• Claman por sus dineros tras más de diez años de espera de una rentabilidad que no llega.
• Anuncian pleitos judiciales y búsquedas policiacas internacionales para dar con los responsables.
• Venerando Lamelas el español que pasó de estar investigado por estafa en España a dirigir el Proyecto BD Bacatá en Colombia, declararse ilíquido e irse a montar un gigantesco viñedo en Argentina. “Aquí nadie hizo nada para deternerlo”: inversionista afectado.
• “Acción Fiduciaria y su Presidente Pablo Trujillo autorizaron desembolsos para que esta gente se llevara esa plata y una de sus obligaciones es administrar los dineros para que no pase esto”: inversionista de área comercial afectado César Zuluaga.
Por Rafael Camargo
Más de 6.000 inversionistas que depositaron sus ahorros o sus pensiones, cerca de medio billón de pesos, en el complejo inmobiliario más alto de Colombia, el BD Bacatá, de 57 y 67 pisos de altura, llevan más de una década sin recibir retorno de su inversión y se encuentran en vilo a la espera de que Alejandro Revollo Rueda, el liquidador nombrado por la Superintendencia de Sociedades, decida si los declara acreedores o no.
Esa decisión partirá su historia en dos pues podrían pasar de ser propietarios a víctimas y se sentaría un precedente en el ámbito jurídico financiero colombiano ya que o se reconoce a los inversionistas como aportantes, en contra de varios conceptos de la Superintendencia Financiera, o como acreedores de BD Promotores, caso en el cual engrosarán la lista de proveedores damnificados con lo que para algunos juristas podría ser un desfalco, autorizado o consentido por Acción Fiduciaria.
Por eso manifestaron su rechazo el hecho de que la torre sur podría irse a remate, el peor de los escenarios para los inversionistas que no alcanzarían a recuperar ni el 20 por ciento de lo que depositaron pues la ley establece que se debe pagar primero a los trabajadores, segundo a la Dian e impuestos, tercero a las hipotecas, cuarto a los proveedores y quinto a los acreedores e inversionistas.
Así, lo que era una de las obras arquitectónicas colosales del país y de Suramérica, una promesa de inversion única, sería un elefante blanco para rematar a cualquier precio y se convertiría en un desafío jurídico según anunciaron inversionistas y acreedores afectados que unidos buscarán restablecer sus derechos, determinar responsabilidades y recuperar su dinero.
Es quizás por eso que el liquidador Revollo Rueda no la tiene fácil y se ha tomado varios meses para anunciar su decisión que puede ser: una, que diga a los dueños de los fideicomisos que no son acreedores si no aportantes, en contradicción con la Superintendencia Financiera de Colombia generando un nuevo choque de trenes. En esta posibilidad el liquidador reconocería que sus hoteles y sus áreas comerciales les pertenecen con autonomía sobre sus activos. “Sería la opción más conveniente para nosotros”, indicó uno de los afectados.
La opción dos, que es la más factible, es que Revollo diga: ustedes son acreedores, tráiganme sus activos (hoteles, zonas comerciales), los voy a meter en la bolsa para rematarlos y pagarles así los más de 132.000 millones de pesos que se deben y les devuelvo una pequeña porción de su plata.
Así lo manifestó con preocupación un grupo de inversionistas de los fidis de las áreas comercial y de hoteles, ubicados en la torre sur, la más alta, “la joya de la corona”.
Acción Fiduciaria se niega a entregarles los espacios a pesar de que ya se encuentran en uso desde abril de 2.017, con locales arrendados. El argumento es que BD Promotores no les ha entregado la torre sur terminada; pero “¿dónde está la plata que se recauda de esa explotación económica, parece que el único interesado en mantener ese estatus quo es Acción Fiduciaria, la cual sigue cobrando sus comisiones por cada movida que se da en cualquier dirección”, indicó Javier Eduardo Rosero, inversionista de comercio.
Y eso no sucederá antes de tres años pues según un concepto de ingeniería externa que solicitó una de las inversionistas de hoteles, Johana Rozo, se requeriría de un ejército de obreros trabajando de noche y de día por tres años para terminar la obra.
Los afectados, asesorados por expertos abogados, consideran que en este instante tienen dos salidas: 1. Perder el 80 por ciento de su inversión si es que aún se puede recuperar algo. 2. Pedir la intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia para que proteja sus ahorros; este caso, puede resultar aún más grave que el de Interbolsa y Elite “el edificio no se sabe, a ciencia cierta si puede terminar afectado por las obras inconclusas y los ríos que corren bajo los sótanos”, indicó la líder de una asociación de víctimas del BD Bacatá.
Fuentes cercanas al liquidador aseguran que este podría acogerse a un par de artículos que contempla la ley porque no tiene plata por fuera de los fideicomisos y en los fideicomisos tiene el hotel que está terminado en un 85 por ciento; claro está sin dotación (Aunque fuentes al interior de la fiduciaria sostienen que el operador puso en la Fiduciaria la plata para el efecto, ¿dónde estará?), y los locales comerciales.
“Aquí llegó el español Venerando Lamelas a hacer lo que quiso y nadie lo frenó ni la Superintendencia Financiera, ni la de Sociedades, ni Acción Fiduciaria, ni Pablo Trujillo su presidente. Más de seis mil inversionistas depositamos mucho más dinero del que costaba el Proyecto y resultó que no alcanzó ni para terminarlo”, indicó Javier Eduardo Rosero propietario de dos fidis comerciales de 55 millones cada uno en los años 2.011 y 2013 quien sólo ha recibido $300.000 de rentabilidad.
Los afectados crearon cuatro grupos según los usos de las torres (hoteles, comercio, vivienda, oficinas y parqueaderos), cuentan con diversos bufetes de abogados para enfrentar la decisión que tome el liquidador en caso de serles desfavorable y reclamar a entidades de control y a Acción Fiduciaria por los niveles de responsabilidad que les corresponda.
“Vamos a pedir una auditoría forense internacional con el apoyo de entidades policiacas transnacionales e ir a todas las instancias necesarias para seguir la huella del dinero porque las sumas no nos dan”, aseguró otra propietaria.
¿Por qué se quebró Bd Bacatá?
El éxito en ventas sin precedentes en Colombia de fidis, Figura Internacional de Derecho Fiduciario Inmobiliario, con autorización de la Superintendencia Financiera fueron comercializados públicamente, el primer macroproyecto al alcance de los ahorradores y pensionados que a través de cocteles y una agresiva campaña publicitaria, alcanzó su punto de equilibrio, sin necesidad de crédito constructor. Pero ¿por qué quebró?
El presidente de Acción Fiduciaria, Pablo Trujillo Tealdo, señalado por múltiples inversionistas de corresponsable de esta situación, reconoció que “BD Promotores tenía otros negocios, y en esos otros negocios perdió dinero y no tuvo la capacidad de sostener la liquidez que necesitaba para este Proyecto”.
Esa declaración es delicada viniendo del presidente de la entidad financiera en la cual los inversionistas depositaron su confianza y dinero, ya que los negocios fiduciarios se basan en “confianza”, un tercero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia que administra el proyecto inmobiliario, según reza la circular básica jurídica, y su función es mínimo garantizar que se paguen los costos directos de obra del Proyecto; para lo cual existe la famosa figura de Fiducia Inmobiliaria.
Por eso quienes se declaran perjudicados se mostraron sorprendidos de que existan pasivos de Bd Bacatá por más de 132 mil millones de pesos, directamente relacionados con el proyecto, donde aparece otra víctima, la constructora Prabyc, a la que le deben más de 20 mil millones de pesos y otros proveedores que confiaron en Acción Fiduciaria y que hoy también están incursos en procesos de insolvencia.
Hasta al perro y al gato
Y es que, Venerando Lamelas Fernández, cabeza de BD promotores Colombia S.A.S., en liquidación judicial, quedó debiendo hasta a los proveedores de alimentos del Hotel Augusta.
Carlos Parra, directivo de Etrining, contratista de toda la infraestructura del servicio de telecomunicaciones de circuitos cerrados de televisión, firmó contrato de 10 mil millones de pesos para abastecer las dos torres de una sofisticada tecnología, pero entre los años 2.016 y 2.017 mercancía por valor de 3.000 millones de pesos equipos para la torre sur quedaron atrapados en el aeropuerto Eldorado. Su empresa también se debió acoger a la ley 1116 y el gobierno le dio un plazo de diez años para pagar sus deudas.
“Acción Fiduciaria no hizo una buena gestión para administrar la plata que se suponía velaba por el dinero para nosotros como proveedores y de los inversionistas. Esa plata está desaparecida. El perjuicio es mucho porque igual a ese edificio no hay en Colombia que puedan utilizar esa tecnología para controlar los sistemas de circuito cerrado de tv, son demasiado grandes y complejos. El costo de impuestos y bodegajes es muy elevado”.
En el anexo de la resolución que declara la liquidación de BD Bacatá se revela que a la Dian y la Secretaría de hacienda de Bogotá adeudan más de 3 mil millones de pesos, a Bancóldex supera los 10 mil millones de pesos y a Davivienda 2.238 millones de pesos.
Al prestigioso arquitecto Alonso Balaguer le deben 243 millones de pesos, al proveedor de plantas eléctricas Antonio Spath y compañía le debe 1.673 millones de pesos; Arista de Colombia empresa de diseño especializado le deben más de 291 millones de pesos; a la ferretería Assa Abloy le deben 322 millones de pesos.
Acción Fiduciria ha dicho a los inversionistas que no tiene ninguna obligación legal ni en la operación ni en los resultados del negocio; que lo único que hizo fue recaudar la plata y entregársela al español, hoy ilocalizable.
Y como la cereza sobre el pastel el interventor Alejandro Gartner respondió al teléfono que “estoy en Nueva York hace rato alejado de ese tema”; pero lo extraño es que su socio, Guillermo Trujillo, primo hermano de Pablo Trujillo, era quien junto a este autorizaban los giros al español.
¿Y la Superfinanciera qué?
Los afectados preguntan por la responsabilidad que le cabe a la Superintendencia Financiera que autorizó los contratos sin mayores exigencias con relación a la captación masiva de recursos del público y la negativa de determinar que los famosos fidis son un valor. “Reconocerlos como tal habría hecho que la venta de estos se hiciera por canales idóneos de comercialización, profesionales, comisionistas de bolsa, con registro y exámenes del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, no de modelos o vendedores de cuentos y leyendas”, indicó uno de los abogados expertos en fiducia.
César Zuluaga compró dos fidis cada uno a 35 millones de pesos. “Nos mostraron todas las bondades. No explicaron en qué consiste un fidi. Tarde nos dimos cuenta que no compramos ni un ladrillo y yo fui el que convencí a mi esposa en una feria del hogar en un stand muy grande; todo el mundo hablaba de eso, que el edificio más grande de Colombia iba a recuperar el centro de Bogotá”.
“Las cosas no iban bien. Eso empezó de para atrás hasta que se paró. Siento que Acción Fiduciaria tiene gran responsabilidad porque autorizó desembolsos. Es un tema como de captación ilegal. Se llevaron toda la plata y no les pagaron a los proveedores, no se terminó el edificio. La Fiduciaria autorizó desembolsos para que esta gente se llevara esa plata y una de sus obligaciones es administrar los dineros para que no pase esto”, dijo Zuluaga.
Agregó que “girábamos directamente era a Acción Fiduciaria que un día dijo “se acabó la plata”; claro porque ya se la habían sacado para otro lado. Hubo mucha gente que invirtió todos sus ahorros ahí y sus pensiones y lastimosamente se perdió. Para recuperar esos 65 millones tardaríamos 60 años”.
El caso de otra víctima ilustra el tamaño de esta crisis porque compró un fidi en comercio y otro en hoteles de 55 millones de pesos cada uno a 40 cuotas, “fueron fidis que llegaron a costar 110 millones de pesos y ahora no nos dan ni 20 millones de pesos”.
“Muchos nos sentimos engañados y nadie, ni el Gobierno, ni la fiduciaria nos resuelven nada”, agregó Johana Rozo que compró un fidi cuando su bebé nació para costearle sus estudios. Hoy su hijo tiene 11 años y no ha recibido ni un peso.
Delitos Transnacionales Impunes
Lamelas Fernández llegó a Colombia hacia 2.008 mientras era investigado por las autoridades españolas (https://agenciapi.co/investigacion/empresas/el-desplome-financiero-de-seis-mil-inversionistas-por-el-edificio-mas-alto-de-colombia); en Colombia dejó la obra sin terminar, deudas por salarios y seguridad social a empleados, a un centenar de proveedores, se declara insolvente entre los años 2.016 y 2.017. (https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/SuperSociedades-admite-al-proceso-de-reorganizacion-a-BD-Promotores-Colombia.aspx).
A los pocos días inaugura el Proyecto de un mega viñedo en Argentina al lado de autoridades del Gobierno en Mendoza (https://www.ojoprivado.com/bdbacatavenerandolamelasbdpromotore).
Más de 300 trabajadores dolidos por la falta de pagos acudieron a múltiples instancias, incluso al Concejo de Bogotá y a la sede de BD Promotores, el antiguo y colonial hotel en La Candelaria, Augusta, y Lamelas lo vendió quedándose sin la fuente de pago de nóminas y seguridad social. Esto precipitó la siguiente decisión de la Superintendencia de Sociedades, la liquidación. En el 2.021 el Gobierno inició la liquidación (https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2021/Termina-proceso-de-reorganizacion-de-la-sociedad-BD-Promotores-Colombia-S-A-S-e-inicia-proceso-de-Liquidacion-Judicial.aspx y Lamelas habría salido del país pues no se ha podido localizar.
“Debe pasar algo con un tipo de personajes como este que va por el mundo estafando a diestra y siniestra de país en país. Deberíamos unirnos varios países para que le emitan una circular de la Interpol y no siga engañando incautos por todas partes”, agregó Johana Rozo, inversionista de hoteles.
“Esa plata se perdió. No puedo creer que no genere ingresos. ¿Qué hacen con la plata que recogen de los arriendos del comercio? No se sabe, dicen que en gastos de administración y que siguen en construcción, que el complejo no se dividió por usos, no podemos realizar asamblea de la torre sur”, concluyó Javier Eduardo Rosero.
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