Por Carlos Alfonso Velásquez
Aunque no se conoce la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella y por ende los objetivos y metas a alcanzar, por varias informaciones públicas se intuye que buena parte del país está no solo inseguro sino en guerra. En poco más de un mes se han ejecutado tres bombardeos, (el método más letal que puede utilizar el Estado en un conflicto armado interno): al Eln en el Catatumbo, a las disidencias de a. Iván Mordisco y a las de a. Calarcá en el Guaviare. En estos fueron abatidos 35 integrantes – entre los cuales murieron 6 menores de edad- y hubo algunos capturados. De otra parte, con apoyo directo de organismos de inteligencia de los EE.UU. fueron liberados ocho secuestrados que estaban en poder del Eln, y en el sur de Bolívar se registró un combate en el que la Fuerza de Despliegue Rápido Nr.9 dio de baja a cinco integrantes de una facción también del Eln.
Lo cierto es que a juzgar por el entusiasmo y las narrativas comunicacionales efectistas con las que el presidente de la República ha venido informando detalladamente las bajas, capturas y golpes contra los delincuentes- sin hacer lo mismo sobre las víctimas civiles y las afectaciones a las tropas por las respuestas de las disidencias y demás bandas-, podríamos afirmar que pasamos de la “paz total” a la “guerra total” con una característica común: visión estratégica equivocada para avanzar en la solución del problema de la inseguridad y la violencia derivada. Veamos.
Esta violencia, ya no tiene la pretensión de tomarse el poder político, pero se disputa el control territorial en alianza con fuerzas políticas y económicas locales con el propósito de desarrollar jugosos negocios y suplantar al Estado en lo local, y además está vinculada al crimen trasnacional. Las organizaciones criminales han ampliado su control territorial, incorporado nuevas tecnologías, incluidos drones, y diversificado sus negocios más allá del narcotráfico hacia actividades como la minería ilegal y la trata de personas. Así las cosas, los grupos criminales que ejercen esta violencia deben ser combatidos con medios y métodos distintos a los que se han aplicado en el pasado remoto y reciente.
Dicho lo anterior, se ha escrito y dicho hasta el cansancio que, para combatir la inseguridad y la violencia en sus distintas expresiones, es requisito indispensable priorizar el aumento sensible del control territorial por parte del Estado. En el contexto colombiano, control territorial se refiere a la capacidad efectiva del Estado —y, en particular, de sus instituciones civiles, policiales y militares— para ejercer autoridad, garantizar la seguridad, hacer cumplir la ley y prestar servicios de manera sostenida en un territorio determinado. Que alcaldías, gobernaciones y demás entidades puedan funcionar y tomar decisiones sin estar sometidas a la presión de actores armados al margen de la ley. No significa simplemente “tener presencia” de soldados o policías. Un territorio puede tener una base militar o una estación de Policía y, aun así, existir un vacío de control territorial, si grupos armados organizados (GAOS) ejercen de facto y por temor de la población, autoridad sobre esta, entre otras razones, porque la gente confía poco en las autoridades estatales. En síntesis, a mayor control territorial más protección real de la población frente a secuestros, extorsiones, homicidios, desplazamientos, confinamientos y otras formas de violencia.
Ahora bien, decía al comienzo que no conocemos la política de seguridad del actual gobierno. Pero de la intervención del ministro de Defensa en el debate de control político realizado la semana anterior se deduce que la visión estratégica es equivocada.
En efecto si este ministerio tiene bajo su responsabilidad la articulación de la Fuerza Pública para implementar la estrategia de seguridad del gobierno, y si la prioridad debe ser incrementar el control territorial del Estado, ¿cómo entender que el ministro – tampoco el presidente- casi nunca hable de “capturar” sino solo de “dar de baja”? ¿esto aumenta la confianza de la gente en sus autoridades? ¿Cómo entender que con plena convicción haya dicho que “la mejor manera de arrebatar el control territorial que los ilegales se han tomado por la fuerza es atacarlos con contundencia”? ¿no será más efectivo reemplazar el temor a los ilegales por la confianza en unas autoridades que respetan sus derechos? Aún más, también dijo que “la mejor manera de proteger a los menores del reclutamiento forzado es atacar contundentemente a los criminales, para no dejarles libertad de acción, arrinconándolos en la selva”. En fin, ¿se logra mejor control territorial priorizando los bombardeos?
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