Por Hernán Alejandro Olano García
La Directiva 0003 del 7 de febrero de 2022, emitida por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, establece los criterios para definir la competencia en la investigación penal de los funcionarios aforados en Colombia, es decir Presidente, Procurador, Fiscal, Magistrados de las Altas Cortes.
Este documento busca unificar criterios en concordancia con los principios de unidad de gestión y jerarquía, garantizando la autonomía e independencia en la labor investigativa.
Como se sabe, el fuero penal especial es una garantía jurídica que protege la dignidad, independencia y autonomía de ciertos altos funcionarios del Estado. Esta prerrogativa no es un privilegio personal, sino una salvaguarda institucional que busca evitar injerencias indebidas en la labor pública y garantizar un juzgamiento en instancias de alta jerarquía.
El fuero penal se fundamenta en la Constitución y otras normas, asegurando que ciertos funcionarios sean investigados y juzgados por autoridades específicas, dependiendo de su nivel de responsabilidad y funciones.
La Directiva 0003 establece una clasificación clara sobre la competencia investigativa en función del tipo de aforado:
- Investigación por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
- Se aplica a altos dignatarios como el presidente de la República, magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación.
- En caso de una acusación, el Senado de la República es el órgano encargado de decidir el juzgamiento.
- Investigación por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
- Aplica a congresistas, quienes son investigados por esta sala y juzgados por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma corte.
- Investigación por la fiscalía general de la Nación
- Corresponde al vicepresidente, ministros, procuradores, contralor, gobernadores, embajadores y otros altos funcionarios.
- En estos casos, la investigación la adelantan el fiscal general, el Vicefiscal o los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los aspectos más relevantes de la Directiva 0003 es la precisión sobre el cambio en el sistema procesal aplicable. Se establece que, en términos generales, las investigaciones de aforados se rigen por la Ley 600 de 2000. Sin embargo, si un aforado pierde su calidad (por renuncia, destitución u otra causa), el proceso puede trasladarse al sistema de la Ley 906 de 2004, sin que ello implique la nulidad de lo actuado previamente.
Además, se aclara que cuando un ciudadano adquiere la calidad de aforado durante una investigación, se debe remitir el proceso a la autoridad competente, garantizando el respeto al fuero penal. Asimismo, si la conducta investigada está relacionada con las funciones del cargo, el fuero puede mantenerse incluso después de que el funcionario haya cesado en sus funciones.
Así, entonces, la Directiva 0003 de 2022 refuerza la claridad y coherencia en la aplicación del fuero penal especial en Colombia. Al establecer lineamientos concretos sobre la competencia investigativa y procesal, se busca garantizar la correcta administración de justicia, la autonomía institucional y la seguridad jurídica para los funcionarios públicos. Esta normativa fortalece el Estado de derecho, asegurando que los altos funcionarios sean investigados y juzgados con transparencia y en instancias adecuadas.
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