Por Carlos Alfonso Velásquez

Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia suscitando en la opinión tres grandes expectativas: recuperar la seguridad, rescatar el sistema de salud y poner orden en las finanzas públicas. Y aunque los primeros cien días son muy poco para evaluar un gobierno, sí permiten observar sus prioridades.

Es claro que el presidente le está apostando a exhibirse en la seguridad. Las ruedas de prensa con cadáveres en bolsas blancas, la radio en mano con la que se comunica con mandos de la Fuerza Pública, la pistola al cinto y el uso del uniforme de Fuerzas Especiales del Ejército estampando además su firma en una bomba, son la puesta en escena del punto más importante de la agenda de gobierno, luego de insistir en la mano blanda del gobierno anterior con el narcotráfico y el “terrorismo”.

Pero pese a las expectativas suscitadas, hasta ahora los resultados son más bien modestos. Las cifras contrastan entre la presentación publicitaria de los resultados operacionales y la ausencia de estrategia de seguridad, contención o atención humanitaria de la emergencia en las regiones que hoy viven las consecuencias de una tendencia al incremento de acciones terroristas y atentados a la fuerza pública por parte de grupos armados ilegales. 

Dicho lo anterior hay que reconocer algunos resultados favorables: la Revista Cambio – basada en cifras del Ministerio de Defensa- comparó los períodos del 7 de agosto al 5 de noviembre de los años 2022 y 2026 informando lo siguiente. La incautación de cocaína aumentó 34 %. Los integrantes de estructuras armadas muertos en operaciones pasaron de 28 a 127. Las capturas contra el ELN aumentaron de 99 a 238. Los desplazamientos bajaron de 23.065 a 10.622 personas. Sin embargo, también hay cifras desfavorables: los homicidios relacionados con grupos armados pasaron de 124 a 515. El reclutamiento de menores pasó de 52 a 131. Los casos de terrorismo aumentaron de 84 a 339. Los uniformados asesinados y heridos pasaron de 148 a 232. Es más, los hechos de inseguridad de este noviembre oscurecen el balance notándose un incremento en los ataques con drones. El mes comenzó con un carrobomba de las disidencias de las Farc en Planadas (Tolima) que dejó a cuatro civiles muertos incluyendo un bebé. El domingo 8 en la madrugada fue atacado con drones el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, dejando tres soldados asesinados y más de una decena de heridos. Y el jueves pasado cayeron asesinados cuatro militares tras un ataque con un “enjambre de drones” cargados con explosivos en Tibú.

Lo cierto es que la seguridad no se mide principalmente por las bajas, las capturas o las toneladas de droga incautadas. También debe medirse por la tranquilidad de las comunidades y el control territorial para impedir que los criminales sometan a la población. De la Espriella todavía tiene que demostrar que la contundencia operacional (por ejemplo, con bombardeos), se traduce en control territorial para lograr una seguridad sostenible.

Ahora bien, en salud el resultado hasta ahora es preocupante. El presidente prometió destinar 10 billones de pesos durante los primeros 90 días para estabilizar el sistema, pagar deudas y garantizar medicamentos y tratamientos. Sin embargo, los primeros recursos identificados para el plan de choque fueron de sólo 500.000 millones. Aquí hay que considerar el terremoto del 10 de agosto pues la emergencia exigió recursos extraordinarios para atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas. Pero una cosa es la reconstrucción, que corresponde al Estado, y otra los mecanismos de solidaridad privada, como el Fondo Milagro, que deben contar con reglas claras y transparencia lo cual aún está por verificarse. La emergencia no puede convertirse en una explicación para todos los compromisos pendientes.

En lo que a las finanzas estatales se refiere hay incoherencias entre el candidato y el presidente. Durante la campaña aseguró que los colombianos no tendrían que sacar más dinero de sus bolsillos para pagar el desastre fiscal heredado. Sin embargo, su Gobierno presentó la denominada Ley de Rescate Económico cuyo contenido incluye medidas tributarias que incrementarían las cargas de empresas y ciudadanos. El proyecto todavía debe debatirse en el Congreso, pero su presentación representa un giro frente a una de las principales promesas electorales. El problema no está en reconocer que Colombia necesita un ajuste fiscal. El problema es haber prometido que no se trasladaría esa factura a los ciudadanos sin explicar suficientemente cómo se financiaría esa alternativa.

Estos primeros cien días no bastan para valorar un gobierno de cuatro años, pero sí permiten evaluar promesas que tenían plazos concretos. En seguridad hay avances operacionales y desafíos persistentes; en salud, un compromiso financiero que no se ha materializado como se anunció; y en las finanzas del Estado una propuesta tributaria que contradice una expectativa central de campaña.

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