A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados. Defender los derechos humanos continuaba siendo una labor sumamente arriesgada. La situación de las personas venezolanas seguía siendo alarmante, especialmente en relación con el acceso al asilo y refugio o las alternativas de regularización migratoria. El acceso al aborto seguía presentando barreras, pese a llevar años despenalizado.
INFORMACIÓN GENERAL
La mayoría de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado. La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue suspendida por el gobierno en enero; las que se mantenían con el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia no se reanudaron, mientras que sí prosiguieron las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comuneros del Sur.
El gobierno continuó también con los “diálogos sociojurídicos” con grupos que actuaban en las ciudades de Quibdó, Medellín y Buenaventura e inició uno con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en Qatar.
A pesar de lo avanzado de algunos de los procesos y de la presentación de un proyecto de ley por parte del gobierno en julio, las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras.
En junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció la reducción de su presencia en el país debido a una disminución de los recursos provenientes de la cooperación internacional destinados a garantizar el mantenimiento de la misión.
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
A pesar de las negociaciones de paz y los “diálogos sociojurídicos”, la violencia armada continuó en el país. Las confrontaciones entre los grupos armados y entre éstos y las fuerzas armadas y de seguridad se tradujeron con frecuencia en violaciones del derecho internacional humanitario. En mayo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que, de continuar la tendencia de aumento de la violencia y su impacto en las comunidades, los indicadores humanitarios de 2025 serían los peores de los últimos 10 años.
Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Se intensificaron las disputas por el control territorial, social y económico y la fragmentación de los grupos armados. La Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre estos —el doble que al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro— y documentó un aumento de los combates entre grupos armados y las fuerzas militares y de seguridad.
De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), durante el año se documentaron 139 casos de desplazamiento forzado de carácter múltiple y masivo que afectaron al menos a
90.282 personas. La misma organización también registró 80 confinamientos y restricciones a la movilidad humana que afectaron por lo menos a 235.345 personas. La escalada de violencia en la región del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y el EMBF obligó a desplazarse a más de 82.000 personas entre enero y septiembre. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia registró, entre enero y noviembre, 196 hechos relacionados con el conflicto armado que afectaron directamente a al menos 364.382 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 172 fueron víctimas de reclutamiento.
Según la OCHA, durante 2025, al menos 7.728 personas se vieron afectadas o fueron víctimas por diferentes artefactos explosivos. Asimismo, diversos grupos armados aumentaron el uso de drones para realizar ataques con explosivos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró el asesinato de 39 excombatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz de 2016. En septiembre, la Corte Constitucional determinó que la situación de seguridad de las personas firmantes de ese acuerdo seguía siendo crítica.
DISCRIMINACIÓN
Los desplazamientos múltiples y masivos afectaron principalmente al campesinado y a las poblaciones rurales, que, según CODHES, concentraban cerca del 90% de las víctimas, y a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que representaban el 10%. Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las víctimas.
En junio, el Centro de Investigación y Educación Popular denunció la persistencia de un aparato de control territorial por parte del EGC en la cuenca del río Atrato, en el departamento del Chocó. Según esta organización, el ejercicio del poder acumulado debilitaba los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que habitaban la región históricamente.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Programa Somos Defensores documentó 509 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos cometidas entre enero y septiembre. También señaló que, entre julio y septiembre, se había registrado un promedio de 1,67 agresiones diarias y que, aunque esta cifra suponía una reducción del 25% frente al mismo periodo de 2024, se preveía que 2025 superara a los dos años anteriores en número total de ataques.
En febrero, un grupo de personas defensoras de derechos humanos que habían huido de Venezuela para asentarse en Colombia denunció la existencia de un ambiente hostil para continuar con su labor en el país. En octubre, los defensores de derechos humanos Luis Peche y Yendri Velásquez —este último también solicitante de la condición de refugiado e integrante de Amnistía Internacional— sufrieron un atentado grave en Bogotá.
Creció la estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos. En marzo, el presidente Petro declaró que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban “subordinadas” a los grupos armados que operaban en la zona2 y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase. Meses después, diversas organizaciones denunciaron la persistencia de una campaña de estigmatización en su contra en las redes sociales. En septiembre, el grupo armado Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estigmatizó directa y públicamente al Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), afirmando que estaba involucrado en las acciones de otros grupos armados. La continuidad y escalada del ataque contra CISCA y otras organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos generaba preocupación sobre su situación de riesgo y las barreras que enfrentaban en el ejercicio de sus actividades.
La Mesa Nacional de Garantías, espacio de concertación entre el Estado y la sociedad civil para las personas defensoras, se reunió tres veces durante el año. Desde enero, las plataformas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que participaban en la Mesa alertaron sobre la falta de avances en la concertación de medidas de seguridad y participación para la defensa de los derechos humanos, así como sobre la fragmentación de la respuesta institucional. Al finalizar el año seguía pendiente la expedición y puesta en marcha de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.
DESAPARICIONES FORZADAS
Entre enero y mayo, el CICR documentó 136 casos nuevos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados, entre ellas 26 niños, niñas o adolescentes.
En junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima a Yanette Bautista y, en una decisión sin precedentes, reconoció su labor como mujer buscadora de víctimas de desaparición forzada. Yanette falleció en septiembre, dejando un legado de defensa de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de las mujeres que las buscaban.
Se continuó discutiendo la reglamentación de la Ley 2364 de 2024, por medio de la cual se reconocía y protegía de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, pero al finalizar el año no se había aprobado.4 En el marco de la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda, también avanzaron las conversaciones para la adopción de una política pública integral de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Entre enero y septiembre, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas había encontrado a 111 personas con vida, recuperado 1.161 cuerpos, entregado 762 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y realizado 166 actos de entrega digna de cuerpos y “encuentros para la verdad” con familiares.
En enero se inició la búsqueda de restos de personas víctimas de desaparición forzada en el estero San Antonio —en aguas del océano Pacífico—, ubicado en la ciudad de Buenaventura. También se hallaron restos en un sector de Medellín denominado La Escombrera y en unas instalaciones del Ejército Nacional en Bogotá donde había operado el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia conocido como Batallón Charry Solano o Brigada XX.
DERECHO A VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
En enero, después de más de veinte años de litigio y negociación, el gobierno llegó a un acuerdo con la Comunidad de Paz de la vereda San José de Apartadó, que incluyó compromisos institucionales en materia de reconocimiento y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En abril se constituyó formalmente la Comisión de Evaluación de Justicia —presidida por la Defensoría del Pueblo— y en junio el presidente Petro pidió disculpas públicas por las violaciones de derechos humanos que los integrantes de esa comunidad habían sufrido durante años.
En septiembre, la JEP emitió sus dos primeras sentencias. En el primer fallo, condenaba a siete excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) a cumplir ocho años de sanciones propias por su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la implementación de una política de secuestros entre 1993 y 2012. En el segundo, condenaba a cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional a cumplir entre cinco y ocho años de sanciones propias por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005. En ambos casos, las personas condenadas ya habían reconocido su responsabilidad por los hechos.
Antes y después de que se dictaran las sentencias, diversos actores, incluida la misma JEP, alertaron sobre las deficiencias en la financiación y puesta en marcha de la infraestructura requerida para la correcta ejecución del componente restaurativo de las sanciones propias. Por otro lado, el alcance del componente retributivo de estas sanciones también fue criticado por su falta de claridad en la ejecución y respecto a la compatibilidad con otras actividades de las personas condenadas.
La JEP presentó nuevas imputaciones contra exintegrantes de las FARC-EP por su participación en crímenes asociados a la política de secuestro en distintas regiones del país, por el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y por los ataques contra la población civil cometidos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Asimismo, formuló cargos contra exintegrantes de las fuerzas militares y de seguridad por casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en el departamento de Antioquia. Finalmente, renunció a la persecución penal de 16 integrantes de las fuerzas militares y de seguridad por no ser considerados máximos responsables en las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en los departamentos de Meta y Santander.
Continuaron las disputas entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria en investigaciones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA
La impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas continuó, aunque se registraron avances en algunos casos. En junio fue condenado en primera instancia un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional por el homicidio de Juan Carlos León Acosta durante las protestas del paro agrario de 2013. Además, seguía pendiente la decisión de casación de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena en dos instancias de otro integrante del ESMAD por el homicidio de Nicolás Neira el 1 de mayo de 2005 en Bogotá durante una protesta; la familia de Nicolás continuaba denunciando la impunidad evidenciada en el caso, que llevaba veinte años sin resolverse por completo.
En junio se publicó la Resolución 1840, por la cual se adoptaba un manual de empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales para la Policía Nacional. La iniciativa de la sociedad civil Mesa por la Reforma Policial destacó el avance significativo que suponía en cuanto a la claridad técnica, operativa y protocolaria del uso policial de estas armas. Aun así, advirtió sobre los riesgos y limitaciones de la regulación, especialmente en los criterios para la adquisición y el uso de las armas menos letales, la insuficiencia de los mecanismos independientes de supervisión y la ausencia de un enfoque étnico-racial.
Seguía pendiente la puesta en marcha de una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En octubre, la Comisión de Regulación de Comunicaciones envió una carta a distintos medios de comunicación requiriendo información, solicitando documentos internos sobre sus procesos editoriales y advirtiendo sobre posibles sanciones administrativas en caso de no recibir respuesta. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su preocupación al considerar que existían serias dudas sobre estos requerimientos, así como por lo que suponía de intromisión en el ámbito protegido por la libertad de prensa.
La FLIP registró 468 ataques contra la prensa durante el año, entre ellos 191 amenazas contra periodistas, 61 casos de estigmatización, 26 hechos de acoso judicial y un asesinato. También se documentaron una tentativa de homicidio, 15 desplazamientos forzados y siete casos de exilio.
DERECHOS DE LAS MUJERES
En enero, el presidente sancionó la ley que establecía la posibilidad de divorciarse con la voluntad de sólo uno de los cónyuges.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 609 feminicidios entre enero y septiembre, frente a los 662 que se habían documentado en el mismo periodo del año anterior. Pese a esta leve reducción, el número de feminicidios resaltaba la persistencia de la violencia contra las mujeres en el país y la necesidad de aplicar más y mejores medidas para erradicarla.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES
La organización no gubernamental Caribe Afirmativo documentó la comisión de 85 hechos graves de violencia contra personas LGBTI en el país, que afectaban principalmente a gays (39 casos) y mujeres trans (32 casos), así como un incremento sostenido de las amenazas y acciones de intimidación de grupos armados contra esa población.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La actualización de la política nacional sobre derechos sexuales y reproductivos seguía pendiente, y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres insistió en que persistían las barreras para acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025 detallaba algunas de las barreras que dificultaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que destacaban el que los equipos de salud hicieran cambiar de decisión a las mujeres (34,3%), la falta de información completa y oportuna (21,1%) y la demora por parte de la institución de salud en programar el procedimiento (16,2%).
DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES
La Defensoría del Pueblo, en conjunto con sus organismos homólogos en Panamá y Costa Rica, informó que el paso irregular de personas hacia el norte de las Américas se había reducido un 97% entre enero y agosto. Durante el mismo período, se registró un aumento significativo de la migración hacia el sur. Pese a este cambio en la dinámica de movilidad humana, estas instituciones señalaron la persistencia de la violencia en las rutas migratorias y las fronteras, así como el alto grado de control que ejercían las redes de tráfico de personas que actuaban en los tres países.
En abril, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes señaló que a principios de año se habían registrado unas 75.000 solicitudes de asilo, de las cuales 29.305 seguían pendientes de resolución. Según la información de que disponía el experto, el plazo medio de tramitación de una solicitud de asilo era de entre tres y cuatro años, lo que le llevó a afirmar que Colombia carecía de un sistema de asilo eficiente.
En agosto, el portal oficial de la agencia gubernamental Migración Colombia informaba de la presencia de 2.831.561 personas venezolanas en el país, de las cuales 484.658 se encontraban en situación migratoria irregular. Estas cifras, que mostraban un aumento de la entrada en el país de personas que contaban con el permiso de ingreso y permanencia, revelaron que la migración venezolana hacia Colombia no se había detenido, sino que persistía bajo modalidades de regularización migratoria temporales, inaccesibles para muchas personas y sin mecanismos de protección acordes con la realidad de quienes huían de Venezuela.
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
En enero, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar un estado de cosas inconstitucional por el deterioro del sistema de seguridad social en salud, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió en marzo que se garantizaran los derechos de quienes acudían a los servicios de salud. Los debates sobre la necesidad de incrementar y hacer más eficiente la inversión pública en salud continuaron durante todo el año.
En junio y julio entraron en vigor una reforma laboral y otra sobre las pensiones, con efectos sobre el disfrute de diversos derechos económicos y sociales. La reforma sobre las pensiones seguía pendiente de la decisión de la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad al finalizar el año.