La industria minera colombiana atraviesa un momento decisivo; de acuerdo con el Boletín Estadístico Minería en Cifras de la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la inversión extranjera directa en minas y canteras cayó un 31% en el primer trimestre de este año, reflejando un entorno de menor dinamismo, dificultades en la ejecución de proyectos y señales de incertidumbre para los inversionistas.
A esto se suma la disminución de la demanda nacional de materiales de construcción, que entre 2022 y 2025 ha caído cerca del 18%. Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (ASOGRAVAS), esta es una tendencia que limita la actividad constructora y pone en evidencia la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura 5G para dinamizar el consumo interno de materiales, mejorar la conectividad y reactivar el sector.
“Estas cifras reflejan un punto de ajuste para el sector, en el que confluyen factores globales y locales como los cambios en la matriz energética, la evolución de los estándares de sostenibilidad y las nuevas expectativas de gobernanza. Más que una alerta, son un recordatorio de la necesidad de fortalecer la planificación, la estabilidad y la confianza para que la minería siga siendo un motor de desarrollo en el país”, explica Camilo Tovar, Docente del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado y Consultor Jurídico de Team Consultor.
Entre los factores que han influido en el comportamiento del sector se encuentran la ralentización de la ejecución de obras públicas, la falta de claridad regulatoria y los desafíos ambientales y sociales en los territorios mineros, un conjunto de elementos que ha generado un entorno más exigente para las empresas.
Con este panorama sobre la mesa, el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se presenta como una hoja de ruta clave para recuperar el crecimiento de la industria y proyectarla hacia una etapa de transformación sostenida en el tiempo.. El documento propone un nuevo enfoque de política pública que busca equilibrar la productividad con la responsabilidad social y ambiental, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños y medianos productores, la diversificación de la matriz minera y la generación de valor agregado en los territorios.
También plantea fortalecer la planificación geológica, la seguridad jurídica y la capacidad institucional, tres ejes que resultan esenciales para atraer inversión responsable y mejorar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades. A través de una visión de largo plazo, el plan promueve una minería más inclusiva, participativa y conectada con las necesidades regionales, reconociendo que la sostenibilidad sólo será posible si el desarrollo llega de manera equitativa a los territorios.
“Este plan representa una oportunidad para reconfigurar la relación entre la minería, el desarrollo y la sostenibilidad. Si logramos que sus lineamientos se traduzcan en acciones coordinadas entre el Estado, las empresas y las regiones, el país podrá consolidar un modelo minero que genere valor económico y social de forma equilibrada”, añade Tovar.
Finalmente, el XXV Congreso Nacional en Derecho Minero-Energético, organizado por la Universidad Externado de Colombia los días 13 y 14 de noviembre, será el escenario para analizar estas oportunidades y desafíos. El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado y académicos que debatirán sobre el papel del plan y los caminos que pueden consolidar una minería moderna, competitiva y sostenible para el país.
También puede leer: