La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar – Fecoljuegos, como gremio que representa a los operadores legalmente autorizados del país, da a conocer su posición técnica frente a la intención del Gobierno Nacional de mantener de manera permanente el impuesto del 19 % sobre los depósitos realizados en las plataformas de apuestas en línea. Esta postura parte del análisis especializado sobre los impactos económicos y estructurales que esta medida genera en la sostenibilidad del sector y en su capacidad de aportar al desarrollo del país desde la legalidad y la formalización.
El IVA del 19 % aplicado a los depósitos en las plataformas de apuestas en línea parte de una base ficticia, no de una variable real del negocio. Es comparable a aplicar este impuesto sobre los depósitos realizados en el sector financiero. El dinero entra al sistema, se reutiliza varias veces, pero no constituye en sí mismo un valor agregado ni un ingreso patrimonial para el intermediario financiero.
En el caso del juego online, los depósitos de los usuarios se convierten en dinero digital apostado (turnover), que se recicla en promedio unas seis veces. De ese turnover, aproximadamente el 94 % retorna a los jugadores en forma de premios. El verdadero ingreso real del operador, el que efectivamente incrementa su patrimonio, es cercano al 6 %, conocido como GGR (Gross Gaming Revenue). Es sobre este valor agregado, y no sobre los depósitos, que se debería calcular cualquier carga tributaria que pretenda ser técnicamente justa y sostenible.
El estimativo inicial de recaudo con esta medida era de 1,2 billones de pesos anuales, o cerca de 1 billón en diez meses. Sin embargo, se trata de un recaudo artificial y engañoso, porque parte de una base que no corresponde al valor agregado real del sector. En la práctica, este diseño tributario destruye los márgenes operativos, pues un depósito de $100 deja $84 reales para jugar, se recicla seis veces y genera un ingreso de apenas $30,2 para el operador. Frente a esto, el IVA pagado por el usuario ($16) equivale al 52,8 % del ingreso real, que sumado al 15 % de derechos de explotación lleva la carga impositiva efectiva al 67,8 %, sin contar renta, parafiscales y demás tributos.
Este nivel de presión es financieramente insostenible. Si se trasladara al usuario, se perdería competitividad frente a operadores internacionales que no enfrentan estas cargas y que ofrecen mejores cuotas, medios de pago globales o incluso criptomonedas. Y si lo absorbe el operador, se compromete directamente la sostenibilidad de la operación legal, dejando un terreno fértil para que crezca la ilegalidad.
Por lo tanto, el país debe repensar el esquema del IVA en este sector, corrigiendo la base sobre la cual se calcula el impuesto y enfocándolo realmente en el valor agregado del negocio, que es el ingreso operativo de los operadores online. Solo así se protege la legalidad, la competitividad y los recursos que efectivamente se destinan a la salud pública.
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