¿Puede una persona perder el derecho a la pensión de su pareja por haber decidido alejarse de un hogar en el que sufría violencia? Esta fue una de las cuestiones de fondo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse mediante la Sentencia SL728-2026, una decisión que pone sobre la mesa la necesidad de interpretar los derechos pensionales teniendo en cuenta las circunstancias que pueden estar detrás de una separación.
El caso analizado por la Corte expuso una realidad especialmente delicada: una mujer que puso fin a la convivencia con su esposo para proteger a su hija de los abusos sexuales que este cometía en el entorno familiar. Sin embargo, después de la muerte de su pareja, esa decisión de protección terminó convirtiéndose en un obstáculo para acceder a la sustitución pensional. La negativa se fundamentó, entre otros aspectos, en que ambos no compartían techo al momento del fallecimiento.
Al estudiar la situación, la Corte advirtió que las relaciones familiares no pueden evaluarse únicamente a partir de la convivencia física o de requisitos formales. Cuando una separación responde a la necesidad de proteger la vida y la integridad de alguno de sus integrantes, las circunstancias que la originaron deben tener un peso determinante en el análisis de los derechos reclamados.
Este criterio resulta especialmente importante porque evita que las víctimas de violencia intrafamiliar tengan que asumir una consecuencia económica por haber tomado la decisión de ponerse a salvo. En otras palabras, la protección frente al maltrato no puede interpretarse como una renuncia voluntaria a los derechos que pueden derivarse de una relación de pareja.
“Esta decisión nos recuerda que el derecho no puede convertirse en una barrera para quienes buscan proteger su vida y la de sus familias. No es razonable exigirle a una persona que permanezca en un entorno de violencia para conservar una garantía económica. La justicia debe reconocer las circunstancias reales que motivaron la separación y evitar que las víctimas terminen siendo doblemente afectadas: primero por la violencia y después por la pérdida de sus derechos”, señaló Faiber Jiménez abogado de familia del bufete INTEGRITY LEGAL
La providencia también llama la atención sobre la manera en que se valoran las pruebas en este tipo de procesos. Los testimonios de los hijos que presenciaron situaciones de violencia pueden ser determinantes para reconstruir lo ocurrido dentro del hogar y demostrar por qué fue necesario interrumpir la convivencia. Se trata de un aspecto fundamental para evitar que las víctimas enfrenten barreras probatorias que desconozcan las particularidades de estos escenarios.
Más allá de resolver una controversia pensional, este pronunciamiento plantea una reflexión sobre el papel de la justicia frente a las víctimas de violencia intrafamiliar: las decisiones que buscan preservar la integridad personal y familiar no deberían traducirse en la pérdida de garantías económicas.
Con la Sentencia SL728-2026, la Corte Suprema introduce un criterio relevante para el reconocimiento de la sustitución pensional en contextos de violencia y refuerza la importancia de que las entidades encargadas de estudiar estas solicitudes valoren cada caso atendiendo a su contexto, sin reducir la protección de los derechos a una exigencia de convivencia bajo cualquier circunstancia.
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