Por Álvaro Ayala
No se le puede dar libertad a quien la usa para matar, dicen en la calle. En Colombia la impunidad hace al sicario. Hace falta una ley congruente con estos tiempos modernos y violentos. Darles beneficios a los delincuentes de alta peligrosidad es condenar a las víctimas y a quienes se portan bien.
Las leyes blandas convirtieron al país en una fábrica nacional de asesinos para nutrir las organizaciones criminales y terroristas. Los Estados débiles hacen malhechores fuertes. La alta tasa delincuencial adolescente y juvenil es un fenómeno social que merece una ley de punto final. No en el sentido de perdonar algunos delitos. Todo lo contrario. Es para impedir que monstruos maten y no paguen cárcel. Para que dentro de tres años cuando cumpla la mayoría de edad, al gatillero de Miguel Uribe, lo envíen los 57 años restantes a una cárcel de alta seguridad. Ese indolente cuando salga volverá a matar. Es una bestia. Lo dijo en la indagatoria la mujer capturada, se buscó un asesino con experiencia.
En tiempos de paz se legisla para la paz y en tiempos de sicarios se legisla contra sicarios. Llevamos muchos años premiando y no castigando tan horroroso delito. Es hora de acabar con esa fracasada política. No se puede tener compasión con los menores sicarios. Esos sujetos no sienten remordimiento y no temen a Dios, a la ley ni a la sociedad. Por tener dinero para comprar un teléfono celular de marca matan al que sea. Son tan peligrosos que atacan a un personaje con escoltas y seguridad.
A esta hora el sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay, duerme y come tranquilamente en una celda segura del búnker de la fiscalía en Bogotá. Además, le tienen agentes del CTI para que lo protejan las 24 horas y hasta cámaras de vigilancia. Al » angelito » hay que cuidarle hasta el rostro para que los medios de comunicación y la gente no lo identifiquen. Eso es humillar a un país y al propio senador Miguel Uribe. De ñapa solicitó que le cuidaran la abuela que vive en Suba. No es culpa de la fiscalía, la ley la obliga a darle ese trato. ¿Tendrán que le suministrarle celular con datos ilimitados para chatear?
La laxa norma la aprovechan jurídicamente las bandas delincuenciales. También las penas irrisorias y simbólicas para los menores de 18 años. Pena proporcional con el daño causado por menores es la consigna de una ley en ese sentido. Cero impunidades tienen que ser el espíritu de la norma, si queremos acabar con semejantes monstruos que todos los días cometen ese tipo de fechorías y causan miedo a la población decente. Hay criminales que ni en la cárcel quedan bien.
Es imperativo preocuparse por ese fenómeno social tan grave y peligroso. Incluso, no esperar hasta el próximo gobierno para su trámite en el Congreso de la República. No estamos proponiendo modificar la ley por el caso Miguel Uribe. Lo hacemos porque son múltiples los ataques graves contra la integridad de las personas en donde un menor es el autor.
Es urgente acabar con la impunidad garantizada y legalizada para los menores de edad.
Se volvió costumbre que las bandas criminales usen menores de edad como delincuentes porque tienen el «éxito» asegurado. Si los pillan los envían a un hogar de paso hasta que cumplan 18 años y chao, » pa la calle».
En las sociedades actuales las costumbres mutan y se modifican. En ese orden las leyes deben evolucionar.
Hace muchos años, desde los tiempos de Pablo Escobar, los menores de edad son las herramientas preferidas para cometer los atentados.
Se ha vuelto cotidiano matar como profesión, mientras ejecutivo y legislador lo ven como parte del paisaje.
En esta coyuntura tan dolorosa sería útil bautizar con el nombre de una víctima la ley para atacar el fenómeno sicarial. La Ley Miguel sería un buen motivo y un bonito homenaje.
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