El mercado ilegal de partes y piezas motrices mantiene una dinámica preocupante en Colombia. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), entre enero y julio de 2025 fueron hurtadas 19.638 motocicletas, 5.100 vehículos y 2.900 autopartes, con un impacto económico estimado de $410.000 Millones.
A este panorama se suma el contrabando: según la DIAN, el 10% de los repuestos que ingresan al país lo hacen de forma ilegal. Sobre un total importado de US$2.600 millones en 2024, cerca de US$260 millones habrían entrado por canales irregulares. Estas cifras reflejan un mercado paralelo que erosiona el tejido empresarial formal, deteriora la seguridad vial y golpea el bolsillo de los colombianos.
“El circuito ilegal inicia con el hurto, se alimenta del contrabando y termina compitiendo deslealmente con el comercio formal. El resultado es doblemente grave: mayor riesgo en las vías por piezas sin certificación y menos empleo de calidad en talleres, distribuidores y fabricantes que cumplen la ley”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, Asociación del Sector Motriz y sus Partes.
Los datos operativos, según la Asociación, reportan mayor afectación en vehículos Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda; mientras que en motocicletas, Bajaj y AKT concentran gran parte de los casos. En cuanto a autopartes, los espejos laterales, las unidades de control electrónico (ECU) y las llantas figuran entre los componentes más apetecidos por estructuras criminales por su alta rotación, facilidad de comercialización y márgenes atractivos en el mercado ilegal.
“El impacto es transversal: desplaza ventas, reduce el flujo de caja, encarece los seguros y frena la inversión en inventarios y tecnología. Cada pieza robada o de contrabando es una venta menos para el comercio legal; eso se traduce en menos capacitación técnica, menos innovación y menos puestos de trabajo formales en la cadena del aftermarket”, agregó el ejecutivo.
Asopartes, además, lanza una alerta ante casos recientes como el hurto ocurrido el 24 de agosto en Bogotá, donde fueron sustraídas 986 baterías Willard en una bodega en Bogotá que pertenece a la compañía “Peláez hermanos”. Este hecho no solo generó pérdidas de aproximadamente $800 millones, también evidenció la capacidad de estas redes criminales para movilizar volúmenes significativos de repuestos en el mercado ilegal.
Ante este panorama, la asociación propone un plan de acción contra la ilegalidad con cinco ejes estratégicos:
● Control y trazabilidad: reforzar inspección, vigilancia y control (IVC) en frontera, bodegas y comercio minorista, y masificar la trazabilidad por serial en partes críticas.
● Compras seguras: promover la verificación de origen y la certificación técnica bajo normas internacionales en cada transacción.
● Judicialización efectiva: priorizar la receptación de autopartes y desmantelar las cadenas de distribución ilegal.
● Cultura del repuesto legal: impulsar campañas ciudadanas, un sello de confianza en puntos de venta y listas blancas de proveedores certificados.
● Empleo y capacitación: proteger la empleabilidad con programas de formación técnica (diagnóstico electrónico, ADAS, seguridad activa) y promover compras públicas que favorezcan a proveedores formales.
En el primer semestre de 2025 se registró un aumento en el robo y decomiso de autopartes de alta rotación, sobre todo en zonas urbanas donde circulan muchas motocicletas. Para enfrentar este problema, Asopartes trabaja junto a las autoridades haciendo un seguimiento constante, con el fin de medir cómo crece el mercado ilegal según el tipo de pieza, la marca y la ciudad.
La lucha contra el mercado ilegal de autopartes es, en última instancia, una apuesta por la seguridad vial, la protección del empleo formal y la sostenibilidad de la industria. “Defender la legalidad es también defender el bienestar de los colombianos y la competitividad del sector motriz en el país”, concluyó Pineda Osorio.
Asopartes insiste en que combatir este circuito ilegal requiere una estrategia integral que combine la acción del Estado, la responsabilidad de los consumidores y el compromiso del sector privado. Por eso, comprar en el canal formal es la herramienta más poderosa para restarle fuerza al delito, pues cada transacción legal se traduce en más empleos, más innovación y mayores aportes a la economía formal.
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