Las altas tasas de interés, la dificultad de acceso a subsidios y los elevados precios de insumos para la construcción provenientes del exterior, han ocasionado múltiples desistimientos en proyectos de vivienda e hicieron que constructoras abrieran 458 procesos de reorganización y liquidación correspondientes al año 2022, según el “atlas de insolvencia” de la Superintendencia de Sociedades.
Las familias que temen perder su inversión en vivienda pidieron al gobierno un plan de salvamento del sector para financiar a las constructoras y no dejarlas quebrar.
Esos 458 procesos del macro sector de la construcción representan el 5 por ciento del PIB del sector; 60 han sido de insolvencia iniciados entre 2021 a 2022 por constructoras o sociedades afines.
Para el año 2021 hubo 48 procesos de reorganización y liquidación en las empresas constructoras del país, es decir que a comienzos de 2.022 se incrementó en un 20 por ciento.
“El panorama del sector de la construcción es desalentador, se deben encontrar alternativas jurídicas para evitar una tragedia social pues muchas familias con el esfuerzo de años ahorran recursos para pagar la cuota inicial de sus viviendas. Si el desarrollo inmobiliario se adelanta con la intervención de una sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia supone una garantía de salvaguarda de los recursos que entreguen los futuros compradores, y en teoría blinda sus recursos de procesos de insolvencia que inicien los constructores”, dijo Omar Eduardo Suárez Gómez, de la firma Suárez y Gómez Abogados.
Agregó que más del 80 por ciento de los proyectos inmobiliarios administraban recursos a través de contratos de fiducia mercantil inmobiliaria de administración y pagos, lo que representa retos tanto operativos como jurídicos para los abogados y la Superintendencia de Sociedades.
“No obstante la vigilancia hay muchos proyectos que no logran llegar a buen puerto y se quedan sin entregar las viviendas resultantes a sus compradores, como coloquialmente se denomina en el sector “proyectos siniestrados”, agregó Angélica Gómez Escalante, presidente de PIEN SAS Estructuradores Fiduciarios, experta en procesos de Insolvencia de Patrimonios Autónomos.
Dijo además que la Superintendencia de Sociedades busca garantizar la igualdad “par conditio creditorum”, es decir un trato equitativo a todos los acreedores y encontrar alternativas para evitar una tragedia social.
La lista de perjudicados, según los abogados consultados son los créditos hipotecarios sobre los lotes que conforman los patrimonios autónomos aún sin pagar, los proveedores con acreencias pendientes de pago y vendedores de los lotes o aportantes de tierra sin el pago esperado como contraprestación del aporte inmueble.
Un Reto Urgente
Ante esta situación la Superintendencia de Sociedades se enfrenta a un importante desafío con la insolvencia de fideicomisos inmobiliarios y constructoras en Colombia debido a que hay normas que se contradicen entre sí lo cual genera incertidumbre a todos los actores del sector.
“Estamos pidiendo un salvavidas al Gobierno y a los bancos para reactivar el sector de la Construcción a fin de que tanto los ahorradores y futuros compradores de vivienda queden blindados y las constructoras no se vayan a la quiebra”, puntualizó Suárez Gómez.
Agregó que la Ley 1116 de 2006 busca conservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, al reestructurarlas en sus operaciones y administración de activos o pasivos; y ordena que “la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación”.
Esa misma ley consagra el principio de igualdad, y da “tratamiento equitativo a todos los acreedores del proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias”.
Explicó que otro principio de la misma ley es el de negociabilidad que respalda entre los interesados “la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del deudor”, siempre será más adecuado en el escenario actual; indicó Angélica Gómez.
“Es muy importante que el gobierno dinamice el giro de los subsidios de Mi casa Ya, y que los bancos restablezcan las aprobaciones de créditos hipotecarios que unan esfuerzos en procura del mantenimiento del sector”, concluyó Gómez Estrada.
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