Las equivocadas y casi nulas políticas del gobierno nacional con relación a las empresas colombianas del sector textil y confección siguen amenazando de forma alarmante su recuperación y subsistencia. En plena pandemia derivada del COVID19 el entonces ministro de comercio, doctor José Manuel Restrepo animó al sector textil Y de confección para que volcaran sus fábricas a la producción de productos biomédicos, en especial la fabricación masiva de tapabocas, al considerarlos como un gran reactivador y oportunidad para el sector.
Para el gremio confeccionista, la que en ese momento parecía una invitación sensata, se convirtió en la peor de las pesadillas, al punto que hoy, varios han tenido que cerrar sus empresas y despedir a sus colaboradores. Poco tiempo después de la recomendación del ministro y viendo que gran parte de los empresarios volcaron integralmente sus fábricas, personal y presupuesto a la producción de estos elementos, de forma sorpresiva e inentendible, el gobierno nacional desmontó los aranceles y exoneró del pago del impuesto de IVA la importación masiva de tapabocas terminados.
Empresas como COLTEJER, documentado por varios medios de comunicación, entre muchas otras de renombre, vieron cómo sus ventas se desplomaron vertiginosamente al punto que muchas de estas terminaron en la quiebra.
“Las noticias son alarmantes para los empresarios y microempresarios del sector textil y de la confección. Hoy el DANE en su informe, reafirma esta preocupación, registrando unas cifras de pérdida de empleo nunca antes vista, lo cual, como gremio golpeado, nos deja prácticamente en cuidados intensivos”, afirmó Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.
Por mencionar uno de los muchos casos, el informe de la entidad referencia en Ibagué casos alarmantes de pérdida de empleo entre los confeccionistas, replicando la situación en todas las ciudades de Colombia. Hoy, las empresas del sector textil y de la confección, “en cuidados intensivos”, víctimas de esas políticas equivocadas y promesas incumplidas, ven con la mayor preocupación, casi a manera de estocada final, la intención de una nueva reforma tributaria que propone aumentar el impuesto a la renta al 35% sin tener en cuenta la progresividad de las empresas; ubicando en igualdad de condiciones a las pymes (pequeñas y medianas empresas), con el resto de las grandes empresas del país.
El sector textil y de la confección, que está conformado en un 90% por pymes, le ha venido insistiendo al gobierno con llamados de urgencia sobre la necesidad de la implementación de las siguientes medidas para que los generadores de más de 1’650.000 puestos de trabajo, puedan retomar su recuperación:
1. Implementación de los máximos aranceles permitidos por la OMC a la importación de prendas de vestir.
2. Disminución del arancel a la importación de hilos pasando del 10% al 5%, con el fin que los confeccionistas puedan acceder a insumos.
3. Implementación de las descripciones mínimas de los insumos de las prendas.
4. Umbrales aduaneros.
5. Impuesto de renta progresivo en el cual no se mida con la misma vara a las mipymes con respecto a las grandes empresas.
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