía se había desplomado en una recesión en toda regla. El desempleo rozaba el 10%, el peor dato en 40 años, y muchos, con razón o sin ella, culpaban al presidente. Incluso las ambiciones de Reagan en política exterior estaban perdiendo terreno, y el creciente temor a una guerra nuclear con Rusia desembocó en una revuelta popular contra sus esfuerzos por combatir el comunismo soviético en todo el mundo.
En todos los frentes, la administración —y el movimiento conservador en general— se vio repentinamente a la defensiva.
Pero en ese contexto —en medio de la moral por los suelos, la ansiedad y la desesperación— algo nuevo comenzaba a gestarse. Por entonces, no era más que una idea, que germinaba en algunas salas comunes y aulas de la facultad de derecho. Pero pronto estallaría y tomaría las riendas de la historia, transformando por completo el panorama político y jurídico estadounidense y cambiando para siempre el rumbo de la nación.
En abril de 1982, cuatro estudiantes de derecho organizaron un simposio sobre federalismo en New Haven, Connecticut. Asistieron unas doscientas personas. Uno de los ponentes, un profesor de Chicago de 46 años llamado Antonin Scalia, diagnosticó un problema fundamental ante los presentes: «Los conservadores», dijo, «han estado en clara desventaja a nivel federal durante medio siglo».
En ningún otro lugar era eso más evidente que en los tribunales.
Los republicanos habían ganado tres de las últimas cuatro elecciones presidenciales. Siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema habían sido nombrados por presidentes republicanos. Y, sin embargo, nada de eso parecía importar demasiado.
Nueve años antes, el Tribunal había emitido su infame fallo en el caso Roe contra Wade. Cinco de los siete votos a favor de la decisión fueron de magistrados nombrados por republicanos. La opinión mayoritaria fue redactada por un magistrado nominado por Richard Nixon. El conservador más consecuente de ese Tribunal, William Rehnquist, dedicó tanto tiempo a ser la única voz disidente que sus asistentes legales le regalaron un muñeco del Llanero Solitario.
En aquel entonces, solo una importante facultad de derecho del país contaba con una revista estudiantil conservadora, fundada en Harvard apenas cuatro años antes. El término «originalismo» tenía apenas dos años de antigüedad, acuñado por un profesor liberal de Stanford en un artículo escrito para criticar y refutar el concepto. Pocos años después, un magistrado en funciones de la Corte Suprema desestimaría la idea como «poco más que arrogancia disfrazada de humildad», burlándose de sus defensores, a quienes calificaba de «personas sin conocimiento de los registros históricos».
Bueno, miren a su alrededor. Sus críticos ya no se burlan.
La Sociedad Federalista contribuyó a cambiar y a hacer progresar a Estados Unidos.
Hay muchas lecciones que deberíamos aprender de su éxito.
Una de ellas es que la política, entendida correctamente, tiene un alcance mucho más amplio del que algunos parecen creer. Requiere mucho más que simplemente ganar elecciones. El gobierno no es la única fuente de poder político; el poder también reside en las universidades, la prensa, en todo el ámbito de la sociedad civil: en todas las instituciones que definen y dan forma a nuestra autopercepción.
Toda sociedad tiene una élite, una «clase dominante». En la nuestra, esa clase no reside solo en la Casa Blanca, el Congreso o los tribunales, sino también en el mundo académico, en poderosas organizaciones sin ánimo de lucro y ONG; en los consejos de administración y los altos cargos directivos de las empresas; en centros de investigación y revistas especializadas, en fundaciones y medios de comunicación, extendiéndose por los ámbitos más influyentes de los negocios, la educación y la cultura.
Esto es algo que la izquierda, durante las últimas seis décadas, ha comprendido mejor que la derecha: el carácter de esta clase social importa. Las elecciones deciden quién ocupa un cargo durante un tiempo. No deciden, por sí solas, qué enseñan nuestras instituciones, qué creen nuestros abogados, qué ideas se consideran respetables y «normales» y cuáles se descartan. El gobierno puede desempeñar, y de hecho desempeña, un papel fundamental en la configuración de estas cuestiones. Pero no puede transformarlas fundamentalmente en dos, cuatro u ocho años; ese tipo de cambio se implementa a lo largo de una generación o más, e incluso entonces, solo mediante el trabajo dedicado de una coalición de aliados, de diversas instituciones, que colaboren tanto dentro como fuera del Estado.
Las victorias de la Sociedad Federalista se basaron en esta idea: no se trata solo de colocar a buenos jueces en posiciones que interpreten la ley, sino de moldear el mundo en el que lo hacen: las normas y los valores, las ideas y las creencias, las expectativas y los supuestos que sustentan su forma de pensar, razonar y actuar.
Quién define estas cosas y con qué fin: eso es el poder.
Esto no es exclusivo del sistema legal de nuestro país. En el Departamento de Estado, hemos visto lo mismo de primera mano en el ámbito del derecho internacional.
Hemos oído invocar ese concepto —el de «derecho internacional»— contra prácticamente todas las decisiones o acciones importantes de política exterior de esta administración.
Cuando el presidente Trump ordenó a nuestras fuerzas armadas hundir barcos de cárteles en el Caribe, se nos dijo que habíamos violado el derecho internacional. El fiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional incluso nos acusó de «crímenes de lesa humanidad».
Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y lo llevaron a Estados Unidos para que compareciera ante la justicia, escuchamos la misma acusación desde los más altos niveles de la ONU.

Incluso la aplicación de nuestras propias leyes de inmigración, aquí en suelo estadounidense, ha sido objeto de este ataque. A principios de este año, grupos como la ACLU solicitaron a las Naciones Unidas que investigara las flagrantes violaciones del derecho internacional cometidas por el ICE aquí en Estados Unidos.
Durante la última década, hemos recibido un aluvión interminable de acusaciones sobre las supuestas violaciones de las normas y reglas internacionales por parte de Estados Unidos, que abarcan desde nuestra política exterior hasta el control de nuestras fronteras e incluso nuestro «racismo sistémico».
Incluso en lo que respecta al aborto: cuando el Tribunal Supremo anuló el caso Roe v. Wade en 2022, un grupo de «expertos en derechos humanos de la ONU» lo denunció rápidamente como una traición a las «obligaciones legales vinculantes de Estados Unidos en virtud del derecho internacional».
Nada de esto tiene que ver con un estándar de justicia superior. Es consecuencia de quienes controlan los órganos oficiales de la gobernanza global: la extensa red de ONG y agencias, integradas por activistas y burócratas internacionales, junto con sus patrocinadores aquí en Estados Unidos.
Para esta élite global, el “derecho internacional” no es un conjunto neutral de normas. Es un instrumento para promover sus intereses bajo el pretexto de principios universales. Son firmes defensores de la democracia, hasta que una elección en particular pone en entredicho sus intereses. Nos sermonean sobre la importancia de la soberanía, incluso mientras exigen que las naciones renuncien al control de sus fronteras y deleguen sus leyes de inmigración en tribunales internacionales no electos. Se oponen a toda forma de imperialismo, conquista y dominación, mientras buscan ejercer autoridad sobre todos los países y gobiernos del planeta.
Por eso, a principios de este año, el presidente Trump tomó la decisión sin precedentes de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal mundial no electo que pretende estar por encima de las leyes y constituciones de los estados soberanos. Los estadounidenses nunca aceptaron someterse a la autoridad de la CPI. Pero la corte y sus aliados en la burocracia global se han erigido en juez, jurado y verdugo del orden internacional, gobernando sobre todos pero sin rendir cuentas a nadie; con el poder de investigar, procesar y encarcelar a nuestros ciudadanos según leyes que ni aprobamos ni controlamos.
Desde luego, pueden intentarlo. Pero si son tan insensatos como para intentar imponer sus decretos en papel, nuestra respuesta será la misma que el general romano Pompeyo dio a quienes invocaban los estatutos de su ciudad contra sus legiones: «Dejen de citar leyes a hombres con espadas».
La instrumentalización del derecho internacional no difiere mucho de lo que hemos visto aquí en casa. Tribunales activistas que pretenden gobernar mediante órdenes judiciales, manipulando la ley para adaptarla a sus preferencias del momento. Sus aliados en el mundo académico, la prensa y la clase activista profesional. Los mismos que, apenas unos años antes, denunciaban la Constitución como un documento racista y retrógrado, escrito por esclavistas y diseñado únicamente para proteger los intereses de los hombres blancos adinerados, pero que ahora se explayan en defensa de nuestros principios de gobierno.
Para estas personas, solo existe un principio permanente y esencial en todo esto: que el propósito fundamental de la ley, tanto estadounidense como internacional, es debilitar a Estados Unidos, socavar su capacidad de acción y obstaculizar la capacidad del gobierno estadounidense para defender los intereses estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero.
Nos dicen que estamos obligados por una sagrada obligación legal a renunciar a nuestro poder, a ceder nuestra soberanía, a someternos a los caprichos de nuestros enemigos. A permitir que nuestras ciudades se sumerjan en la anarquía violenta; a dar la bienvenida a cualquier extranjero que llegue a nuestra puerta; a transformar nuestras ciudades en campos de refugiados para todo el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, también pretenden hacernos creer que debemos permitir que nuestros rivales actúen contra nosotros con impunidad; que quienes inundan nuestro país de drogas, delincuencia y muerte solo merecen una queja cortés ocasional.
No hay nada en nuestra historia —ni en la de ninguna otra gran nación— que nos obligue a reconocer la autoridad o legitimidad de estas ideas. Todo lo contrario: no solo son ajenas a nuestras tradiciones políticas y jurídicas, sino que son ajenas a nuestra propia identidad. Constituyen un ataque a nuestro carácter esencial, un rechazo a las cualidades e instintos que han definido a los estadounidenses desde antes de la fundación del país.
Estados Unidos siempre ha sido una nación de ambición incontenible, una ambición que, desde sus inicios, se extendió mucho más allá de sus fronteras. Los límites y las fronteras estrechas nunca fueron nuestro destino. Incluso la Revolución Americana fue impulsada, en parte, por la ira de nuestros antepasados ante las restricciones británicas a nuestra expansión hacia el oeste, una queja citada en la propia Declaración de Independencia.
La historia de nuestra nación y de nuestro pueblo rebosa de un ansia de expansión, de crecimiento, de exploración y conquista, de reclamar nuevas fronteras. Esto se evidencia en el párrafo inicial de los Papeles Federalistas, donde Hamilton anuncia a sus lectores que el debate sobre la ratificación decidiría «el destino de un imperio, en muchos sentidos el más interesante del mundo».
No somos un pueblo pasivo y ensimismado. Someternos a la visión estéril de jueces radicales o burócratas globales sin alma sería traicionarnos a nosotros mismos.
La verdadera América —la nación que existe en el texto de nuestros documentos fundacionales, en la historia de nuestro pueblo, en la conducta de los hombres que transformaron colonias remotas en la mayor superpotencia del mundo— siempre estuvo destinada a ir más allá: a ser más grande, más fuerte, más que todo lo anterior. Nuestras leyes, nuestra Constitución, nuestras normas jurídicas y tradiciones políticas se desarrollaron precisamente por ello, no a pesar de ello.
Este es el verdadero genio estadounidense para el autogobierno. La estructura única y distintiva de nuestra Constitución —que combina una libertad e independencia extraordinarias con una fuerza igualmente notable para la acción colectiva— es la expresión de esas características e instintos. Nuestras instituciones se desarrollaron para organizar y canalizar nuestra ambición, no para sofocarla. Nuestras leyes fueron escritas por y para un pueblo llamado a lo más alto y a lo más alto, hacia las estrellas.
Desde sus inicios, Estados Unidos estuvo en constante movimiento: vivo, dinámico, en expansión; una nación que avanzaba por un continente, colonizando tierras, construyendo ciudades, tendiendo carreteras y ferrocarriles, sometiendo la naturaleza salvaje y pintando una gran civilización sobre el lienzo de un mundo nuevo.
En 1776, nuestra nueva república estaba formada por trece estados agrupados a lo largo de la costa este y un puñado de puestos fronterizos dispersos justo más allá de los Apalaches.
En 1848, tan solo setenta y dos años después, la bandera estadounidense ondeaba sobre un imperio continental que abarcaba casi tres millones de millas cuadradas, desde las ciudades orientales de Boston y Nueva York hasta los puertos de la bahía de San Francisco.
Un niño que hubiera nacido el año en que declaramos nuestra independencia podría haber vivido para ver cómo su país se extendía desde la costa atlántica hasta la del Pacífico.
Y a medida que nuestro territorio se expandía, nuestros horizontes no hacían más que crecer; apenas llegamos al extremo occidental de Oregón, comenzamos a construir nuevos sistemas, redes y tecnologías que se extendieron por todo el mundo; abriendo canales a través de continentes que reescribieron las reglas de la geografía; y forjando satélites y naves espaciales que llegaron más allá de los límites de la propia Tierra.
Nada de esto ocurrió por casualidad. Cuando nuestros antepasados llegaron a Norteamérica, no había fábricas, ni ferrocarriles, ni rascacielos. Estas cosas existen solo porque las construimos, porque actuamos sin miedo ni dudas morales y superamos todo lo que nos amenazaba o se interponía en nuestro camino.
Pero hoy se nos dice que la era de las grandes naciones que persiguen grandes destinos ha terminado. Que no podemos actuar ni imponernos al mundo. Que debemos entregar nuestros sueños al consenso de tribunales lejanos y someternos a nuestro lugar como una nación más entre muchas. Que debemos acostumbrarnos a una decadencia cómoda y silenciosa.
Se nos dice que nuestra determinación de actuar en nuestro propio interés, según nuestros propios términos, es un ataque al «orden universal basado en normas». El propio presidente no puede ejecutar la política exterior de Estados Unidos, ni restringir el comercio o la inmigración, ni siquiera examinar la forma en que gastamos los impuestos de nuestros ciudadanos en el extranjero, sin enfrentarse a la furia de abogados internacionales, juristas, ONG y burócratas de la ONU que condenan sus amenazas a los valores y normas globales.
Todo esto, tanto a nivel nacional como internacional, es producto del espíritu igualitario y pesimista de la época. Nos incita a renunciar a la responsabilidad de nuestro propio destino y a liberarnos del peso de la grandeza, buscando refugio en las brillantes generalidades del «derecho internacional».
Aunque derrotamos la institución del comunismo soviético, no vencimos el espíritu de Marx. Este pervive en estas nuevas formas y doctrinas, que pretenden subordinar la voluntad nacional al consenso servil del mundo. El marxismo, en su expresión tradicional, buscaba abolir las distinciones entre los hombres; los radicales de nuestro tiempo buscan abolir las distinciones entre las naciones mismas.
La cuestión fundamental de nuestro tiempo es si los estadounidenses tienen el derecho moral de existir como nación y pueblo distintos, y, por lo tanto, de exigir un gobierno que defienda y promueva nuestros intereses. Quienes afirman que vivimos en «tierra robada», que nuestra nación se fundó y construyó sobre la esclavitud, el genocidio y la opresión, nos están diciendo claramente que no creen que lo tengamos.
Pretenden hacernos creer que Estados Unidos —y, en general, Occidente— carga con una culpa singular; una culpa que solo podemos expiar mediante la rendición total. Abriendo nuestras fronteras, renunciando a nuestras leyes, aislándonos del mundo y permitiendo que transformen nuestra sociedad a su imagen y semejanza.
Ahora, y en los años venideros, debemos comprender que esto es lo que está en juego en nuestra lucha política. Debemos recordar que esto es lo que muchos en las universidades, en los tribunales o en las instituciones gubernamentales realmente creen. Tan recientemente como en 2021, tuvimos un presidente que nos dijo que el odio estaba sistemáticamente «arraigado… en nuestras leyes y nuestra cultura».
Pocos, si acaso alguno, han renunciado a esas ideas. Sus convicciones fundamentales no han cambiado. En los próximos meses, podemos esperar oír hablar mucho de su profunda preocupación por la Constitución, la ley, los principios y axiomas de la justicia; pero esa preocupación parece manifestarse únicamente cuando puede utilizarse como obstáculo o arma para promover sus intereses.
La política —tanto en Estados Unidos como a nivel internacional— no es un mercado de ideas donde interlocutores de buena fe puedan debatir y razonar juntos, y donde siempre prevalezca el mejor argumento. La persuasión es fundamental. Pero no todos son siempre persuadibles. La lección de la Sociedad Federalista es que la victoria requiere algo más que buenos argumentos. Se logra mediante instituciones, redes y sistemas, centrados en un objetivo común, capaces de moldear y ejercer influencia. La larga trayectoria de esta organización a través de las instituciones jurídicas estadounidenses fue llevada a cabo por hombres y mujeres armados no solo con ideas, sino también con ambiciosos planes de acción: cultivar y reclutar a las mentes jóvenes conservadoras más prometedoras de su generación, canalizarlas hacia el poder y llevar su causa desde las aulas hasta los tribunales más altos del país.
Quienes creen que un revés, una derrota, una mala elección suponen el fin de la república deberían inspirarse en su ejemplo.
Es la misma lección que está escrita en la esencia misma de nuestra historia, incluso en la Revolución misma.
Con demasiada frecuencia, narramos la historia de la independencia estadounidense como un triunfo inevitable y seguro, como si Washington y el Ejército Continental estuvieran predestinados a la victoria. Quienes estudian nuestra historia saben que nada más lejos de la realidad. El primer año de la Revolución fue una sucesión casi ininterrumpida de derrotas devastadoras y humillantes. Para diciembre de 1776, Washington contaba con menos de 3000 hombres aptos para el servicio: cojos, hambrientos, congelados y enfermos, en una retirada desesperada, con el imperio más poderoso de la época pisándoles los talones.
En todas las colonias, el espíritu revolucionario parecía estar desmoronándose. Miles de estadounidenses aceptaron el indulto británico y renovaron su lealtad a la Corona. Hombres que meses antes habían aclamado la causa de la independencia se resignaron a lo que parecía una derrota inevitable.
Ese mes, Washington le escribió una carta a su hermano. A menos que algo cambiara pronto, escribió, «creo que el juego está a punto de terminar».
Concluyó su carta con estas palabras: «Usted, desde la distancia, no puede hacerse una idea de la complejidad de mi situación. Creo que nadie jamás ha tenido más dificultades que yo y menos posibilidades de salir de ellas. Sin embargo, convencido de la justicia de nuestra causa, no puedo sino pensar que el panorama mejorará, aunque por ahora, por razones sensatas, se encuentre envuelto en la incertidumbre».
Tenía razón. Cinco años después, Washington y sus aliados franceses rodearon al ejército británico en Yorktown. Cornwallis se rindió. Y la Revolución triunfó.
Nos queda mucho por hacer: en los próximos dos, seis, veinte años. Las grandes obras que perduran se construyen en décadas, no en ciclos electorales. Habrá más victorias y más derrotas; más triunfos y más decepciones. Esta es la naturaleza de toda empresa de esta envergadura. No hay grandes hombres ni grandes causas en nuestra historia que no hayan sufrido lo mismo. Pero estamos convencidos de la justicia de nuestra causa; y nosotros también triunfaremos al final.