La incertidumbre regulatoria y los retrasos en los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa representan grandes desafíos para la ejecución de proyectos de infraestructura, el desarrollo energético y la competitividad de Colombia. Aunque estos mecanismos buscan proteger el medioambiente y los derechos de las comunidades, las dificultades en su aplicación, la falta de coordinación institucional y la ausencia de plazos efectivos pueden traducirse en mayores costos y demoras para la inversión.
Precisamente, estas temáticas fueron el punto de partida del evento “Consulta previa, licencias ambientales y seguridad jurídica”, organizado por Posse Herrera Ruiz y Fedesarrollo. Allí, distintos líderes analizaron cómo mejorar la previsibilidad de estos procedimientos sin debilitar sus objetivos de protección. El encuentro, realizado el pasado lunes 26 de octubre, inició con el análisis de un eje central: cómo las deficiencias en la formulación y aplicación de las normas inciden en el desempeño económico del país.
Al respecto, se evidenció que a los retos logísticos (Colombia ocupa el puesto 92 entre 140 países en esta materia) se suman trámites adicionales que pueden prolongar hasta 800 días los procesos de licenciamiento, así como diferencias en la capacidad técnica de las autoridades ambientales regionales para evaluar proyectos de distinta escala.
En este contexto, Erika Serrano Rojas, socia del área ambiental de Posse Herrera Ruiz, advirtió sobre las dificultades que surgen cuando la consulta previa se desvirtúa de su propósito fundamental de proteger los derechos de las comunidades. Además, llamó la atención sobre el fenómeno de la «etnización», mediante el cual juntas de acción comunal o comunidades sin rasgos étnicos tradicionales buscan constituirse legalmente como tales para acceder a mecanismos de protección y beneficios estatales.
“La consulta previa es, sin duda, una institución legítima; el problema radica en para qué se usa y con qué propósito. Su objetivo no puede ser el de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades en regiones donde la presencia del Estado es escasa”, precisó durante su intervención.
Por su parte, desde el Gobierno, Alejandro Burgos Espinosa, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), reconoció que existen casos de abuso y desnaturalización de este derecho fundamental. Como respuesta, anunció medidas orientadas a modernizar la entidad, mejorar el registro de las autoridades y comunidades, y establecer reglas más claras para la gestión de los procedimientos.
Las consecuencias de esta incertidumbre también se reflejan en la ejecución de obras de infraestructura. Tatyana Orozco de la Cruz, presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), sostuvo que el problema no radica en la existencia de los instrumentos de protección ambiental y social, sino en la falta de reglas claras y plazos definidos.
En la misma línea, para el sector energético, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, advirtió que la inestabilidad regulatoria afecta tanto los tiempos de ejecución como las condiciones de financiación de los proyectos. Según explicó, los retrasos pueden extenderse entre cuatro y cinco años, mientras que la incertidumbre lleva a los bancos a exigir mayores primas de riesgo para financiar iniciativas en el país.
Frente a estos desafíos, los participantes plantearon medidas concretas para avanzar durante los próximos 12 meses. Entre ellas se encuentran la creación de un tablero de control público con indicadores sobre los tiempos de respuesta y la gestión de la DANCP, el cumplimiento del plazo legal de 30 días hábiles para determinar la procedencia de las consultas, y la puesta en marcha de un proyecto piloto que permita evaluar de manera simultánea las consultas previas y las licencias ambientales.
Estas propuestas buscan mejorar la coordinación entre las entidades, dar mayor previsibilidad a los procedimientos y reducir las demoras que afectan la ejecución de los proyectos, pues el desafío consiste en lograr que la protección de los derechos de las comunidades y del medioambiente conviva con reglas claras y procesos oportunos, condiciones necesarias para fortalecer la seguridad jurídica y generar un entorno más favorable para la inversión en Colombia.
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